El TLCAN y el ALCA no son expresiones de simples acuerdos aduanales y de flexibilización jurídica para la búsqueda de un ingenuo libre comercio, ni el PPP ni el IIRSA son sólo ejes de integración propuestos para México, América Central y América del Sur, ni mucho menos el Plan Colombia se agota en asesorías técnico-militares y financiamientos antinarcóticos, o en acciones contra la subversión colombiana. Todo lo contrario son cinco piezas engranadas dinamizadoras de una misma realidad impuesta por la óptica imperial para la dominación y el saqueo de los pueblos americanos. Esta compleja realidad es la integración para y desde los Estados Unidos, es la nueva organización de su Patio Trasero en tiempos de la globalización. Por esta razón el Gobierno de los Estados Unidos propone que los ordenamientos jurídicos de cada uno de los 34 países comiencen desde ya a adaptarse a “las obligaciones del acuerdo del ALCA”1. De esta manera se entronizará definitivamente en América “el orden jurídico internacional liberal”2.
Es en esta realidad compleja desde donde se comienza a pensar la política y la cotidianidad del país y América toda, y no simplemente la angustia de que si Chávez se queda o se va, o si la explotación de más carbón o la devolución de Carbones del Zulia, S.A. (CARBOZULIA) a la Corporación para el Desarrollo de la Región Zuliana (CORPOZULIA) asegurará algún dinero extra para repartir a los zulianos, o si el gas de la Plataforma Deltana transportado desde un enorme gasducto hacia los Estados Unidos servirá también para el consumo de los hogares zulianos.
Es más, el problema no es solamente si la Plataforma Deltana se la regaló o no el Ministerio de Energía y Minas a las corporaciones multinacionales, el problema está en que éstas corporaciones y los Estados Unidos, se proponen a través del ALCA o el TLCAN el control de todos nuestros hidrocarburos (más allá de los artículos 153 y 303 de la Constitución del año 1999), es decir la pérdida definitiva de la soberanía nacional sobre cualquiera de nuestros recursos naturales energéticos, mineros, agua, bosques, suelos, ríos, entre otros. Recursos estos en verdad donde se encuentran las asediantes miradas controladoras de las corporaciones multinacionales, que dicho sea de paso, son nuestras únicas riquezas que tienen valor estratégico para el gran capital en este nuevo contexto mundial.
Para los Estados imperiales, muy en especial para los Estados Unidos, las realidades sociales no se asumen en forma aislada, no es que lo económico va por un lado y lo militar o político por otro, al contrario, se compaginan en acciones complejas; por ejemplo, cuando empresarios estadounidenses se proponen invertir en un país determinado de Europa, África o América, no van sólo con una mera propuesta de inversión económica, como suele hacer cualquier inversionista de un Estado no imperial como Venezuela, ellos llevan todo una visión estratégica hegemónica de Estado, en donde está presente también lo militar, y si es un país de América por supuesto la intervención del Comando Sur de los Estados Unidos, como es el caso de la empresa Minera MAICCA, C.A., conformada por capitales norteamericanos de la empresa TransMar Coal y japoneses de la empresa Tomen, que el 23 de mayo de 1996 en el despacho del Ministerio de Relaciones Exteriores le proponen a los representantes del Gobierno del Presidente Rafael Caldera y de CORPOZULIA a través de un documento escrito explotar carbón en el piedemonte de la Sierra de Perijá (en tierras de los indígenas Barí) y la construcción de una infraestructura vial sobre Río de Oro para sacar también carbón por Venezuela desde minas a explotar del lado colombiano y, aseguran, en dicha reunión su firme compromiso y disposición de construir dos bases militares y financiar su personal del Ejército y de la Guardia Nacional para frenar así el avance de la subversión y el hampa común en la zona fronteriza de los ríos Aricuaizá y Oro3.
La Embajada de los Estados Unidos en Venezuela a través de su embajador señor Jeffrey Davidow presiona al Ministro de la Defensa, para aquel entonces el General de División (Ej) Moisés Orozco Graterol, para que agilice los permisos pertinentes para poder ocupar la empresa Minera MAICCA, C.A. los territorios solicitados en el piedemonte de la Sierra de Perijá, el Ministro Orozco Graterol le promete a los cuatro días, a través del Oficio No. DS-3289 de fecha 30 de abril de 1996, la entrega del permiso, una copia de este documento oficial es remitida por el señor embajador a la empresa carbonera el día 4 de mayo de 1996. Dos años después, el 12 de febrero de 1999 el entonces Embajador de los Estados Unidos en Venezuela, señor John F. Maisto aparece en un artículo de prensa del diario El Mundo, página 7, con un ejecutivo de la empresa Transportes Coal-Sea de Venezuela, C.A. (TCSV), que tiene arrendado el puerto carbonero de CORPOZULIA, a orillas del Lago de Maracaibo, cuyos accionistas son los mismos de las empresas carboneras Minera MAICCA, C.A. y COSILA, de capitales australianos, entregando un cheque de 275.000 dólares americanos donado por la Agencia de Estados Unidos para el Comercio y el Desarrollo (TDA), para la construcción de una vía ferroviaria mina-puerto denomina por el embajador Maisto “Línea Ferroviaria Occidental”, hoy “Red Ferroviaria Occidental” por el Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE) en el Plan Ferroviario Nacional.
Esta misma empresa durante los años 97-98 ejerció una feroz presión, (como hoy lo vienen haciendo al interior del nuevo Gobierno), hacia los ministros de Energía y Minas, Ambiente y Defensa, así como hacia el General Ovidio Jesús Poggioli, Jefe del Teatro de Operaciones No. 2, para aquel entonces, para que les dotara de radios de comunicación con el Ejército y le permitiera ser acompañados de varios soldados para poder accesar al interior de la Sierra de Perijá por el temor de ser rechazados nuevamente por los indígenas. El 16 de diciembre de 1998 con vigilantes privados de la policía empresarial Servicio Autónomo de Vigilancia Empresarial del Estado Zulia (SAVEZ), perteneciente a la estructura policial de la Gobernación del estado Zulia, ejecutas acciones violentas contra un grupo de mujeres, niños y hombres de la etnia indígena Barí cuando estos hicieron acto de presencia en la base minera de la empresa MAICCA ubicada en instalaciones de la hacienda Santa Inés solicitándoles desocupar la zona y manifestando su firme disposición de no permitir su acceso a su territorio4. Esta posición de los indígenas es la misma actitud ante los proyectos mineros de CORPOZULIA, Tukuko-Aricuaizá y Río de Oro, que cubren una superficie de 125.956,80 hectáreas del piedemonte de la Sierra de Perijá.
Hoy de nuevo gestionan, acompañados de otros accionistas extranjeros y personeros de CORPOZULIA/CARBOZULIA, al interior de las mismas instancias ministeriales, permisos para accesar al territorio indígena y conspiran, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas y otros factores de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de Pueblos y Comunidades Indígenas, contra la posibilidad de que estas tierras y otras solicitadas por los Wayúu en Cachirí y Socuy entren dentro de los lotes de tierras a otorgar por el Estado venezolano en cumplimiento a la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas (enero 2001), la Constitución de la República Bolivariana Venezuela (diciembre 1999) y de convenios internacionales de rango constitucional.
El ALCA y El TLCAN son la misma cara de la moneda
El modelo de desarrollo que trata de negociar los Estados Unidos y las corporaciones multinacionales desde el ALCA, llámese borradores de acuerdos del 3 de julio de 2001, del 1 de noviembre de 2002 o del 21 de noviembre 2003, no sólo busca en nuestros países que “las trabas en el comercio y en la inversión serán eliminadas progresivamente”5. Busca sobre todo imponerles a los pueblos a través de acuerdos firmados con su Gobierno de turno un modelo exógeno de desarrollo en donde los únicos beneficiados serán las grandes corporaciones multinacionales que gobiernan a su antojo los capitales y el comercio en el mundo.
