La revolución bolivariana ha sido sacudida en los últimos meses por un radical giro de la política exterior del presidente Chávez, que ha modificado sustancialmente una serie de puntos programáticos que había enarbolado como política transformadora hacia Latinoamérica y el resto del mundo.
1. Desde finales de 2010 se restablecieron las relaciones diplomáticas con el gobierno colombiano, a partir del nuevo gobierno de Juan Manuel Santos. Al hacer esto, el gobierno bolivariano abandonó sus fuertes reclamos sobre la instalación de bases militares norteamericanas en territorio del vecino país, y se olvidó de la denuncia contra el Plan Colombia como mecanismo intervencionista gringo hacia el continente suramericano.
2. En la reciente entrevista Chávez-Santos en Cartagena, se reconoció al gobierno hondureño de Porfirio Lobo, nacido del proceso golpista contra Manuel Zelaya en 2009, y se legitimó a la vez a la OEA (al aceptar la reincorporación de Honduras), cuando en años recientes Chávez cuestionaba fuertemente la vigencia de ese organismo y proclamaba la necesidad de sustituirlo por una organización integrada sólo por países latinoamericanos.
3. La captura y entrega de Joaquín Pérez Becerra al gobierno de Santos, unida a la reciente captura de Julián Conrado, echa por tierra los principios socialistas más elementales y coloca al gobierno bolivariano como parte integrante del mismísimo Plan Colombia en su objetivo por aniquilar las fuerzas revolucionarias que existen en el hermano país. La acción de captura de ambos, junto a otras decenas de revolucionarios colombianos deportados en años anteriores, se produjo mediante la acción “conjunta” de los cuerpos de inteligencia de ambos países, como lo ha declarado el propio presidente Santos (y no ha sido desmentido por la parte Venezolana). Esto significa que Venezuela hace trabajo en común con cuerpos de inteligencia que son controlados por la CIA y el MOSAD, y que son objetivamente enemigos declarados de todo proceso revolucionario socialista en cualquier parte del mundo.
Las consecuencias de estas acciones tomadas por el gobierno de Chávez se manifestarán durante bastante tiempo, pues no son simples medidas coyunturales sino un cambio general del programa político que hasta ahora enarbolaba Chávez.
La entrega de los revolucionarios colombianos al régimen proyanki de Santos implica, en este aspecto de las relaciones internacionales, el abandono de la política socialista y la conversión del gobierno de Chávez en una pieza más de los planes que la oligarquía neogranadina y el imperio desarrollan desde el territorio del país vecino para acabar con las organizaciones revolucionarias colombianas y preparar futuras agresiones contra los procesos de cambio que se suscitan en todo el continente latinoamericano.
LA ENTREGA DE GUERRILLEROS AL GOBIERNO DE SANTOS ES EQUIVALENTE A QUE EL PRESIDENTE ALEJANDRO PETIÓN (EN HAITÍ) HUBIERA CAPTURADO A SIMÓN BOLÍVAR Y LO ENTREGARA A LAS AUTORIDADES ESPAÑOLAS (en vez de prestarle la solidaridad que permitió las expediciones de Los Cayos en 1816 y el reinicio de la lucha armada independentista luego de la pérdida de la Segunda República en 1814). O que el gobierno mexicano hubiese capturado en los años 50 a Andrés Eloy Blanco y lo entregara a la dictadura de Pérez Jiménez. O que en la Venezuela del siglo XIX hubiesen capturado a José Martí y lo entregaran al colonialismo español que dominaba Cuba.
LA LUCHA ARMADA NO DEBE SER CONSIDERADA “TERRORISMO”. HABRÍA QUE CAMBIAR NUESTRA HISTORIA Y DENOMINAR TERRORISTAS A BOLÍVAR Y DEMÁS PATRIOTAS.
Uno de los cambios de la política bolivariana se refiere a dejar de reconocer la legitimidad de la lucha armada como forma de lucha de los pueblos para conquistar su libertad. La lucha armada que desarrollan en Colombia organizaciones como las FARC y el ELN ha pasado a ser considerada por el gobierno de Chávez como “acciones terroristas”, calificando como tales a los miembros de dichas organizaciones revolucionarias.
