No es el mundo al revés ni la política de lo absurdo, la canciller colombiana María Ángela Holguín, argumentó que mientras en Venezuela sigan subsidiando los productos es muy difícil que ellos logren hacer algo de verdad en la lucha contra el contrabando. En pocas palabras desde Colombia se pretende legislar a Venezuela, mientras en la hojarasca de mentiras mediáticas se obvia el hecho de que Colombia ocupa el puesto 12 de países con mayor desigualdad en el mundo, mientras que Venezuela es el país menos desigual de toda América latina. Tampoco piensan eliminar ni regular las casas de cambio que arbitrariamente quieren darle valor a la moneda venezolana.
Pero allí no para el absurdo, resulta que el procurador general de Colombia, Alejandro Ordoñez, en una combinación de petulancia e ignorancia exige a la Corte Penal Internacional la detención del presidente venezolano y varios de sus ministros, como si la procuraduría tuviese competencia para ello. Los medios colombianos han involucionado su argumentación igual o peor que los medios venezolanos cuando les dio la pataleta en el año 2002 y su Chávez vete ya. Obvian el hecho de que Colombia aún no hace justicia por los millones de colombianos masacrados y enterrados en fosas comunes, asunto pendiente con la CPI. Basta con llevar ante la CPI a esos miles de colombianos refugiados en Venezuela por el robo de sus tierras para entregarlas a transnacionales y a quienes les asesinaros sus familiares, para que se debata con seriedad donde realmente están los responsables de delitos de lesa humanidad. Hace pocas horas un tribunal en Colombia decidió anular parcialmente el juicio de José Miguel Narváez ex sub director del DAS, por el asesinato del periodista Jaime Garzón, pero los medios colombianos ni se indignaron, ni se inmutaron, ni explicaron ante el país su hipocresía y doble moral para hablar de libertad de expresión.
El asunto es más grave, no solo porque el mapa de las transnacionales gringas y europeas coinciden macabramente con el mapa de las masacres de los paramilitares, sino que además las víctimas del conflicto tampoco parecen identificarse con la guerrilla, por una sencilla razón, el conflicto no es militar, es un conflicto social que genera la confrontación armada. Urge en Colombia la reforma agraria, la justicia a las víctimas, sacar las bases militares norteamericanas, llevar a juicio internacional a transnacionales que financiaron masacres y desmontar las leyes que permiten la impunidad. Algo muy difícil por la lógica del gobierno y su canciller cuando señala que en Venezuela debemos encarecer los productos al igual que ellos para estar igual, y que los pobres se jodan. Solo falta crear el Ministerio para el Contrabando en Colombia.