Para el intelectual estadounidense James Petras los mercados mundiales no son competitivos, pues en gran medida están formados por los monopolios de los Estados Unidos y Europa que los dominan, a través de las principales 238 compañías y bancos de los EE.UU y las 153 de la Unión Europea. Las materias primas que saquean (80% de las principales compañías de petróleo y gas son propiedades estadounidenses o europeas); 5 de los 10 principales bancos son estadounidense, 6 de las 10 principales compañías farmacéuticas y/o biotecnologías, 4 de las 10 principales compañías de telecomunicación, 7 de las principales compañías de tecnología de la información, 4 de las principales compañías de petróleo y gas, 9 de las 10 principales compañías de software, 4 de las 10 principales compañías de seguros y 9 de las 10 principales compañías de comercio minoritario; de las 10 principales compañías del mundo 90% son propiedad estadounidense; de las principales 25, 72% son propiedad estadounidense, de las principales 50, 70% son propiedad estadounidenses y de las principales 100, 57% son propiedad estadounidense; África y América latina están ausentes de la lista y los llamados tigres asiáticos tienen 3 compañías entre las principales 500, menos del 1%. Esta realidad es lo que “define la naturaleza imperial de la economía mundial”6.
El modelo propuesto por el ALCA tiene a finales de los años 80 sus antecedentes en los llamados "Ajustes Estructurales" que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional le impusieron a los países llamados en desarrollo para la apertura de sus mercados, bajo los lineamientos de los intereses de los Estados Unidos y corporaciones transnacionales, posteriormente la presión pasó al terreno del GATT (Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles), convertido ahora en la Organización Mundial del Comercio (OMC), luego se traslada a las negociaciones regionales del TLCAN (Estados Unidos, Canadá, México (TLCAN) y Chile, y en negociación Colombia, Ecuador y Perú, así como los países de América Central) y ahora al ALCA.
Estados Unidos acosa a los gobiernos de cada país y lo que no puede obtener en las negociaciones del ALCA lo quiere ganar en la OMC; y lo que no puede sacar de ninguno de los dos lo busca con una negociación regional o bilateral, o a través de inteligentes financiamientos o asesoramientos a ejecutivos ministeriales, a diplomáticos, académicos, militares, ejecutivos de la empresa privada y la banca y representantes de instituciones financieras multilaterales.
Bajo este contexto, podemos entender las afirmaciones emitidas por el actual Secretario General de la Comunidad Andina, Allan Wagner Tizón en Washington, 3 de marzo de 2004 “El objetivo, como decía, es poder poner a disposición de los países todos los elementos para esas negociaciones del TLC con EE.UU., especialmente (…) Ahora estamos visitando a los amigos. En este sentido hemos venido a Washington para visitar al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, al Gobierno de los EE.UU. y también a la OEA (…) Con el Banco Mundial también hemos focalizado especialmente lo que es el estudio de los procesos de integración regional – en este caso, concretamente el andino - (…) Con los Estados Unidos se está negociando tanto el TLC como el ALCA (…) He tenido reuniones en la Casa Blanca, con el Departamento de Estado y con el administrador de la AID (…) Hemos quedado en trabajar a través de la Embajada de los EE.UU. en el Perú, con el señor Curt Stubart, que hace poco fue Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos en el Departamento de Estado y que es un buen amigo de la integración”; al final de la nota de prensa, el señor Wagner Tizón en Washington termina dándoles las gracias al Presidente del BID, Enrique Iglesias, por haberle permitido reunirse con el y por otorgarle “un almuerzo con el Directorio del Banco”7. El actual presidente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) fue canciller del Gobierno del actual Presidente del Perú, esto lo explica todo dado la sumisa posición, como la del actual presidente de Colombia, con el señor Bush y su administración. Estas posiciones nos obligan a considerar como esta iniciativa de integración regional se mueve bajo la sombra del ALCA.
Recordemos que Estados Unidos ha plateado firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC o FTA) con cuatro repúblicas andinas, beneficiarias del Acuerdo de Preferencias Andinas (ATPA, que expira el 12/06), Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, por lo que “la agencia interinstitucional Trade Policy Staff Committee (TPSC) mantendrá una Audiencia Pública y demandará comentarios del público para asistir a la Oficina del Representante del Comercio de los Estados Unidos (USTR) en ampliar y clarificar los objetivos de negociación del acuerdo propuesto”. Estos comentarios tendrán como fecha tope para formularse por escrito el “30 de marzo de 2004” ya que “La Audiencia tendrá lugar en Washington D.C. a partir del 17 de marzo de 2004 y continuará hasta los días subsiguientes que sean necesarios la audiencia”8.
Según Peter Rosset, Codirector de Food First-Instituto de Políticas de Alimentación y Desarrollo, Estados Unidos, desde que 1994 entró en vigor el TLCAN, “el porcentaje de la población mexicana que vive en la miseria aumentó de forma exorbitante y se ha producido una quiebra general de las pequeñas y medianas empresas y, como resultado, la pérdida masiva de empleos. Por si fuera poco, el campo ha sido inundado con maíz importado de Estados Unidos a precios subsidiados por el gobierno estadounidense, de tal manera que centenares de miles de campesinos ya no pueden competir en el mercado de maíz -alimento básico del pueblo mexicano- y han sido obligados a abandonar sus tierras”9.
Según la Oxfam International, el ALCA no le da respuesta al cuadro de pobreza que presenta Latinoamérica, al contrario podrían profundizar aún más el cuadro de desigualdad y exclusión en la región, pues según datos de la CEPAL/IICA (Panorama de Agricultura de América Latina y el Caribe 1990-2000, 12/01) “En América Latina y el Caribe, alrededor de 123 millones de personas viven en las áreas rurales (25% del total de la población) y dependen directa o indirectamente de la agricultura. De estos, 77 millones (63.7%) viven en la pobreza, 47 millones de ellos en extrema pobreza. En los EE.UU. y Canadá también existe un gran número de pequeños productores que viven en la pobreza. En EE.UU. el 14.2% de la población rural es pobre, y más de 500 pequeñas empresas agrícolas van a la quiebra cada semana” debido a la política encaminadas a subsidiar a los grandes productores de tal forma que los “US$ 180 mil millones” aprobados por la Ley Agrícola (2000) son casi en su totalidad asignadas a las grandes empresas agrícolas, “el 60% de los pagos directos se destina a tan sólo un 10% de empresarios agrícolas, que son dueños de enormes operaciones comerciales (…) los barones del algodón del Oeste de Texas, quienes obtuvieron US$ 3,600 millones el año pasado en subsidios, más de lo que recibieron por vender algodón”10.
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) es la ruina de los campesinos e indígenas: México, uno de los grandes países agrícolas del mundo, ha puesto gran parte de su alimentación en manos extranjeras: se importa el 95% de las oleaginosas, el 40% de la carne, el 30% del maíz y el 50% del arroz. El maíz, el principal alimento de los mexicanos, provino de EE.UU. en el 2001 en una cantidad igual a 6 millones 148 mil toneladas. En los primeros ocho años de vigencia del Tratado, hasta el 2002, se dejaron de sembrar 1,6 millones de hectáreas de maíz, fréjol, trigo, arroz, soya y algodón.
Entre 1994 y 2001 México elevó sus compras de productos agropecuarios y agroalimentarios extranjeros en 44%. Por su parte, Estados Unidos ha elevado significativamente sus ventas a México; por ejemplo, las de frutas frescas y secas en 205%. Para algunos, los productores de fruta han sido beneficiados por el TLCAN, pues desde la entrada en vigor del tratado, las exportaciones de frutas a EE.UU. aumentaron 76%. Sin embargo, entre 1994 y el 2000 las importaciones de conservas vegetales alimenticias tuvieron un incremento de 77% y las de frutas conservadas y deshidratadas 300%. Esto quiere decir que México exporta un poco más de fruta, pero EE.UU. se la devuelve procesada11.
Según la Oxfam, el dumping agrícola en México ha bajado mundialmente el precio de algunos granos y ha arruinado a los campesinos e indígenas mexicanos y del mundo “las importaciones de granos básicos en México durante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se han duplicado, creciendo entre 1994 y 2001 en 110 millones de toneladas, con un valor de US$ 18,500 millones. En el caso del maíz, México importa un promedio de 6 millones de toneladas anuales comparados con 2.5 millones de toneladas antes del TLCAN. El precio del mercado de granos ha ido bajando y los precios reales al productor han caído entre un 35% y un 60%. Hoy el precio al productor de maíz es de US$ 80 por tonelada, sin embargo sus costos de producción son de US$ 120 por tonelada”10.