Pero la lucha armada sigue teniendo plena vigencia histórica, y para no abundar en elucubraciones teóricas, basta con observar la rebelión de los pueblos árabes, en donde las negativas de las élites dictatoriales a dejar el poder está abriendo paso a confrontaciones armadas que configuran prácticamente guerras civiles (como ocurre por ejemplo en Yemen).
En Venezuela prácticamente todos los grupos que han gobernado desde la independencia han recurrido a la lucha armada popular como mecanismo para conquistar el poder político, incluido aquí el propio Chávez, que organizó dos rebeliones militares contra gobierno electos “democrática y constitucionalmente”. José Antonio Páez, José Tadeo Monagas, Antonio Guzmán Blanco, Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, Rómulo Betancourt, fueron todos caudillos populares que en su momento lideraron insurrecciones armadas de fuerzas populares con objetivos revolucionarios (por lo menos, en lo declarativo).
La izquierda revolucionaria también recurrió a la lucha armada en los años 60, en medio de procesos políticos que en otros países conquistaron triunfos históricos, como en Cuba en 1959 y en Nicaragua en 1979. El que hayan fracasado experiencias como la de los Tupamaros en Uruguay (el actual presidente José Mujica fue líder de ese grupo guerrillero), o la propia lucha armada venezolana, no quitan legitimidad histórica a esos esfuerzos por alcanzar una sociedad más justa.
Es peligroso considerar que quienes obtienen triunfos políticos y alcanzan el poder ya sea mediante elecciones o acciones armadas tienen la razón histórica de su lado, y quienes fracasan simplemente no interpretaron el momento y su programa político estaba “desfasado” del sentir popular. La marcha de la historia no siempre le da la razón a quienes profesan las ideas justas y los programas políticos transformadores. Hemos visto como proyectos muy acertados en lo sociopolítico han sido aplastados por las fuerzas de la reacción burguesa, como ocurrió con la Revolución Española en los años 30 del siglo XX, con la experiencia allendista en Chile, o el destino de revolucionarios insignes como Francisco de Miranda, Emiliano Zapata, Pancho Villa, Augusto César Sandino, Farabundo Martí, Ernesto Che Guevara.
Si la razón histórica se midiera por los triunfos políticos, pues Rómulo Betancourt sería el gran paradigma a seguir en Venezuela, y tendríamos que descartar los aportes de personajes como Salvador de la Plaza, Rodolfo Quintero, Gustavo Machado, Argimiro Gabaldón, Simón Sáez Mérida y demás “fracasados” de la izquierda venezolana.
Los triunfos electorales del presidente Chávez, si bien han modificado las relaciones de poder dentro de Venezuela y el resto del continente latinoamericano, no implican que de una vez haya que considerar como “fracasadas” todas las otras formas de lucha que se diferencien de la estrategia que el chavismo ha utilizado desde hace 12 años. La historia no se desenvuelve en una o dos décadas, y la derrota de la burguesía, tanto nacional como internacional, sólo será posible mediante una larga confrontación que además debe ser continental y mundial, no circunscrita exclusivamente al territorio venezolano. Si los triunfos políticos determinaran la justeza de un programa, pues habría que respaldar a la burguesía, si consideramos la historia reciente en la cual han fracasado y colapsado casi todas las experiencias socialistas en el mundo.
Las potencias imperialistas califican de terroristas a los movimientos revolucionarios que luchan contra gobiernos aliados a ellos, y llaman “luchadores por la libertad” a las organizaciones armadas que se enfrentan a gobiernos antiimperialistas. Sucede esto en la Libia actual, pero ha pasado antes en la Nicaragua Sandinista de los años 80, en el Afganistán de los 80 y 90, en Chechenia y otras regiones musulmanas de Rusia, en Kosovo y muchas otras regiones del planeta. Si los imperialista lo hacen, porqué nosotros no podemos hacerlo, en sentido contrario, reivindicando a los verdaderos luchadores por la libertad como revolucionarios, y llamando mercenarios a esas organizaciones fabricadas con dinero imperial que combaten para evitar el desarrollo de revoluciones socialistas y nacionalistas en el mundo.
