En momentos en que el Estado venezolano reconoce la importancia y la necesidad de de garantizar su seguridad y legitimidad político-territorial mediante la ocupación y el resguardo de sus espacios fronterizos, con el fin de dar respuesta a las inquietudes y preocupaciones de los diferentes sectores del país, sobre la critica situación de la frontera, producto de la acción desmedida del narcotrafico, el paramilitarismo, el contrabando y un sin fin de problemas mas, el gobierno colombiano a través de su presidente con una actitud hostil, hasta hace poco, evadió su compromiso de sentarse a dialogar con el presidente Maduro, respecto al problema que está sobre el tapete.
Como decimos acá en Venezuela, Santos, no encuentra como sacarse el lazo, y ha optado por las “pataletas diplomáticas” que son repetidas por la canciller a través de los medios de comunicación, y con las cuales quieren hacer ver a Venezuela como el causante de un problema que solo a ellos atañe.
Por ejemplo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en uno de sus tantos arrebatos, ante los medios de comunicación, informó que la Fiscalía de su país está "considerando seriamente" denunciar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros del Gobierno de Venezuela por presuntos "crímenes de lesa humanidad", a raíz de la deportación de centenares de colombianos. A propósito de este comentario, la denuncia se cumplió, de acuerdo a las palabras expresadas por el presidente venezolano, en su Consejo de Ministro del día 9 de septiembre (Ayer) en relación a que, él, Diosdado cabello y la canciller, Delcy Rodríguez, habían sido denunciados y mandados a capturar.
Si no existiera un lenguaje diplomático, la respuesta que debería surgir en contra de tal denuncia seria: “Nojoda, criminal de lesa humanidad serás tú” Porque no se puede estar intimidando a Venezuela, si su presidente tomó una decisión soberana, constitucional, respecto a la frontera. De hecho, la denuncia colombiana, la sustentan en la definición de crimen contra la humanidad o crimen de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que comprende las conductas tipificadas como asesinato, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización.
Pero, están tan ciegos que antes de la supuesta deportación, en la definición de crimen contra la humanidad, también aparece el término Desplazamiento forzoso, el cual es considerado por Montalvo (2011) como un fenómeno de emigración involuntaria originado por la violencia, en el que personas y familias sin estar directamente implicados en la lucha, se ven obligados a movilizarse desde su lugar de origen para proteger su vida o su integridad física. Igualmente, señala la autora que eso constituye una violación de los derechos humanos en la cual se materializa la vulneración simultánea de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Eso ha hecho Santos y quienes le han precedido en el gobierno, en Colombia. Entonces, ante esta realidad, ¿Quién tuvo que haber sido denunciado primero ante la Corte Penal Internacional (CPI)?
Entonces, con que desfachatez puede decir Santos que "Seguiremos denunciando y reclamando por la dignidad y los derechos de los colombianos en cuantos escenarios sea posible", De aquí puede surgir una pregunta: ¿Por qué no dignifica primero a sus desplazados internos, y así evita que ingresen a Venezuela como ilegales?
Es importante destacar, según la citada autora, que Colombia, es uno de los países del mundo con el mayor número de desplazados internos. Se cree que hasta mayo de 2011 el Gobierno registró a más de 3,7 millones de desplazados internos en el país, pero se piensa que son mas, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), la cual señala una cifra real de desplazados por el conflicto armado interno desde mediados de los años 80, que supera los 5 millones de personas. Igualmente destaca la autora, que los desplazados lo pierden todo, abandonan sus hogares, bienes y medios de vida y están en constante peligro, ya sea de ser objeto de represalias o que un nuevo brote de violencia haga necesario desplazarse nuevamente.
Entonces, esta realidad es suficiente para creer que el gobierno de Pastrana, el de Uribe y el de Santos, para nombrar los mas recientes, han cometido crímenes de lesa humanidad en contra de sus desplazados internos, a quienes se les violan sus derechos fundamentales, y pues, no les queda mas nada que dirigir sus pasos hacia Venezuela.
Finalmente, ¿Quienes son los verdaderos criminales?