Con el TLCAN México ha entrado en un proceso de compra-venta “ha producido la compraventa de ferrocarriles y carreteras, lo que se ha venido extendiendo rápidamente, mediante iniciativas y proyectos de privatización formal y/o de facto, hacia el sistema bancario y de pensiones, puertos, aeropuertos; telecomunicaciones; espacio satelital; sistemas de almacenamiento, distribución y tratamiento de agua y granos; gas; electricidad y petróleo, etcétera. Inclúyase, además de los hidrocarburos, otros recursos naturales que, desde la firma del tratado, han sido intensamente transferidos bajo la “nueva” lógica del comercio internacional a precios de “socio comercial”. Me refiero a recursos como madera y celulosa para la producción de papel, fibras, chicle, látex y demás biodiversidad de interés comercial, incluyendo su capacidad como “banco de genes” al servicio de las multinacionales biotecnológicas y afines”12.
Para la cúpula empresarial de Estados Unidos ha sido tan importante el TLCAN con México que “el entonces vicepresidente de EU, Albert Gore, expresó poco antes de que el tratado fuera aprobado en el Congreso de su país: ‘TLCAN es tan importante para nosotros como la compra de Luisiana y la compra de Alaska”13.
El ALCA y el IIRSA son las dos caras de la misma moneda
Para concretar el comercio en las Américas, las empresas multinacionales y los Estados Unidos necesitan todo un sistema complejo de infraestructura denominado desde México hasta Panamá “Plan Puebla Panamá” (PPP) y en América del Sur “Integración de la Infraestructura Regional Suramericana” (IIRSA) “los temas y los marcos conceptuales para el desarrollo de la infraestructura regional están poniéndose en práctica a través de dos importantes iniciativas: la Integración de la Infraestructura Regional en Sudamérica (IIRSA) y el Plan Puebla-Panamá (PPP), que vincula a México y Centroamérica”14.
El ALCA determina lo administrativo jurídico en forma más concreta y el IIRSA la infraestructura, sin embargo no deja de abordar en su Plan de Acción también estos temas jurídicos “(iii) Modernizar y actualizar los sistemas regulatorios e institucionales nacionales que norman el uso de la infraestructura, (iv) Armonizar las políticas, planes y marcos regulatorios e institucionales entre los Estados”15. “El ALCA no es sólo un acuerdo comercial, se sustenta también en una serie de proyectos paralelos cuyos desastrosos efectos pueden ser ilustrados por el muy cuestionado Plan Puebla Panamá (PPP) (...) y el IIRSA”16.
A través del ALCA y el PPP los Estados Unidos y sus multinacionales controlarán de manera expedita “la Región Mesoamericana comprendida entre Puebla y Panamá, con una población de 64 millones de habitantes y un PIB de US$143.000 millones. Los estados del sur y sudeste de México abarcan 503.200 kilómetros cuadrados, tienen un PBI per cápita promedio de US$2.300 y exportan un total de US$13.500 millones. La porción centroamericana, que incluye a Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y Panamá, ocupa una superficie de 522.900 kilómetros cuadrados, tiene un PIB per cápita promedio de US$ 1.900 y exporta un total de US$12.800 millones” 14, para hacer un total en superficie de 1.025.100 kilómetros cuadrados, una exportación total de 26.300 millones de dólares americanos y una población de 140 millones de habitantes.
Con el ALCA/IIRSA controlarán 12 países más para 20: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guayana, Paraguay, Perú, Suriname, Uruguay y Venezuela que “abarca una superficie de 18 millones de kilómetros cuadrados, donde viven y trabajan más de 300 millones de habitantes, y tienen un PIB de US$ 1.1 billones” 14.
Con estos acuerdos jurídico-administrativos, con la masa humana y de recursos naturales cautivos, el Gobierno democrático empresarial de los Estados Unidos se propone por un lado asegurarse para si este mercado, cerrarle el paso a un verdadero libre comercio de dichos países con Europa y China, y, sobre todo, neutralizar su crisis financiera. Por esta razón “el Acuerdo del Libre Comercio de las Américas es parte integral de esta estrategia: al monopolizar los mercados latinoamericanos los EE.UU. pueden bajar los déficits comerciales y capturar sectores financieros y comerciales lucrativos”6.
Para nadie es un secreto que Estados Unidos atraviesa por serias dificultades económicas. Según Pablo Dávalos “la administración Bush, luego de recortar los impuestos, reducir el gasto social del gobierno, e incrementar los gastos militares, ha optado por una vía espuria de crecimiento vía devaluación del dólar (…) probablemente termine el año con un déficit fiscal superior a los 400 millardos de dólares, y el déficit en cuenta corriente se calcula actualmente en un 5% del PIB del país. La devaluación de la moneda norteamericana vis à vis del Euro alcanza ya un acumulado del 40%, y tal como van las cosas, se estima que en el transcurso de estos meses la moneda norteamericana se cotice hasta en un 1.30 dólar por Euro (actualmente está en 1.19 dólar por euro)17.
Bajo los designios de la globalización, el Gobierno de los Estados Unidos, las multinacionales y los organismos financieros no perciben a América del Sur como constituida por naciones y Gobiernos soberanos e independientes, con vida propia en permanentes relaciones culturales, políticas, económicas y sociales; para estos factores de poder esta región es una especie de torta divididas en 12 “Ejes de Integración”15 por donde se desplazarán hacia los Estados Unidos todos los recursos naturales siguiendo las rutas del Pacífico y el Atlántico.
La infraestructura regional se inicia en los límites de Panamá y Colombia, en donde se pretende construir “el canal interoceánico Atrato-Truandó (opción del Estado colombiano) y/o Atrato-Cacarica-San Miguel (opción propuesta y preferida por Estados Unidos). Ese nuevo canal es el hilo de enlace entre el Plan Puebla-Panamá (PPP) y el IIRSA, en tanto permite el enlace geográfico entre América Central y América del Sur, independiente del antiguo Canal de Panamá, hoy bajo control de China18, que ahora manifiesta su disposición de competir en la construcción de Puerto América dentro de “un sistema multimodal de transporte” de enlace con el “Eje Orinoco-Apure y que a su vez utilice al Lago de Maracaibo para transporte lacustre”19.
Unos de estos ejes propuestos por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF) es el Eje de Integración Andino, que interconecta el Pacífico con el Atlántico a través de una vía que atraviesa los cinco países andinos, cuatro de ellos, beneficiarios del Acuerdo de Preferencias Andinas (ATPA), Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia están a punto de firmar un tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, tal como afirma Robert B. Zoellick, representante de Comercio de los Estados Unidos e impulsor del ALCA, en la Carta del Negociador de los Estados Unidos, del 18 de noviembre de 200320.
El 52% del total de las exportaciones de la Comunidad Andina consisten en productos generadores de energía, tales como el petróleo, carbón y gas21, además representa el 25% de la biodiversidad del mundo, 20% del agua del planeta (incluyendo a Brasil), 4 veces la reservas de petróleo de los Estados Unidos, 8 veces las reservas de petróleo del Mercosur, 74% de las reservas de gas natural de América Latina y 75% de la producción de carbón de América Latina22.
Este eje de integración al entrar a territorio venezolano, estado Zulia, se denomina Eje de Desarrollo Occidental, que finaliza, cerca del suroeste de los Estados Unidos, en la solución portuaria multimodal “Puerto Venezuela”, bautizado en el Gobierno de Rafael Caldera con el nombre de “Puerto América”. Este puerto está ubicado en el Golfo de Venezuela, municipio Almirante Padilla, en la Isla de San Carlos/San Bernardo a 430 metros del Canal de Navegación, en la entrada del Lago de Maracaibo.
