El ejército colombiano bombardea, la madrugada del 1 de marzo de 2008, un campamento en el que estaban durmiendo un grupo de guerrilleros y algunos estudiantes mexicanos. Luego del bombardeo, un grupo de militares y policías entran a rematar a los heridos. Mueren alrededor de veinte guerrilleros, entre ellos, Raúl Reyes, quien formaba parte del secretariado de las FARC, y un grupo de estudiantes mexicanos. El campamento estaba dos kilómetros adentro en territorio ecuatoriano.
En la primera versión de los hechos ofrecida al gobierno de Ecuador, Uribe declaró que hubo un enfrentamiento militar con el grupo guerrillero en la frontera, que este se retiró hacia territorio ecuatoriano y en la persecusión en caliente fue aniquilado. Uribe tenía buenas razones para mentir, pues había ejecutado una masacre en abierta y deliberada violación de la soberanía del Ecuador. Además, con esa versión se ocultaba la fría planificación del asesinato del negociador de las FARC para el canje humanitario, Raúl Reyes.
El canje humanitario viene siendo planteado desde hace varios años por la guerrilla y por sectores de la sociedad civil colombiana, y aunque el gobierno de Uribe nunca se ha mostrado partidario de establecer negociaciones con la guerrilla, pues niega la dimensión política de la guerra en Colombia, el año pasado accedió a autorizar la mediación de la senadora liberal Piedad Córdoba y el presidente Hugo Chávez. Esta apertura hacia la posibilidad del canje ocurrió bajo la presión de las escandalosas revelaciones que surgieron en los procesos judiciales abiertos a varios políticos del entorno más cercano a Uribe por sus estrechos vínculos con el terrorismo paramilitar.
La decisión del gobierno colombiano de asesinar al enlace de las FARC con los gobiernos francés, ecuatoriano, y venezolano, tenía como objetivo directo la interrupción de las conversaciones para la liberación unilateral de varios civiles bajo cautiverio, entre ellos la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt. El comandante de la Policía Nacional de Colombia admitió, pocas horas después de la operación militar en el Ecuador, que el gobierno ecuatoriano estaba realizando contactos con Raúl Reyes para la próxima liberación de Ingrid Betancourt y otros civiles en poder de las FARC.
Uribe se ha pronunciado en varias ocasiones por el rescate armado de los rehenes, aún en contra de la protesta de los familiares de esos rehenes. En su delirio fascista, incluso le ha pedido al gobierno francés que impida hablar públicamente a los familiares de Ingrid Betancourt, bajo la acusación de que son "radicales", y "cercanos a las FARC".
Además, el ataque en el Ecuador ocurre a pocos días de una marcha nacional e internacional convocada en contra del paramilitarismo en Colombia, a realizarse el 6 de marzo. Para un gobierno comprometido con los paramilitares, era importante minimizar la trascendencia de una marcha en contra del terrorismo de Estado.
Al Uribe plantear que los familiares de Ingrid Betancourt son "cercanos a las FARC", expresa mucho más que una opinión personal, está delatando una estrategia represiva. Todo el que enfrenta la política de la clase dominante en Colombia es considerado por el Estado como "cercano a las FARC", y por eso es que Colombia tiene una de las poblaciones desplazadas más grandes del mundo, tiene la mayor cantidad de sindicalistas asesinados en el mundo, y a los defensores de los derechos humanos y los periodistas independientes se les persigue bajo la misma fórmula. El método no es original, todos los regímenes fascistas criminalizan y asesinan a la oposición política bajo el cargo de colaboración con el terrorismo.
Más de cincuenta años de guerra civil no se explican con la propaganda del gobierno colombiano, que plantea que los grupos insurgentes son bandas de delincuentes y narcotraficantes que utilizan el terrorismo para asegurar sus negocios. Desde que el Estado colombiano lanzó sus primeras operaciones militares masivas en contra de los campesinos alzados en armas en Marquetalia, se descalificó a los rebeldes como "bandoleros", y otros términos similares. El lenguaje no ha cambiado, y ha servido históricamente para justificar crímenes políticos horribles, como el exterminio del partido Unión Patriótica.
Lo nuevo es la relación directa de Uribe y su gobierno con el narcotráfico y el paramilitarismo. De acuerdo con documentos desclasificados por el gobierno estadounidense, desde los inicios de su carrera política, en la década de los 80, Uribe estuvo estrechamente ligado al Cartel de Medellín, liderizado por Pablo Escobar. Luego, como gobernador de Antioquia, creó la red paramilitar "Convivir". Quienes fundaron junto con Uribe el partido "Colombia Democrática", hoy están privados de su libertad mientras se les juzga por sus vínculos con los grupos paramilitares y con masacres perpetradas por éstos. Los jefes del paramilitarismo han reconocido que lograron coaccionar a la población de zonas rurales bajo su control para que votaran por Uribe en su primera elección presidencial, así como por legisladores de su corriente ultraderechista.
