Testimonio de Mark Weisbrot
Codirector del Centro de Investigaciones Económicas y Políticas, sobre el Estado de la Democracia en Venezuela ante el Comité de Relaciones Exteriores y el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Cuerpos de Paz y Asuntos Narcóticos del Senado de los Estados Unidos.
24 de junio de 2004
Gracias Señor Presidente y miembros del Comité por invitarme a presentar
hechos y puntos de vista. El Centro de Investigaciones Económicas y
Políticas es un instituto independiente de política no partidista. Estamos
financiados principalmente por fundaciones, grandes y pequeñas, así como
también por algunas contribuciones individuales de ciudadanos de los Estados
Unidos. No recibimos ningún financiamiento que provenga de gobiernos,
partidos políticos o corporaciones.
Sobre el objeto de esta audiencia “El estado de la democracia en Venezuela”
existe mucha confusión pública. Para aportar una apreciación seria:
Venezuela tiene una democracia, más que cualquier otro país en América
Latina hoy. Como dijera Jimmy Carter en una visita a ese país: “Yo creo que
la libertad de expresión está en vigor en Venezuela como en ningún otro país
que yo haya visitado”.
Lo mismo es cierto para la libertad de prensa, de asamblea, de asociación, y
otras libertades civiles. Cualquiera que diga que el gobierno de Venezuela
es “autoritario” necesita un diccionario, o tal vez necesita visitar el
lugar. Yo estuve allí durante el paro petrolero en diciembre de 2002 y fui
testigo de la respuesta del gobierno a la destrucción de su economía a manos
de menos del 1% de la fuerza laboral – la gerencia y algunos trabajadores de
la industria petrolera.
Fueron a la huelga no para obtener mejores beneficios salariales sino para
derrocar al gobierno. Incluso en los Estados Unidos, que probablemente tiene
la más fuerte tradición de protección de las libertades civiles en el mundo,
una huelga de esta naturaleza hubiera sido ilegal. Aquí, los líderes
hubieran sido objeto de decisiones judiciales ordenándoles volver al
trabajo, o enviándoles a la cárcel si se rehusaran. Esto no ocurrió en
Venezuela. La huelga se prolongó por más de 64 días y sumergió la economía
dentro de una profunda recesión.
Es cierto que hay abusos a los derechos humanos en Venezuela. Pero esto no
es diferente en el resto de Latinoamérica, y no he escuchado a ninguna
reconocida organización de derechos humanos argumentar que esta situación ha
empeorado durante los cinco años del gobierno de Chávez. Ni tampoco he
escuchado argumentos sobre que el gobierno de Chávez hubiera desarrollado
ninguna represión sistemática contra los disidentes políticos.
¿Cuales son, entonces, las mayores amenazas para la democracia en Venezuela?
La atención aquí se ha concentrado sobre el gobierno de Venezuela. Lo que
es ciertamente verdad, como los americanos han reconocido largamente, que
cualquier gobierno puede convertirse en represivo si sus ciudadanos no están
vigilantes. Sin embargo, la democracia venezolana enfrenta otros desafíos.
Algunos de estos desafíos vienen desde Washington. Nuestro gobierno ha
financiado, y continua financiando, organizaciones encabezadas por gente que
lideró el golpe militar de abril de 2002. (Ver apéndice 2). Estos lideres
han recibido, y algunos continúan recibiendo, financiamiento del Congreso de
los Estados Unidos a través del National Endowment for Democracy (NED). Hay
gente que firmó el decreto del golpe de abril de 2002, que derrocó al
Presidente y al Vicepresidente electos, y abolió la Asamblea Nacional, el
Tribunal Supremo y derogó la constitución, instaurando una dictadura.
Pueden estas personas y sus organizaciones, recibir dólares de los
contribuyentes de los estados Unidos? ¿Es esta una función propia,
conveniente del NED? Esta es una pregunta que el Congreso debería hacer.
Pienso que la mayoría de los Americanos estarían contra tales
financiamientos si fueran conscientes de ello.
La NED está también financiando un grupo –llamado Súmate- que encabezó la
recolección de firmas para revocar el mandato del Presidente de Venezuela.
Nosotros no aceptarías financiamiento extranjero para financiar campañas
electorales en los Estados Unidos. Evidentemente, nosotros no deberíamos
empeñarnos en violar las leyes de otros países, violentar su soberanía y
democracia con formas que nosotros no permitiríamos aquí.
Nuestro gobierno también socava la democracia venezolana por desconocer las
normas legales de ese país y por alentar a la oposición a que haga lo mismo.
Podemos recordar que la Administración Bush, aislado en este hemisferio,
inicialmente apoyo el golpe de abril de 2002. Había una fuerte evidencia
circunstancial de que nuestro gobierno dio aprobación previa o posiblemente,
incluso, más apoyo que ese, además del aumento de los fondos suministrados
por la NED a los grupos de la oposición en los meses previos al golpe. El
Senador Dodd solicitó una investigación y la Oficina del Inspector General
de Financiamiento del Departamento de Estado [dijo] “los Estados Unidos
advirtieron (a la oposición)... el no reconocimiento de un gobierno derivado
de un golpe, y que habrían muy singulares acciones económicas y otras
acciones punitivas concretas”.