Este proyecto es estructudo por la banca regional y mundial en el segundo Gobierno de Carlos Andrés Pérez con los nombres Puerto Venezuela, “línea occidental” o “vía de ferrocarril Táchira-Lago de Maracaibo” con visión futura de que “Venezuela creará una red intermodal para promover su desarrollo económico”23. Puerto Venezuela fue presentado en 1991 en el Gobierno de Carlos Andrés Pérez por el ingeniero Luis Soto Luzardo cuando era presidente del Instituto Paso Litoral del Lago adscrito al Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales, acto denominado “Traición a la Patria” a través del documento titulado “Golfo de Venezuela” escrito en 1992, por los comandantes Hugo Chávez Frías, Francisco Arias Cárdenas, Urdaneta, entre otros, presos en el Cuartel de San Carlos24. El señor Soto Luzardo es hoy Director Ejecutivo Nacional de CORPOZULIA, nombrado por el Presidente de la República Hugo Chávez a petición para aquel entonces del Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, comprometido con la multinacional del carbón Inter-American Coal Holding, N.V. y los Gobiernos de Holanda, Colombia y Estados Unidos en la construcción de este proyecto portuario-vial.
Su Plan Maestro General fue elaborado por la empresa holandesa Alkyon Hidraulic Consultancy & Research en abril de 2002, financiado por la misma empresa, el Gobierno de Holanda y la Gobernación del estado Zulia25, su primer módulo a construir, Terminal Carbonero de la Isla de San Bernardo26, servirá para facilitar y elevar la exportación de carbón de 8 millones de toneladas al año a más de 36 millones. El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de dicho módulo fue elaborado por la empresa holandesa Royal Haskoning y financiado con dólares del Banco Mundial a la empresa arubana Inter American Coal. Los holandeses de la empresa Alkyon en el Plan de Manejo General aseguran que este mega puerto no es rentable al menos que el Gobierno nacional u otro ente aporte un subsidio adicional anual de 50 millones de dólares americanos, en base a precio del año 2000 (un dólar americano hacía 650 bolívares): “sin subsidio/recursos adicionales, bien sea del Gobierno (nacional) y/o otras fuentes de fondos, el desarrollo de Puerto América no es comercialmente factible (…) un subsidio anual adicional de 50 mln USD es requerido”27.
El Eje de Desarrollo Occidental utilizará la “Región Histórica Marabina” de que nos habla el historiador Germán Cardozo Galué “los estados Zulia, Trujillo, Mérida y Táchira y los Departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander en Colombia”28, para imponer una dinámica exógeno minera que potenciará a favor de la globalización mercantil esta dinámica cultural, social, económica y ecológica que desde hace más de 2.500 años define la vida de esta “región fronteriza” colombo-venezolana.
Este eje tiene una superficie de 92.900 km², que representa el 10,14% del territorio nacional, con una población estimada para 1998 de 5.348.440 habitantes, que representa el 23% de la población nacional. De estos cuatro estados es el Zulia el de mayor desarrollo industrial “en cuanto a la distribución de los establecimientos por estados, Zulia concentra el 46% y aporta el 78% del valor agregado del eje occidental”29.
Se descubre en el estudio de este eje de desarrollo que es principalmente el carbón, entre otros minerales, su elemento que estructura y dinamiza el desarrollo para los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo; los otros rublos señalados de orden agrícola, pecuario, pesquero o turístico no son más que elementos decorativos para ocultar el peso del carbón cuando en la introducción del Plan Nacional se vende el eje occidental dentro de una concepción de desarrollo endógeno controlado por las comunidades. En el Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007 del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) es el carbón el único parámetro de exportación que posee rango regional, nacional e internacional, las otras iniciativas económicas son más bien propuestas que desde hace varios años distintos sectores de la población vienen proponiendo sin mayor éxito a los gobiernos de turno o a las corporaciones de desarrollos regionales como CORPOZULIA o CORPOANDES. El nuevo Gobierno, desde el MPD, en forma acrítica asume como suyo un modelo de desarrollo consustanciado con los parámetros de desarrollo propio de la llamada Cuarta República y de los intereses de las multinacionales mineras con sede en los Estados Unidos, entre el río Mississippi y la Costa Atlántica; esta afirmación es también válida para los otros dos Ejes de Desarrollo el Oriental (Eje Venezuela-Brasil-Guyana-Suriname) y el Orinoco-Apure (Eje Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata), en este último eje el antecedente más resaltante es el dragado del canal de navegación del río Orinoco en 1950 y el cierre del Caño Mánamo con el objetivo de que aumentase el caudal de las aguas del río Orinoco y así poder entrar los buques de la Orinoco Mining C.O. a sacar el hierro en del Estado Bolívar, la pérdida fue cuantiosa para campesinos y productores de la zona, pero lo más grave estuvo en la muerte de centenares de indígenas Warao del Delta del Orinoco que al verse obligados de abandonar sus palafitos dispersos a lo largo del caño murieron ante de llegar a algún otro poblado, existen testimonios que muchos al agotarse las fuerzas fueron devorados por los tigres en la selva. Este impacto fue recogido por el cineasta venezolano, hoy Diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Azpúrua en un video-documental, que le dio en los años 80-90 la vuelta a Venezuela, denominado Caño Mánamo. Hoy son las perforaciones petroleras y el gas de la Plataforma Deltana su gran amenaza.
Aún no se ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el Gobierno nacional, la banca regional y mundial y las grandes corporaciones multinacionales del carbón dan por un hecho que más de 36 millones de toneladas de carbón anualmente saldrán del piedemonte de la Sierra de Perijá, Venezuela, de las minas de Cerrejón y del Norte de Santander, Colombia, por Puerto América rumbo al sureste de los Estados Unidos y Europa.
La Corporación Andina de Fomento (CAF) asegura que dada su complejidad este puerto se construirá a través de décadas “habida cuenta que la localización y desarrollo del mismo está sólo en sus inicios, lo que conduce a pensar que pasarán varias décadas antes de que esta estructura portuaria esté en funcionamiento” y que por ahora sólo se justificaría el financiamiento de la ampliación de la carretera La Fría-Machiques “si se desarrolla un puerto de aguas profundas en el Golfo de Venezuela (…) el establecimiento de un intenso desarrollo minero a lo largo del piedemonte de la Sierra de Perijá, o la intensificación de la explotación de minerales localizados en el estado Táchira, de Venezuela, o en el Departamento del Norte de Santander, de Colombia”. También precisa el financiamiento de la “carretera Ureña-La Mulata-San Faustino-La China-La Fría” y la salida de Colombia por Puerto América “permitirá la conexión del nororiente colombiano con el occidente venezolano, ya que alcanza la troncal 6 de Venezuela, con la carretera Panamericana de Colombia, permitiendo que ambas regiones se conecten con un puerto de aguas profundas que se localizará en el Golfo de Venezuela, o a puertos de menor envergadura ubicados en el sur del Lago de Maracaibo” 30.
La entrada de Colombia a Venezuela está presente en el documento de la CAF (2000) “carretera Carrasquero-Playa Bonita-La Yolanda-San Juan del César”31, en el Plan de Maestro General de Puerto América (abril 2000) “En el estudio de costo de transporte, se asume que todo el carbón originado en el área del Táchira y en el área de Norte de Santander será trasportado al nuevo puerto a través del sistema de gabarras en el suroeste del Lago”27 y en el proyecto Terminal Portuario Carbonero de la Isla San Bernardo (junio 2000) “El proyecto Terminal Portuario Carbonero en San Bernardo tiene como objetivo la construcción y operación de un Terminal Carbonero para la exportación de hasta 20 millones de toneladas (TM) de carbón proveniente de diversas zonas de producción ubicadas en la Cuenca del Lago de Maracaibo y Colombia (Minas Cerrejón Departamento La Guajira y Departamento Norte de Santander)”26.
El Plan Nacional de Desarrollo Regional 2001-2007 del Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) precisa los minerales existentes y la ubicación de las nuevas minas de carbón “importantes reservas de minerales en la Sierra de Perijá, en especial de barita, cobre, que permanecen inexplotadas, así como los importantes yacimientos carboníferos de Tokuko-Aricuaizá y de Río de Oro (…) posee además yacimientos de carbón, cobre, bario, mármol, granito”29.
Las vías ferroviarias propuestas para el Eje de Desarrollo Occidental (Sistema Ferroviario Occidental) del Plan Ferroviario Nacional del Instituto Autónomo de Ferrocarriles del Estado (IAFE) guardan correspondencia con estas propuestas de la CAF y el MPD de tal manera que las vías propuestas desde Colombia y la Sierra de Perijá lleguen a Puerto América “El Tramo: Machiques - Maracaibo - Puerto las Américas (longitud: 190 Km.) conectará la Región Zuliana con la Región Sur del Lago y Colombia, permitiendo el transporte de carga, especialmente minera, del Norte del estado Táchira y del Norte de Santander (Colombia)32.