Luego de la violación de la soberanía ecuatoriana por parte de las fuerzas armadas colombianas, hubo una reacción generalizada de repudio en Latinoamérica. Ecuador y Venezuela movilizaron tropas hacia sus fronteras con Colombia, y rompieron relaciones diplomáticas con el régimen fascista de Uribe, medida que fue imitada por Nicaragua. El presidente Chávez dijo que, para su gobierno, una agresión semejante a la sufrida por Ecuador sería motivo de una guerra con Colombia, e incluso amenazó con expropiar algunas empresas colombianas. La respuesta del gobierno uribista fue acusar a los gobiernos de Ecuador y Venezuela de colaborar con las FARC, además de amenazar con demandar a Chávez en La Haya por "financiamiento de genocidas", y rayó en la locura cuando denunció que la guerrilla había adquirido uranio y se había convertido en una amenaza terrorista a nivel planetario. Paradójicamente, fue el gobierno colombiano el demandado en 2005 en La Haya por su responsabilidad en más de dos mil masacres.
Luego de una tímida resolución de la OEA en la que se reconocía la violación de la soberanía ecuatoriana, pero no se condenaba a Colombia, se llevó el tema a la Cumbre del Grupo de Río, el 7 de marzo. De manera increíble, el presidente Chávez, quien días antes había denunciado con justicia a Uribe y su gobierno por paramilitar y narcotraficante, presentó una posición conciliadora frente a un Uribe insolente, que no escatimó oportunidades para lanzar los más desquiciados ataques en contra del gobierno ecuatoriano. El canciller dominicano, el presidente peruano, y otros representantes de los gobiernos derechistas de la región celebraron el rol jugado por Chávez para lograr un acuerdo supuestamente satisfactorio para todas las partes. En realidad la exigencia de una condena al gobierno colombiano por su violación a la soberanía ecuatoriana no fue satisfecha, pues el Grupo de Río se limitó a reconocer el hecho sin emitir condena alguna. La posición conciliadora de Chávez frente a Uribe le permitió al régimen fascista en Colombia saldar su crimen con una disculpa y el compromiso de no volver a violentar la soberanía de sus vecinos, una salida ridícula adornada con sonrisas y aplausos que lesiona la dignidad de los pueblos latinoamericanos. Nicaragua reanudó sus relaciones diplomáticas con Colombia, y un Ecuador aislado aceptó la resolución. Es lamentable que el Estado venezolano haya asumido una posición semejante, existiendo precedentes de violación a la soberanía de Venezuela tan graves como los secuestros de Jaime Ballestas y Rodrigo Granda en la ciudad de Caracas por parte de funcionarios del DAS colombiano.
En un momento estelar en el que quedó al descubierto el absoluto desprecio del gobierno colombiano por la legalidad internacional, y en el cual se hubieran podido tomar medidas de verdadera presión sobre Colombia, Venezuela pudo haber mantenido la suspensión del comercio binacional e invitado a más países de la región a romper relaciones diplomáticas con Colombia y reconocer el carácter beligerante de la insurgencia. De esta manera habría logrado presionar efectivamente al régimen de Uribe, y asomarían nuevas perspectivas para una salida negociada a la guerra en Colombia, antes de que el imperialismo estadounidense logre su objetivo de internacionalizar el conflicto como una estrategia para profundizar su control militar en la región. Sin embargo, la diplomacia venezolana despreció esta oportunidad histórica y optó por tender al régimen uribista un nuevo puente.
Mientras transcurría este espectáculo deprimente, se anunciaba en las agencias internacionales la entrega de la mano amputada de Iván Ríos. Este integrante del secretariado de las FARC había sido asesinado por supuestos desertores de la guerrilla, convertidos en sicarios para cobrar los cinco millones de dólares que el gobierno colombiano ofrecía por su entrega. Según Reuters, "La Bolsa de Valores de Colombia cerró con un alza de un 2,64%, en una jornada activa, alentada en la última media hora de negocios por el anuncio del Ejército de Colombia de la muerte de un líder de la mayor guerrilla izquierdista del país" (Diario Panorama, 8/3/2008).
El festín de los hipócritas en el Grupo de Río fue bautizado como una victoria de la paz por la prensa internacional. Y Colombia siguió desangrándose.
SRP