Pero la administración no se preocupó por restablecer las relaciones con el
gobierno electo, después de que este fuera restituido. Por el contrario,
apoyó tácitamente el paro petrolero – a pesar de que preparaba una guerra en
el Medio Oriente que probablemente reduciría los suministros petroleros. En
diciembre de 2002, la Casa Blanca apoyó la demanda inconstitucional que
hiciera la oposición para adelantar las elecciones.
Más recientemente, la Administración ha hecho un número de declaraciones que
han animado a la oposición a irrespetar el proceso constitucional. Antes de
que se hicieran públicos los resultados del proceso de recolección de firmas
el mes pasado, Roger F. Noriega, asistente a la Secretaría de Estado para
Asuntos del Hemisferio Occidental, declaró que “la cantidad indispensable de
personas apoya la petición” y advirtió “consecuencias horribles” si el CNE
no llegaba a la misma conclusión.
Esta es una señal enérgica para una oposición que, evidentemente cuenta con
unos lideres profundamente antidemocráticos.. Aunque la atención aquí es
sobre el gobierno de Venezuela como una amenaza a la democracia, lo peor es
recordar que la oposición solo acordó en mayo de 2003 seguir una estrategia
electoral, después de que intentó y agotó todas las estrategias extralegales
para derrocar al gobierno –incluyendo un golpe militar, y varias huelgas
petroleras-.
Los lideres más fuertes de la oposición no han manifestado ningún
arrepentimiento por esas estrategias, por el contrario, han continuado
manteniendo abiertamente que no respetarán los resultados del proceso
refrendario a menos que ganen. Por contraste, el gobierno ha mantenido
consistentemente que se atendrá a los resultados, y eso ha hecho.
Un periodista de Los Ángeles Times entrevistó a José Antonio Gil, uno de los
más respetados encuestadores, representante de la firma Datanalisis. Esa
empresa encuestadora es de las más citadas por la prensa norteamericana. De
acuerdo con Los Ángeles Times, el podía “ver una sola vía de salida a la
crisis política” que gira alrededor del Presidente Hugo Chávez. “El tiene
que ser asesinado”, dijo usando su dedo para golpear la mesa de su
oficina...”El tiene que ser asesinado”.
Es difícil imaginar una oposición de este tipo en los Estados Unidos –
podrían, probablemente, ser etiquetados de terroristas aquí. Y esa es la
gente con la cual nuestro gobierno se ha aliado. También es difícil concebir
unos medios como los venezolanos si uno nunca los has visto. Imaginen a ABC,
NBC, CBS, CNN, Fox News y los canales de cable, USA Today y los más
importantes periódicos, así como la mayoría de las emisoras de radio – todas
controladas en términos de su contenido diario, por los más feroces
opositores del gobierno. Han abandonado las normas que rigen le periodismo
moderno, transformándose en órganos de un movimiento de deslegitimación del
gobierno. Dos meses atrás uno de los periódicos más influyentes en
Venezuela, en realidad utilizó una versión falsificada de un artículo del
New York Times para argumentar que el gobierno de Hugo Chávez estaba
implicado en los atentados terroristas en Madrid (Ver apéndice 1) Sin
embargo, los medios nunca han sido censurados por el gobierno de Chávez.
Se han lanzado otros argumentos para describir al gobierno de Chávez como
antidemocrático, pero no son muy convincentes. Evidentemente, Venezuela no
tiene nada que ver con Cuba, aunque el Señor Chávez tiene una relación de
amistad con Fidel Castro. Esto no es una razón evidente para las malas
relaciones con los Estados Unidos. El Presidente de Brasil, Lula Da Silva, y
su partido tienen una profunda y larga relación con Castro y Cuba. La
administración Bush y Brasil han aceptado su desacuerdo en este asunto, lo
que parece ser el fin de esta disputa.
Más recientemente, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una ley que
permite al gobierno incorporar 12 nuevos jueces al Tribunal Supremo de
Justicia, que en la actualidad cuenta con 20 magistrados. Ciertamente, esto
podría alterar el balance del Tribunal en favor del gobierno. Pero este es
también un Tribunal Supremo que decidió que las personas que llevaron a
cabo el golpe militar de abril de 2002 no fuesen perseguidas. En los Estados
Unidos, estoy completamente seguro, nuestro Congreso utilizaría su poder
para tachar (censurar) a la Corte Suprema que aplique tal norma. Por
supuesto que el Poder Judicial en Venezuela nunca ha sido independiente,
menos durante los gobiernos anteriores que en el actual. No ha habido
demasiado progreso en esa dirección, mucho menos en un país profundamente
polarizado.
Esta polarización es un problema verdaderamente serio, y está claro que
Chávez es una figura polarizada que ha contribuido al problema. Pero el
Congreso no debería empeorarlo permitiendo a nuestro gobierno tomar partido.
Debemos regularizar nuestras relaciones con Venezuela, que es una democracia
que nunca ha supuesto una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos;
desde que ocurriera el golpe nuestro gobierno apenas lo ha rechazado. El
primer paso debería ser detener el financiamiento a los esfuerzos
revocatorios y a la gente que participó en el golpe militar contra el
gobierno electo de Venezuela.
Traducido por Antonio Gonzalez