El antecedente del proyecto del IAFE es consecuencia directa del decreto presidencial de Carlos Andrés Pérez del 30 de noviembre de 1992, que tenía como fin la construcción de una red ferroviaria nacional “este programa, por el que el presidente Carlos Andrés Pérez muestra particular interés, se considera fundamental para lograr el desarrollo de las regiones, el aumento de las exportaciones venezolanas y establecer conexiones con Colombia”23.
CORPOZULIA en el año 2002 resume todas estas propuestas y desenmascara con toda crudeza las intenciones que el tecnicismo lingüístico económico pretende ocultar, al afirmar que el carbón del Zulia es competitivo porque en Venezuela, con respecto al carbón del sureste de los Estados Unidos, los empresarios pagan barato la mano de obra y gozan de una flexibilización jurídico-ambiental laboral “el carbón producido en el Oeste de EUA es más barato que el producido en el Este, donde las restricciones de azufre, costo de producción más elevado y decisiones legales han reducido el incentivo para incrementar capacidad de producción del Este. Esta decisión le da ventajas competitivas a Colombia y a Venezuela por la cercanía de la costa Este de los Estados Unidos y la calidad de carbón para exportar su producción hacia la costa atlántica”33.
Para CORPOZULIA la necesidad de desarrollar en “el Macro-Proyecto de Eje de Desarrollo Occidental (…) un sistema de ferrocarril-puerto” está relacionada con lograr permitirles a las corporaciones trasnacionales del carbón “una mayor competitividad al disminuir sustancialmente los costos de transporte y embarque y a la vez, menor flete para el transporte del carbón hacia puertos en el exterior”, pero al mismo tiempo, para complacer otras exigencias empresariales, propone construir “puertos gabarreros” en el Sur del Lago para sacar carbón de Colombia y “carreteras adecuadas” para empresas que no tienen pautado construir vías ferroviarias.
Ante la resistencia indígena “los derechos mineros de estas áreas no se han podido ejercer debido a la oposición de algunos miembros de las comunidades indígenas y ONG ambientalistas” y en razón de garantizar seguridad a los inversionistas privados, considera CORPOZULIA, que la manera efectiva para resquebrajarla sería incluirlos “como potenciales accionistas de las empresas operadoras”33.
Esta propuesta ya ha sido varias veces rechazada por los indígenas Barí y Yukpa, pero desde esta óptica los proyectos de desarrollo carbonífero del Zulia pasarían en Venezuela a ser, después del cierre del Caño Mánamo, el segundo modelo de etnocidio, ecocidio y genocidio contemporáneo. Sólo que en esta oportunidad sería avalada por un Gobierno humanista revolucionario, que ya tuvo su primer componente etnocida a militarizar los espacios de resistencia indígena Pemón en la Gran Sabana ante el rechazo a la construcción del tendido eléctrico hacia Brasil; aún en Perijá y la Guajira (Socuy y Cachirí) no existen los supuestos compromisos internacionales argumentados para imponer al país el tendido eléctrico a Brasil.
El Plan Colombia está activado en Perijá
Como muy bien precisa, el Sociólogo Edgardo Lander al afirmar que con “la caída del Muro de Berlín y el colapso del bloque socialista, la hegemonía unipolar de los Estados Unidos y las pretensiones de triunfo histórico definitivo de la sociedad liberal con el llamado fin de la Historia, se ha venido imponiendo como lógica hegemónica en el derecho internacional (retomando algunas expresiones de Santos Boaventura de Sousa)34 el derecho mercantil liberal de origen anglosajón”2.
Esta particular óptica jurídica, continúa Lander, ha dado al traste con avances históricos importantes logrados en las Naciones Unidas, con respecto al “derecho democrático (derechos humanos, derechos laborales, derechos de género, derechos de pueblos indígenas, derechos ambientales, etc.) (…) derechos ciudadanos (salud, educación, servicios públicos, agua)” conquistados por la humanidad después de la “Segunda Guerra Mundial”, en el marco de la dinámica impuesta por la existencia de los bloques socialista y capitalista, y del movimiento tercermundista. De esta manera “los derechos del capital son más importantes que los derechos de los seres humanos”. Se ha impuesto una lógica expansiva de los derechos mercantiles hacia los demás derechos, “se ha invadido todos estos otros ámbitos antes diferenciados para convertirlos en asuntos a ser abordados desde una lógica mercantil”. Toda acción y relación humana ahora se mide con la frase “asuntos relacionados con el comercio”2 (OMC), transformando todo en mercancía, ejemplos: la propiedad intelectual, los conocimientos de los pueblos indígenas, los bosques, los ríos, las tierras, los animales, el agua, la salud, todos los servicios públicos, los minerales, el petróleo, el gas, las vías, los tendidos eléctricos, la ciencia, la técnica, las semillas, las cárceles, los genes humanos, etc.
La expansión de la lógica jurídica mercantilista pareciese que han entrado en su etapa de oro dado el poder militar y las organizaciones multilaterales con que hoy cuenta la clase empresarial que gobierna los Estados Unidos. Estos intereses históricos de clase han determinado, según el estudio de PROVEA “El ALCA y los derechos humanos”, que los “Estados Unidos se encuentran al margen de prácticamente todos los principales instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos”, “rechaza sistemáticamente todos escrutinios externos sobre las condiciones de los derechos humanos”, el Consejo de Seguridad de la ONU “es utilizado por los Estados Unidos solo cuando está seguro de que obtendrá una resolución favorable que legitime decisiones ya tomadas”, sus Gobiernos de turno se han opuesto “a una gama de resoluciones referidas al desarrollo de los países del Sur, a su autonomía, o a la necesidad de cambios en el sistema económico internacional”, han trabajado con sus aliados para hacer de las Naciones Unidas y sus instituciones como la UNESCO, la FAO, OMS en instancias “cada vez menos relevantes”, sin “incidencias efectivas sobre formulación de políticas”35.
Los derechos democráticos al poseer “débiles instrumentos de garantía de cumplimiento” viene siendo sustituidos por nuevos derechos mercantiles que si poseen “instrumentos de coerción extraordinariamente eficaces” para “garantizar la obligatoriedad del cumplimiento de de sus normas” como los de la OMC, TLCAN y ALCA. Bajo esta racionalidad mercantilista en expansión, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado pero no ratificado por los Estados Unidos, dejará de ser derechos sociales en el ámbito de lo público para entrar en meras “relaciones contractuales privadas entre empresas mercantiles y clientes con capacidad de pago”35.
Bajo esta óptica mercantilista anglosajona la vida esta supeditada a los derechos del libre mercado, sobre este derecho no puede haber otro, ni siquiera el derecho a la vida humana, la experiencia vivida por los pueblos a través del TLCAN tiene ya sus expresiones: La Ethyl Corporation (filial EEUU) hizo que Canadá le pagase 13 millones de dólares en perjuicios y que retirase su prohibición sobre el aditivo para combustibles MMT, conocida toxina que ataca el sistema nervioso humano. Por su parte, la Ethyl Corporation (filial Canadá), llevó a juicio al estado de California por su prohibición del MBTE, otro aditivo tóxico de combustibles, y reclama la suma de 970 millones de dólares. La Metalclad Corporation (EEUU) llevó a juicio a un estado mexicano por no permitirle instalar un depósito de materiales tóxicos en su propiedad, alegando que la zonificación ambiental impuesta por el Estado era equivalente a una expropiación36.
Estas consideraciones ideológico-jurídicas y la aberración del pensamiento único son impuestas, a través de su poderío económico militar, al resto de las sociedades y pueblos del mundo, por empresarios de las transnacionales que desde siempre se han turnado el Gobierno de los Estados Unidos. Esta realidad es sostenida con la ayuda de sus aliados, entre otros, como los Gobiernos de Gran Bretaña, Israel o Francia (como en el caso de Haití) y sectores pudientes internos de varios países del mundo. Los casos de Afganistán e Irak traen de nuevo al tapete que la civilización, la racionalidad del género humano y la vida misma no tienen valor alguno cuando el imperio no consigue una respuesta sumisa por parte de pueblos o Gobiernos.