EN UNA REVOLUCIÓN, LAS RAZONES DE “ESTADO” LAS DECIDE EL PODER POPULAR Y NO LA BUROCRACIA
El gobierno bolivariano ha justificado la deportación de revolucionarios como derivadas de “razones de estado”. Pero resulta que ese argumento sólo funciona dentro de un estado burgués. Un gobierno revolucionario no puede utilizar “razones de estado” desconocidas para la población, no puede recurrir a la “diplomacia secreta” propia de los países burgueses e imperialistas, para justificar acciones difíciles de encajar en el programa socialista bolivariano.
Si las razones de estado se deben a la búsqueda desesperada de la “aprobación” o “visto bueno” del imperio para evitar sanciones como las tomadas por la ONU contra Libia, creemos que difícilmente se puede creer en la palabra de los imperialistas y en los acuerdos con la oligarquía colombiana. En la actual “luna de miel” con el presidente Santos no hay garantías verdaderas, no hay certezas ni siquiera medianas, acerca de que la conducta de la burguesía colombiana se haya modificado con relación a la revolución bolivariana. Para Santos es simplemente una cuestión de acumular fuerzas y esperar mejores momentos para agredir a nuestro proceso revolucionario. De eso no tenemos ni sombra de duda. Igual sucede con los Estados Unidos. Si ahora están muy ocupados con la rebelión árabe, el ataque criminal contra Libia, y la crisis económica profunda que sacude a Europa y USA, se volverán contra nosotros apenas vean la posibilidad de acabar de una vez con un proceso que sólo les trae problemas y que construye enemigos antiimperialistas por toda Nuestra América.
Kadafi desarrolló en la última década una política de apertura política hacia las potencias occidentales. Acuerdos con la Francia de Sarkozy, con la Italia de Berlusconi, con las multinacionales del G-7, no han impedido los brutales bombardeos que cada día asesinan a decenas de ciudadanos en Trípoli y otras ciudades Libias. Kadafi también aplicó por décadas la política de capturar y entregar a los pro-occidentales a combatientes de la causa nacionalista árabe, muchos de ellos de tendencia comunista. Ocurrió en 1971, cuando el carismático jefe del Partido Comunista sudanés, Abdel Khaleq Mahjub, que había buscado refugio en Libia, fue entregado, atado de pies a manos, al presidente Numeiry de Sudán (pro-occidente), contribuyendo a la aniquilación del mayor partido comunista del mundo árabe para ese momento. En 1978, el jefe espiritual de la comunidad chiíta libanesa, el imán Mussa Sadr, desapareció misteriosamente al final de una estancia en Trípoli, durante el apogeo de la guerra del Líbano, decapitando al primer movimiento militante chiíta de los países árabes (Amal).
Si las razones de estado tienen que ver con el narco Makled, pensamos que ha sido también una muy mala decisión, pues desvía el rumbo de la revolución, destruye alianzas con fuerzas revolucionarias a nivel internacional, sin tener garantía alguna de que las supuestas denuncias de Makled contra funcionarios del gobierno bolivariano no hayan sido ya recogidas por instancias del imperio (como se ha afirmado públicamente, que funcionarios estadounidenses interrogaron a Makled antes de que este fuera entregado a Venezuela). En todo caso, la entrega de un narcotraficante jamás podrá equipararse a la entrega de un revolucionario, por más que intenten calificarlo de terrorista.
Cuando el gobierno venezolano se deja llevar por el “código rojo” de Interpol, se está subordinando a un esquema policial internacional controlado totalmente por el imperialismo. En un futuro no dudamos que muchos funcionarios del gobierno de Chávez podrán ser acusados también de terroristas por las fuerzas imperiales y los colocarán en el código rojo de Interpol. Incluso muchos activistas de la solidaridad internacional con la lucha colombiana, de diversos países del mundo, podrían ser reclamados por el gobierno criminal de la oligarquía santanderista, como ocurre actualmente cuando el gobierno de Santos reclama a Chile la captura y deportación de un ciudadano chileno al que acusan de haber estado en el campamento de Raúl Reyes. Con este mecanismo del código rojo usado como justificación para las deportaciones de revolucionarios a Colombia, EL TERRITORIO VENEZOLANO SE CONVIRTIÓ EN UN ESPACIO SUMAMENTE PELIGROSO PARA LOS REVOLUCIONARIOS DE TODO EL MUNDO.
