El problema del inquilinato nace en Venezuela, evidentemente de la injusta distribución de la tierra, concentrada desde hace siglos en unas pocas manos, ese fenómeno que en nuestra revolución se ha llamado el latifundio urbano, y que fue silenciado como fenómeno en las décadas de la democracia representativa. Aquí es importante señalar que en vigencia del anterior sistema, se produjo un decreto de estimulación a la construcción de viviendas para el alquiler, mediante el cual se creó un sistema de incentivos para los capitales que se dedicaran a esta actividad, debo confesar que nunca entendí una medida así en un país con menos de 10 millones de habitantes, con pleno apogeo petrolero y con tasas de necesidad social inferiores a las de las décadas de los 80 y 90, era la época de la Venezuela Saudi, del ta`barato dame dos, de las tasas de interés fijas al 6% anual, del dólar a 4,30 bolívares.
Y es que el alquiler de vivienda siempre ha sido un problema social, siempre este contratado ha generado todo tipo de regulaciones en nuestro país, regulaciones de alquiler, limitaciones a la ejecución de desalojos, procedimientos especiales, intervención de organismos administrativos como la Dirección General de Inquilinato, contradicciones entre estos organismos y los tribunales de justicia, y para usted de contar.
Y ese problema es un problema que no tiene fin, al menos mientras exista en nuestro país un sistema que no se base en la construcción de viviendas para la venta, en el cual la actividad dela construcción está en manos de 4 o 5 familias corporativizadas en grandes bancos, constructoras, promotoras inmobiliarias.
Federico Engels hizo un estudio sobre el alquiler, y en este llega a explicar como este se constituye en una herramienta de explotación, creo que esta apreciación es cierta, no desde el punto de vista individual de una persona que alquila un anexo en su casa o que compró una vivienda y la alquiló, esa persona no tiene la idea de fregarle la vida a sus paisanos, sino de obtener una fuente de ingreso. Creo que se constituye en una fuente de explotación desde la perspectiva de la sociedad venezolana, un modo de producción silencioso, como respuesta a la falta de viviendas para la venta, las cuales al tener una demanda sumamente restringida se han disparado en su precio a cantidades tan exorbitantes, que resulta imposible para mas del 50% de la población obtener una vivienda digna, aun trabajando toda su vida; por ejemplo un apartamento de 3 habitaciones, 80 metros cuadrados, suficiente para una familia de 4 o 5 miembros máximo, en la parroquia Paraíso de Caracas nuevo cuesta aproximadamente unos 750 u 800 miles de bolívares, un trabajador obrero gana 1.548,22 bolívares, ¿con unas utilidades legales de 15 días, vacaciones de 15 días y 5 días de salario en prestaciones sociales por cada mes puede llegar a ahorrar para comprar un apartamento de este tipo? Tendría que ahorrar su sueldo mensual en 576 meses esto es, 43 años. Ahora un empleado promedio digamos un TSU, gana unos 4.000 bolívares mensuales, representa 200 meses de salario, es decir 16 años, pero como todos sabemos los financiamientos se dan a quienes pueden pagarlos, y un crédito para ese monto al 8% de la ley de política habitacional implica una cuota aproximada de 5.333 bolívares, los bancos exigen que el solicitante gane por lo menos el doble del monto de la cuota es decir, 10.666 bolívares, cuantos venezolanos pueden pagar ese tipo de apartamentos? Y ¿a donde van quienes no pueden pagar estos créditos?, o a los barrios a invadir, o comprar un rancho, o al alquiler. ¿Y quien alquila tiene posibilidad de comprar un apartamento mas adelante?, ahorrando, diría alguien, pero a cuanto equivale actualmente un alquiler de vivienda, en muchos casos a una cuota de un crédito, claro porque el que compra para alquilar un apartamento lo alquilará en el mejor de los casos al monto de la misma cuota, pero como no hay viviendas en oferta, entonces veremos apartamentos en el este de Caracas en dólares, pues los alquilan empresas, consulados o traficantes, y veremos que esos alquileres vienes a ser en 10.000, 20.000 y así; esto hace una ola de este a oeste, de Caracas a Maracaibo y de Caracas a Guayana, rebotando los alquileres a montos como de una habitación cueste 4.000 bolívares mensuales, la locura colectiva total de un país, sumergido en el monopolio mas absurdo, es la condena de gran parte de la población a vivir sin una vivienda propia, condenados al pago de alquiler de por vida, y en las actuales circunstancias equivalente al pago de una cuota de crédito para la adquisicíon de vivienda.
Es por esto, entre otras razones mas complicadas, que considero al proyecto de Ley una contradicción ideológica, no puede estimularse en nuestro país y en nuestra revolución el alquiler de viviendas, al contrario debe abolírsele, hacer al inquilino propietario mediante el pago del precio de la vivienda que ocupa y paga, destruyendo el origen del problema, la injusta distribución de la tierra y su concentración en manos de unos pocos, establecer que las constructoras tengan la obligación de construir viviendas para alquiler, es como obligar al ladrón a robar, no tiene sentido; la solución está en hacer que se invierta en construcción de viviendas, obligar a los bancos a financiar proyectos de vivienda, a las alcaldías y municipios a establecer las variables urbanas claras y precisas donde se construirán nuevos urbanismos, a desarrollar vías públicas y medios de transporte masivo entre ciudades, para desconcentrar los centros sobrepoblados, nuestros barrios, la urbanización de nuestros barrios una vez desconcentrados, es allí donde debe estar la acción revolucionaria, no en la estimulación de viviendas para alquiler.
Sobre el contrato de alquiler de viviendas debe ser propuesta revolucionaria su abolición, incorporar en la ley un lapso de 2 a 5 años para que los inquilinos adquieran la propiedad de la vivienda donde se encuentren, incluso hacer una excepción de pago de impuesto de documentos y que esa sea declarada la vivienda principal del inquilino, y su inscripción en el catastro municipal y cambio de titularidad de servicios públicos, de manera que el proceso de transferencia de la propiedad sea completo, siempre y cuando el alquiler sea licito de acuerdo a la ley vigente al momento de su firma, porque existen alquileres de viviendas que son ranchos y la ley prohibe su alquiler, en esos casos ambas partes, poprietario del rancho e inquilino son victimas de la misma circunstancia de inusticia social, ambos deben ser reubicados a la brevedad para una vivienda digna y propia.
El problema de la vivienda
debe resolverse con soluciones de fondo, estructurales, radicales, como
lo ha hecho nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, con la Misión
Vivienda, es allí donde está la solución, no creando viviendas para
alquiler.