Según Petras “El aparato militar del estado imperial, y en concreto el de EE.UU., ha crecido enormemente durante la última década y tiene una importancia fundamental en promover y proteger a las corporaciones, bancos y empresas de importación-exportación basadas en EE.UU. (…) la responsabilidad del Comando Sur de EE.UU (USSOUTHCOM) abarca toda América Central y América del Sur, el Caribe y las aguas que la rodean, totalizando más de 15.6 millones de millas cuadradas y más de 404 millones de personas”. El General Peter Pace, Comandante en Jefe del Comando Sur de los Estados Unidos afirma: “más del 39 por ciento de nuestro comercio se realiza dentro del hemisferio occidental. Además, 49 centavos de cada dólar gastado en América Latina se utiliza en bienes y servicios importados de EE.UU. América Latina y el Caribe suministran más petróleo a EE.UU. que todos los países de Oriente Medio”, (El testimonio del General Pace ante el Comité de Servicios de las Fuerzas Armadas del Senado de EE.UU del 27 de marzo de 2001)37. Colin Powell, dijo “nuestro objetivo en el ALCA es garantizar a las empresas norteamericanas el control de un territorio que va del Polo Ártico hasta el Antártico, libre acceso, sin ningún obstáculo o dificultad, para nuestros productos, servicios, tecnología y capital en todo el hemisferio”38.
El mismo Presidente George W. Bush acostumbra a ser alarde del poderío militar de los Estados Unidos: “Hoy, Estados Unidos disfruta de una posición de fuerza militar sin paralelo y de gran influencia económica y política”, 17 de septiembre de 2002, “Estados Unidos posee en el mundo poder e influencia sin precedentes y sin igual”, 1 de junio de 2002. Esta postura económica militar obedece a la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos “La estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos se basará en un internacionalismo inconfundiblemente norteamericano que refleje la unión de nuestros valores y de nuestros intereses nacionales. La meta de esta estrategia es ayudar a que el mundo no sea solamente más seguro sino mejor. Nuestras metas en el camino hacia el progreso son claras: libertad política y económica, relaciones pacificas con otros países y respeto a la dignidad humana”, 1 de junio de 2002. “Trabajaremos activamente para llevar la esperanza de democracia, desarrollo, mercados libres, y libre comercio a todos los rincones del mundo (…) El libre comercio y los mercados libres han demostrado su capacidad de levantar a sociedades enteras fuera de la pobreza, por lo tanto, Estados Unidos colaborará con países individuales, con regiones enteras y con toda la comunidad del comercio mundial para crear un mundo que comercie con libertad y, por lo tanto, crezca en prosperidad”, 17 de septiembre de 200239.
Los inversionistas extranjeros, en especial los norteamericanos, exigen la recuperación de la 'ingobernabilidad' sobre bosques y montañas, ríos, poblados fronterizos y barriadas populosas existentes en algunos países americanos donde los Estados y los Gobiernos no poseen el control político ni militar, por ejemplo casos como estos: “el Proyecto de integración fluvial Atlántico-Orinoco-Meta-Pacífico, el cual debe ser analizado cuidadosamente dada la inseguridad originada por la guerrilla que afecta la zona del río Meta y que hace que estos territorios reine la anarquía y la subversión, ello aunado a la ausencia de demarcación y a problemas de asignación de islas entre Venezuela y Colombia”40. El ALCA, el IIRSA y el PPP dan a las empresas trasnacionales estadounidenses un sustento jurídico para exigir acciones legales o militares a favor de la defensa y continuación de sus intereses económicos y políticos. Al entregarles los Gobiernos a los inversionistas estadounidenses los mismos privilegios o tratos que a los nacionales (Capítulo XVII Sobre Inversiones Artículos 4 y 5) y la posibilidad de imponerles obstáculos algunos relacionadas con la política de la competencia (Capítulo XIX)41 les están entregando sus soberanías y la autodeterminación. De esta manera el imperio tiene todas las “razones” políticas y económicas para imponer por vías jurídicas o militares cubiertas o encubiertas sus criterios.
Sin poseer estos privilegios jurídicos, la historia, 1789-2004, está plagada de episodios de conspiraciones, guerras e invasiones por parte de los Estados Unidos a otras naciones, la primera guerra fue seis años después que Inglaterra “le reconoce soberanía en 1783 (…) va a sostener conflictos bélicos para ampliar sus posesiones territoriales con Francia (1789-1800)”42, su ultima intervención fue con el secuestro de Presidente de Haití Jean-Bertrand Aristide: “El 29 de febrero, entre 2 y 3 horas de la madrugada, las Fuerzas Especiales de EE.UU. invaden el Palacio Presidencial y anuncian a Aristide que será enviado a Miami para ser juzgado por tráfico de drogas al menos que acepte de dimitir o que de contrario esperarán la llegada de Guy Philippe que ha recibido las órdenes y viene a matarlo. Bajo la amenaza de los fusiles M-16 y en presencia de James B. Foley, embajador de los EE.UU. y de Thierry Burkard, embajador de Francia, Aristide firma una declaración de dimisión preparada con anticipación «a fin de evitar un baño de sangre». Las Fuerzas Especiales lo conducen poco después al interior de un avión blanco, sin matrícula, con destino a Bangui, capital de la República Centroafricana en donde lo esperan agentes franceses de la seguridad francesa”43.
En base a las “razones” por la defensa de sus propiedades e intereses ubicados en cualquier país del mundo, los futuros gobiernos de los Estados Unidos utilizarán los acuerdos del ALCA, del IIRSA o del PPP como pretextos para la intervención militar de Estados Unidos en las Américas, para ello todos sus efectivos, infraestructuras militares y de comunicación dispersos en estos suelos les facilitarán el control sin mayores esfuerzos, por estas razones no podemos afirmar que los marines ahora no nos invadirán, pues ya están adentro.
En las Américas de hoy, al igual que en el resto del mundo, existe una correspondencia entre la ubicación de los yacimientos de los combustibles fósiles, las fuentes de agua, los bancos genéticos de bosques y arrecifes de corales, los ejes de desarrollo, aeropuertos, vías y puertos multimodales con las bases militares y líneas de desplazamiento militar del Comando Sur de los Estados Unidos con sede en Miami: en Texas: el radar ROTHR de Corpus Christi, Ecuador: Manta, Colombia: en Leticia y Tres Esquinas, Perú: Iquitos y Santa Lucía, Bolivia: Chapare y una unidad “antiterrorista” en Santa Cruz de la Sierra, Aruba: Reina Beatriz, Curazao: Hato Rey, Salvador: Comalapa, además del Centro Regional de Drogas y la embajada tipo “bunker” más grande de Centro América, Puerto Rico: el fuerte Buchanan, Cuba: Guantánamo, Honduras: la bases-radares Soto de Cano y Palmerola, Panamá el aeropuerto militar estadounidense de la ciudad de Panamá, en Paraguay: campamentos para entrenar boinas verdes. Los Estados Unidos aún pretenden construir bases militares en Bolivia (Villa Tunari, Chimoré e Ichoa), en la Argentina la base de Tolhuin en Tierra del Fuego y controlar la base de Alcántara, en Brasil. A estas bases militares debemos agregar las 34 existentes en Colombia, en el marco del Plan Colombia y aquellas -bases o instalaciones de entrenamiento militar- desconocidas para las poblaciones latinoamericanas. “Sitios de Operaciones de Avanzada” (FOS), entre los que están los de Costa Rica, Belice, Honduras, Islas Caimán y Panamá6, 12, 44, 45 y 46.
En el caso de los combustibles fósiles encontramos, entre algunos ejemplos, las siguientes relaciones: frente a Puerto América, Golfo de Venezuela y Canal de Navegación, se ubican en marzo de 2000 las bases militares estadounidenses Reina Beatriz (Aruba) y Hato Rey (Curazao), en la moderna refinería de Iquitos “con capacidad de procesamiento de 10.500 barriles diarios”, “aproximadamente a 1.600 kilómetros de distancia de la ciudad de Manaos”, en las márgenes de río Amazonas, se ubica la base militar estadounidense Iquitos (Perú). “Actualmente, esta refinería estaría en capacidad de comprar 200.000 barriles de crudos con un 32 api y bajo azufre y gasolina de exportación de PDVSA (95 ron) 10.000 barriles” y en este mismo río, en Leticia, Colombia, donde se ubica la base militar que lleva el mismo nombre, de las 35 bases militares existentes en Colombia, dentro del marco del Plan Colombia se ubica el único puerto colombiano a “1.150 kilómetros de Manaos. Aquí se podría colocar 5.000 barriles de gasolina de exportación de PDVSA (95 ron)”47.