Cualquier activista mundial que visite Venezuela podrá ser requerido por la justicia Colombiana, y el gobierno de Chávez “cumplirá con su deber” de capturar y entregar al “terrorista” solicitado. Estas “razones de estado” que aducen Chávez, Maduro y demás altos funcionarios del gobierno bolivariano no tienen sustento alguno en términos de política socialista y revolucionaria. Sólo sirven como la justificación que puede alegar un gobierno burgués del montón, como tantos que han existido en Venezuela y en toda Latinoamérica.
LA ENTREGA DE REVOLUCIONARIOS A COLOMBIA NO APORTA VOTOS PARA EL 2012.
Para un gobierno como el de Chávez, que ha introducido tantos cambios positivos en las relaciones internacionales del continente, favoreciendo el crecimiento de las fuerzas nacionalistas, antiimperialistas y socialistas que se enfrentan a la dominación imperial, resulta totalmente contradictorio el asumir ahora posiciones como las que tratamos aquí. No existe incluso una situación extrema de peligro inminente que pueda argumentarse en cuanto a la solidez del proceso revolucionario. El mismo proceso electoral de 2012 puede debilitarse por el desarrollo de estas políticas tan contradictorias y antagónicas con lo que venía siendo la revolución bolivariana.
Si es en número de votos, estamos seguros que la revolución bolivariana no gana ni un solo voto por entregar revolucionarios al gobierno colombiano, ni por reconocer al gobierno golpista de Porfirio Lobo y admitir el reingreso de Honduras a la OEA. Más bien, tal vez los pierda, aunque no sean muchos.
¿CUAL DEBE SER LA CONDUCTA DE LOS REVOLUCIONARIOS ANTE ESTA SITUACIÓN?
- Mantener una crítica profunda y decidida, en términos revolucionarios, contra las equivocadas políticas aquí mencionadas que viene implementando el gobierno de Chávez.
- Exigir y presionar para que todos los revolucionarios en cargos principales del gobierno bolivariano asuman públicamente estas posiciones críticas. No se concibe que quiénes participaron en la lucha armada venezolana se callen ahora ante la deportación de revolucionarios a Colombia, por el simple hecho de mantener un cargo burocrático en el Estado.
- Enarbolar la consigna de la gran marcha contra la criminalización de las luchas populares realizada el 7 de junio en Caracas, en donde se exigió el respeto a las críticas revolucionarias y el cese a la censura mediática para quienes critican al gobierno desde las filas del movimiento popular.
- Existen algunas cuestiones más de fondo, como la militancia dentro del PSUV, la participación en el Polo Patriótico, el tipo de relación política entre los movimientos sociales, el Estado y la dirigencia chavista, que deben seguirse debatiendo en cada colectivo y tomar las decisiones que al respecto crean más convenientes.
- Lo que nunca ha estado en cuestionamiento es continuar con una política revolucionaria desde los movimientos sociales organizados, trabajadores, campesinos, pobladores, estudiantes, profesionales, buscando la profundización del proceso revolucionario, combatiendo a los capitalistas y a los burócratas. EL MOMENTO HISTÓRICO QUE SE PRESENTA EN VENEZUELA, AMÉRICA LATINA Y EN TODO EL MUNDO, EXIGE LA ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS FUERZAS POPULARES REVOLUCIONARIAS PARA AFRONTAR LA OFENSIVA DEL IMPERIALISMO GLOBALIZADO QUE PRETENDE ACABAR CON TODAS LAS FORMAS DE RESISTENCIA DE LOS PUEBLOS E IMPONER UN CAPITALISMO AÚN MÁS SALVAJE Y EXPLOTADOR.
