El pasado 24 de noviembre, la Asamblea Constituyente en Bolivia aprobó su nueva constitución en líneas generales, la cual establecería las autonomías indígenas, la limitación de las inversiones extranjeros y la ampliación de los derechos humanos, entre otras temas. Los miembros de la oposición decidieron boicotear la votación y luego iniciaron una huelga de hambre en protesta del avance de la nueva magna carta boliviana. El próximo paso en el proceso constituyente tomará lugar antes del 14 de diciembre, cuando la Asamblea Constituyente debe aprobar la Constitución artículo por artículo. Mientras tanto, la oposición boliviana va calentando la calle y buscando desestabilizar el proceso constituyente, y como objetivo final, derrocar el gobierno del Presidente Evo Morales.
Bolivia tiene nueve departamentos (estados), de los cuales Beni, Chuquisaca (Sucre), Cochabamba, Pando, Santa Cruz y Tarija tienen gobernadores (llamados Prefactos) y/o grandes concentraciones de opositores. Hasta hoy, la sede de la Asamblea Constituyente estaba en Sucre, que oficialmente es la Capital del país y el centro del poder judicial nacional (La Paz es el centro del poder ejecutivo y legislativo). Pero durante las últimas semanas, las manifestaciones violentas de grupos opositores han escalada hasta el punto de causar cuatro muertos y al menos unas 300 personas heridas. Debido a esta situación violenta e insegura en Sucre, la Asamblea Constituyente acaba de aprobar un cambio de sede a El Chapare, zona de cocaleros y campesinas que garantiza la seguridad de las últimas sesiones necesarias para finalizar el proceso Constituyente. Sin embargo, las maniobras de la oposición siguen en marcha.
Siguiendo las líneas de Washington, la oposición boliviana – financiada y asesorada por el Departamento de Estado a través de la USAID y la National Endowment for Democracy (NED), la Fundación FAES del ex-presidente Aznar en España y varias trasnacionales – lanzó un movimiento de “resistencia civil” en desconocimiento a la nueva Constitución. El nombre, las acciones y la composición de este movimiento (clases medias y altas, mayoría blanca, empresarios, antiguos políticos) comparten muchísimos rasgos con la oposición venezolana “made en USA”. Tanto es así que no se puede negar que esta agresión contra Bolivia y el gobierno de Evo Morales forma parte de la gran estrategia imperial para destruir cualquier semilla de revolución socialista en América Latina.
Cuando el Presidente Evo Morales llamó para un dialogo con sus adversarios la semana pasada, estos reaccionaron con violencia e indiferencia, y en lugar de asistir a la reunión convocada por su Presidente, los gobernadores de las regiones de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, viajaron a Washington y se reunieron con sus “jefes” en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. También utilizaron una táctica bien usada por la oposición venezolana, y accedieron a la Organización de Estados Americanos (OEA) para denunciar lo que ellos consideran un “atropello” a la democracia boliviana a través de la aprobación de la nueva Constitución.
¿Ahora que se espera?
Los medios de comunicación, los principales empresarios nacionales e internacionales, y los partidos políticos tradicionales están atacando fuertemente al gobierno de Evo Morales. El gobierno de Estados Unidos invierte más de 120 millones de dólares al año en la oposición boliviana y en el control sobre los medios de producción del país. Esto coloca a Bolivia en una situación bastante peligrosa debida a la inmensa injerencia de Washington en sus asuntos internos, que no solamente son políticos sino también económicos, sociales y culturales.
La oposición boliviana esta utilizando a la violencia para desestabilizar al país y culpar al gobierno de Evo. Está buscando crear un clima de ingobernabilidad, tanto como ha intentando hacer la oposición al Presidente Chávez en Venezuela. Sabotaje económico, guerra mediática, violencia de calle, huelgas de hambre y desobediencia a las leyes y decisiones del gobierno son algunas de las técnicas que la oposición boliviana esta ejecutando para debilitar al mandato del Presidente Morales y entonces solicitar una intervención internacional. Evo, por su parte, ha llamado para un referéndum revocatorio en contra de su propio mandato, con la condición de que los gobernadores opositores también aceptan el referéndum revocatorio contra ellos también. Habrá que ver si esta iniciativa se manifiesta durante los próximos días.
Mientras tanto, la posibilidad de un golpe contra el gobierno de Evo Morales sigue muy vigente – ahora más que nunca. Hay que estar alerta ante esta amenaza y hacer lo posible para apoyar el pueblo boliviano y el gobierno del Presidente Evo Morales para que resistan esta agresión imperial.
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