Los problemas principales que hoy mantiene la política económico-militar de los Estados Unidos no es a nivel de los Gobiernos, salvo ciertas posturas económicas o políticas con algunos presidentes "no cooperadores" como Chávez, Lula o algún otro, el problema crucial está con los pueblos campesinos y afroamericanos y comunidades indígenas, así como con los movimientos guerrilleros, que están asentados en los espacios donde están ubicados los recursos naturales estratégicos (biodiversidad, energía, agua, y minerales), agricultura, tendidos eléctricos, los denominados ejes de integración, ejes de desarrollo, corredores secos interoceánicos, o corredores biológicos, aeropuertos, puertos multimodales o gabarreros, hidrovías, etc. En este contexto es donde se establece la cooperación policial, militar de los Gobiernos de la región o de paramilitares, ganaderos o empresas mineras con los Estados Unidos “cada vez más coordinados con el Departamento de Defensa de EU y con la Agencia Central de Inteligencia (CIA) mediante su brazo diplomático/civil: la Agencia Estadounidense de Cooperación Internacional (Usaid). Pero, ojo, lo anterior no excluye la intervención directa de EU desde sus numerosas bases y otros posicionamientos militares, a través de programas de “ayuda” militar (como el Plan Colombia) o programas clandestinos de macro y microblanqueo de población (sobre aquellos grupos o personas clave de los movimientos sociales que contradigan los intereses imperiales estadounidenses)” 12.
El estado Zulia, su campo agropecuario y su frontera con Colombia, es un tubo de ensayo donde se mueven todos los factores de la guerra colombiana. Hacia la Sierra de Perijá y la Guajira se extienden los intereses de la guerra de los sectores de poder colombo venezolano estadounidenses y, muy en especial, de sus empresas mineras.
A partir del análisis de la disputa relacionada con el tendido eléctrico de Venezuela a Brasil, que originó una movilización nacional contra el tendido eléctrico, el derribamiento de varias torres eléctricas por parte de los indígenas de la etnia Pemón y la militarización de los territorios indígenas por parte del Gobierno nacional para quebrar la resistencia, se predetermina, por parte del Gobierno nacional, Gobernaciones y Alcaldías, la necesidad de mantener con estos pueblos indígenas un diálogo permanente y asistencia material para poderlos atraer y contar con su apoyo en la implementación de esta propuestas del ALCA/IIRSA “La interconexión con Brasil revela la importancia de profundizar la consulta pública. Si se omite este elemento se corre el riesgo de paralizar proyectos y generar más daños al ecosistema que los que se atribuyen al proyecto mismo (basta sólo revisar en qué modo fueron derrumbados los postes de EDELCA en el Estado Bolívar y sopesar el procedimiento utilizado por la empresa para su colocación - uso de helicópteros-) además de las consecuencias económicas e internacionales que implicarían el eventual incumplimiento de compromisos adquiridos. Este ensayo es sólo un intento de reflexión sobre los nuevos escenarios que se delinean en América Latina, la interconexión y los ejes carreteros representan una maraña de intereses y actores que pueden cambiar y afectar el proceso de toma de decisiones”.39 Son los indígenas el hueso duro a roer por los Estados Unidos, Gobiernos multinacionales, más cuando en Venezuela le reconoce algunos derechos constitucionales, como el derecho a la tierra y se le reconoce, no simplemente como comunidades, sino como pueblos diferenciados; quizás por ello, todas las maniobras al interior de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas para no reconocer sus propuestas de sus tierras autodemarcadas por cada una de las comunidades o pueblos indígenas.
El Plan Colombia ha utilizado la guerra para desplazarla a otros países y en especial a la gente que vive en la frontera rica en biodiversidad, agua, petróleo, minerales y propuestas de infraestructura impuestas por los acuerdos ALCA/IIRSA. Esta gente son los campesinos, indígenas y comunidades negras, no solamente de la propia Colombia, sino de los países limítrofes como Venezuela. Los paramilitares, el sicariato, el rocío de químicos para erradicar las plantaciones de estupefacientes, las acciones del propio Ejército colombiano, las guerrillas han ubicado a Colombia en el tercer país de mayores desplazados en el mundo, se considera que existen más de dos millones de desplazados, la mayoría son gente pobre del campo, asesinados no menos de “79 sindicalistas en el año 2000, además de los asesinatos de 4000 activistas de la oposición y 3000 sindicalistas en 14 años de violencia”, estos nuevos desplazados y asesinatos deben sumarse a los originados en la anterior guerra, conocida como "La Violencia", entre “1948 y 1958, alrededor de 2 millones de campesinos fueron desplazados y 200.000 asesinados. Durante ese periodo, las grandes plantaciones de caña de azúcar se extendieron junto con la producción de algodón, el cual creció un 500%. Esto deja la producción de coca como la única cosecha rentable que los campesinos producen” 48. Hoy están vinculados con las exploraciones y explotaciones de materia prima barata petroleras y de infraestructura concebida por la banca desde el ALCA/IIRSA.
Hoy estas tierras pasan a manos de terratenientes, empresas petroleras, mineras y la agro-industria. Muchos de ellos al venirse a vivir en Venezuela son involucrados nuevamente en algún operativo militar y deportados a Colombia, tal como anunció en la prensa regional, en el noroeste del estado Zulia, el General de División (Ej) Carlos Augusto Briceño, comandante de la 11 Brigada de Infantería en la prensa regional después de realizarse varios operativos (julio, septiembre, diciembre de 2003 y febrero del 2004) en el piedemonte de la Sierra de Perijá en el municipio fronterizo Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, cerca de la Represa El Diluvio y de minas de carbón (Las Carmelitas) de las empresas multinacionales Tomen, TransMar Coal y Excel “Dijo que durante los recorridos en 2003 se detuvieron 104 personas colombianas indocumentadas que pudieran ser colaboradores de insurgentes del vecino país. “Hace poco detuvimos a 11 y las remitimos al DAS para que las busquen en sus sistemas de información y determinen si forman parte de algún grupo delictivo” 49.
Muchos de los desplazados deportados al poco tiempo aparecen asesinados en Colombia y sus defensores en Venezuela acusados por los organismos de inteligencia de colaboradores de la guerrilla o asesinados como el defensor de los derechos humanos del Vicariato Apostólico de Machiques, el abogado Joel Castillo. Es más, por la misma prensa regional se anuncia días antes que podrían realizarse protestas en pro de la defensa de los derechos humanos en la ciudad de Maracaibo por presuntos activistas vinculados a las guerrillas colombianas “Guerrilla planifica protesta contra militares venezolanos (…) "Se está planificando una protesta (quizás en Maracaibo) para descalificar la acción de los militares, esgrimiendo que están entorpeciendo el aprovisionamiento de víveres y que no les dejan bajar las cosechas. Esta es una acción desleal y queremos que ustedes les caigan alante, porque eso viene pronto". Tradicionalmente la zona ha sido calificada como refugio de irregulares. En el sector viven campesinos y productores relacionados con ellos, quienes han obtenido la manera de sobrevivir como informantes y proveedores de la guerrilla y el paramilitarismo. Muchos productores han emigrado a otras zonas, dado lo inviable de mantenerse en el sitio” 50. Pero nunca se dice la fuente, tal como ocurrió antes de invadirse a Afganistán o Irak por parte del New York Times con los periodistas Jayson Blair y Judith Millar51.
Se ha extendido la guerra y la inestabilidad política a los países limítrofes con Colombia; esta muchas veces es aprovechada por la oposición de los Gobiernos, o por los mismos Gobiernos para limpiar la zona de dirigentes sociales, o muchas veces se involucran por la torpeza de Gobiernos limítrofes, por tener una visión de corte tradicional militarista, caen en la trampa montada por el Gobierno estadounidense o de Bogotá, por ejemplo, se dice que el Ejército y el Gobierno de Venezuela han sido torpes en el manejo del impacto del Plan Colombia en la población limítrofe, se han dejado involucrar al dar respuestas de corte militar cuando debería ser de política social, de asistencia y orientación a la población campesina, desplazados, hacendados de la zona e indígenas. No han sido adecuadas las respuestas por ser meramente de corte militar y violatorias a los derechos humanos por parte del Ejército venezolano, efectivos del Grupo Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional (GAES) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), pues se han dedicado a torturar, atemorizar, sacar de la zona, herir y hasta asesinar a trabajadores del campo. Estas acciones se realizaron este año y el anterior en las cuencas carboníferas del Diluvio, Socuy y Cachirí como respuesta a las acciones de los promotores de la guerra sincronizados en red desde cenáculos políticos del Plan Colombia montados desde Washington, Bogotá, Caracas y Maracaibo, al iniciar una campaña mediática anunciando, por un lado, la presencia de guerrillas en la Sierra de Perijá, el supuesto suministro de recursos logísticos y alimentos a las guerrillas por parte de campesinos y productores, así como la complacencia del Gobierno de Chávez y Ejército con esta irregular situación fronteriza.
La respuesta militar por parte del Gobierno a esta campaña mediática en red fue violatoria a los derechos humanos de campesinos venezolanos y colombianos, algunos de ellos, con varios años de permanencia en la zona y con hijos venezolanos, al reprimir, saquear, torturar, amenazar, quemar la comida y matar 15 mulas de su propiedad, el 31 de diciembre de 2003 por parte del GAES y del CICPC52. La matanza de mulas y encapucharse es uno de los formatos represivos utilizados por los grupos paramilitares. La actuación realizada por el Ejército en los meses de julio y septiembre de 2003 por la zona de El Diluvio los efectivos venezolanos iban sin identificación.
Esta realidad no se resume en estas acciones militares, se complementa con los hostigamientos a los campesinos e indígenas por parte de personeros de varios entes involucrados en el impulso del Eje de Desarrollo Occidental en la Guajira y Perijá, son estos, además del Gobierno, las empresas mixtas de CARBOZULIA/CORPOZULIA: las empresas multinacionales del carbón Inter-American Coal, Anglo American Coal y RAG Coal International, y las empresas Excel Coal, Minera MAICCA, Carbonífera Caño Seco y la KTK Minería de Venezuela para que abandonen las tierras a cambio de pagos irrisorios a sus bienhechurías, pues el Estado venezolano se las entregó en concesiones o contratos de arrendamientos para explotar, mas cuando el próximo año se iniciará la explotación de carbón a minas de cielo abierto. El Instituto Nacional de Tierra (INTI) desde enero del año 2004 se niega a otorgarles a campesinos, indígenas Wayúu y pobladores de los municipios Páez, Mara y Almirante Padilla las Cartas Agrarias necesarias para regularizar la tenencia de las tierras, resguardando de esta manera los espacios culturales-físicos en donde se abrirán nuevas minas, se construirán los puertos, las vías ferroviarias, las nuevas carreteras por donde se desplazará el carbón y otros minerales de Venezuela y Colombia al exterior. Así mismo la Comisión de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas no termina por asumir la propuesta presentada por la dirigencia indígena.
Los proyectos energético mineros van acompañados en esta región con la militarización del campo, los asesinatos, la violación de los derechos humanos, la degradación de los recursos naturales, la maniobra política y la indiferencia gubernamental.
La experiencia que se vive en el estado Zulia, atentatoria a la dignidad humana y a la permanencia de la vida en el planeta, se repite hoy en día en distintos ecosistemas y poblados de las Américas en aras de concretar los proyectos de desarrollo exógenos concebidos por la banca regional y mundial llámese proyectos ALCA/PPP y ALCA/IIRSA: en Colombia/Panamá: “Atrato, río Meta, Putumayo, futura carretera Urabá-Venezuela, proyectos hidroeléctricos y zonas petroleras, (…) El canal interoceánico Atrato-Truandó (variante escogida por el Estado colombiano) y/o Atrato- Cacarica-San Miguel (variante propuesta y preferida por Estados Unidos) es la conexión del PPP y el IIRSA, un proyecto estratégico de alto calado y en torno a él la violencia golpea a los afrodescendientes, indígenas y demás pueblos del Chocó y ahora a los indígenas Kuna (Tule) en el territorio fronterizo de Panamá: a mediados de enero del 2003, 150 paramilitares colombianos atacaron dos pueblos de la región del Darien, Paya y Pucuro, torturando y masacrando a 5 caciques indígenas, secuestrando dos reporteros estadounidenses y un canadiense (La Prensa, Panamá, 21/1/2003). El río Meta tiene un destacado papel en un proyecto de origen japonés que ahora hace parte del IIRSA y que busca llevar la carga de Bogotá hasta el Orinoco y de ahí al Océano Atlántico o al Amazonas. Los planes oficiales se proponen privatizar el río y proyectan el puerto sobre el resguardo indígena Achagua, uno de los pocos lotes que los grandes propietarios no han dominado. El Departamento del Putumayo, con su elevado porcentaje de población indígena, cuyo territorio está cuadriculado por los lotes petroleros, es la salida noroccidental del eje fluvial Amazonas- Río de la Plata, que comunicará mediante canales y drenados ese departamento con Buenos Aires, Montevideo y la desembocadura del Amazonas y mediante una autopista con la costa Pacífica. Es el proyecto más ambicioso de la IIRSA. En el departamento de Arauca, donde esta actualmente en vigencia el estado de excepción, el pueblo Uwa denuncia el reinicio en contra de su voluntad de la explotación petrolera sobre sus tierras ancestrales53.
La navegación en los ríos Paraguay-Paraná-Plata (Eje Orinoco-Amazonas-Plata) afectará las cuencas de dichos ríos, por ello la consigna de los ecologistas en Paraguay es " la No a la hidrovía en el Pantanal", “Las obras para hidrovía están previstas en el proyecto de Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA), que hace parte del Plan Plurianual 2004-2007 del gobierno Lula (…) La hidrovía extendiese por 3.442 kilómetros desde la ciudad de Cáceres, en Mato Grosso. (…) es un canal de integración importante para el Mercosur, pues, atraviesa cinco países de América Latina: Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina”54. Ha sido cuestionado por la organización interdisciplinaria de investigadores de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay Río Vivo, el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wild Life Fund), Theodore Pannayotou y economista del Harvard Institute for International Development, entre otros, sin embargo “a pesar de los reclamos los gobiernos están empeñados en llevar a delante las obras”55
En el Perú también se constata el impacto del ALCA/IIRSA “la Comisión Técnica responsable de estudiar los impactos ambientales generados por las empresas que trabajan en Camisea llegó a la conclusión que los daños en Cuzco ascenderían a más de veinte millones de dólares. Informe del grupo de trabajo -presentado por el presidente regional Carlos Cuaresma-, explica que obras realizadas por el consorcio Transportadora del Gas del Perú (TGP) y las diferentes empresas subcontratistas, como Techint y Pluspetrol, habrían afectado la agricultura, salud, flora y fauna y recursos hidrobiológicos de la provincia de La Convención, Departamento de Cuzco”56.
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Bibliografía citada
1 CUMBRE DE LAS AMÉRICAS, Cuarta Reunión Ministerial del Comercio, Declaración Conjunta, San José de Costa Rica, 19 de marzo de 1998. http://www.ftaa-alca.org/alca_e.asp.
2 LANDER. Edgardo, OMC, ALCA y política petrolera en Venezuela, Question, No. 13, Año 2, Caracas, Julio 2003: 33 y 35, 48 pp.
3 TCSV, TRANSPORTE COAL-SEA DE VENEZUELA C.A, "Informe: Reunión Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores. Proyectos Carboníferos". [Firmado por Joseph L. Kulbeth, William J. Humm, Tatsuro Moriya, Richard Dougherty y Ernesto Machado] Caracas, 25 de mayo de 1996, pp 6 + 1 mapa.
4 MARÍN, Alexander, Indígenas Barí de Perijá. “Temen enfrentamientos armados con explotadores de carbón”, La Verdad, Maracaibo, 20 de agosto de 1998: D 8. Diario.
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