Desde finales del año 2012, se comenzó a mencionar en las reuniones de trabajo de Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU, creada en 1970), de la necesidad de sincerar las nóminas del personal adscrito al Ministerio de Educación Superior, con el fin de crear un banco de datos que sirviera de referente para estimar el costo de un nuevo presupuesto universitario que contemplara la creación de nuevas plazas de trabajo que vinieran a satisfacer las inmensas necesidades de talento humano a exclusividad del sector universitario para encarar un compromiso sostenido de una educación superior de calidad.
En este sentido, la admisión de nuevo talento humano comienza por corresponder a un proceso de sinceración de la nómina abierta y cerrada, de cada casa de estudio; hay la necesidad de admisión de nuevo personal pero desde una óptica de la excelencia, la vocación y el interés de concurrir a una experiencia laboral que garantice el desenvolvimiento de un proyecto nacional de formación integral y productiva, y no en seguir cultivando el vicio de docentes y personal administrativo que sólo alcanza a ver la universidad como un centro de operaciones para sus bajezas humanas y sus proyectos particulares. Como estudiante tuve la suerte (en la Universidad de Los Andes de la década de los ochenta), de contar con docentes comprometidos con su cátedra, con su ejercicio profesional. Hoy día se alcanza a ver, en las nuevas generaciones, personalidades en el ámbito universitario que cultivan ese valor y esa grandeza vocacional, pero también existen esos fantasmas que logran entrar a las universidades solamente a cultivar estiércol y hacer de algunas experiencias académicas, un verdadero martirio de ignorancia e insensatez. De todo hay en la “viña del Señor”, pero ya es tiempo, y “el tiempo de Dios es perfecto”, de matizar un camino diferente al sector universitario, dado que es un amplio sector humano cuyas decisiones y producto (que es el conocimiento), es de vital importancia estratégica para el proyecto de país de Derecho y Justicia Social que se anhela.
Esta realidad del sector universitario tenía que comenzar por algún lado ese proceso de depuración; por esta razón, se crea el Sistema Único de Certificación y Registro de Trabajadores Universitarios (SucreTu), el cual no es más que “…la plataforma que coadyuvará a promover la eficiencia y eficacia de los procesos relacionados con el talento humano de las Instituciones de Educación Universitaria (IEU), cumpliendo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional en el marco de e-gobierno y facilitando la actualización de datos de las trabajadoras y trabajadores del subsistema de educación universitaria…” (Documento Oficial, 2013)
Es importante detenernos en esta definición institucional que se le da al SucreTu. Antes que nada es un “Sistema Único de Certificación y Registro”; es decir, se constituye un referente de descentralización multicéntrica, es decir, se confiere a las universidades e instituciones de educación superior, el llamamiento a su personal consecuente y activo, y se unifica a un sistema central de identificación y control de este personal, para los efectos de planificación y presupuesto que concrete, en un corto y mediano plazo, la adjudicación de beneficios y estabilidad laboral a cada uno de quienes, por reconocimiento de la institucionalidad universitaria, hacen vida laboral en el sector universitario. Ya la clasificación en cuanto a beneficios directos se refiere, obedecerá a la disponibilidad económica que se pueda ir incrementando al presupuesto. Lo cierto es que al darse este paso no hay excusa para no ocupar nuevas plazas formales de trabajo en el ámbito universitario. La figura del “docente libre Contratado”, pasa a ser sustituida por “docente universitario a tiempo completo o docente universitario a tiempo convencional”. El registro central de estos trabajadores da por hecho su inclusión en los beneficios del Sistema Social venezolano.
En el mismo sentido, y profundizando los alcances del concepto o finalidad del SucreTu, se esgrime que es una “…plataforma que coadyuvará a promover la eficiencia y eficacia de los procesos relacionados con el talento humano”; es decir, al dársele membrecía formal al trabajador universitario, se promueve un nuevo espacio en donde la educación permanente, la asistencia técnica y las posibilidades de superación académica, no son ya un asunto personal, sino una responsabilidad de las universidades hacia el personal que ellas, de manera autónoma, han avalado como personal que hace vida laboral en el sector universitario. En una palabra, quienes estén registrados en el SucreTu, ya no sólo tienen la posibilidad de hacer maestrías o doctorados, es deber de la universidad que le ha avalado su presencia como docente o personal administrativo, incluirlo en los programas respectivos de estudio y responder por sus costos, tal cual han respondido por quienes están inmersos en el sector universitario con la figura de “docente o personal de planta”. No puede haber equivocación en este aspecto, aunque no tardará algún “leguleyo” jurista, en decirme que eso no es vinculante: ¿cómo no puede ser vinculante una acción de reconocimiento de que alguien, o un grupo determinados de personas, están sujetos a un marco institucional determinado? En el acto de ese reconocimiento, exista o no formalidad alguna hecha, ya es tácita la relación y el derecho de la membrecía a ser parte de los beneficios que oferta esa institucionalidad. ¿Qué no hay recursos para satisfacer ese derecho? Está bien; se acepta esa realidad, pero no se renuncia a ese Derecho. Eso se conoce, estimado lector, como Equidad; eso es Justicia Social.
Y termina el descriptivo de definición del SucreTu, diciendo que este registro se hace “…cumpliendo con lo establecido por el Ejecutivo Nacional en el marco de e-gobierno y facilitando la actualización de datos de las trabajadoras y trabajadores del subsistema de educación universitaria”. ¿Qué se quiere decirse con esto? Que el Gobierno Nacional ha instituido la necesidad, en el sector laboral, de eliminar la tercerización y por ende la figura de subcontratación, por ser violatoria de los derechos humanos. Cuando una autoridad se dirige a su personal administrativo, obrero y docente, en el ámbito universitario como personal fijo y personal contratado, lo hace siguiendo un esquema formal de temporalidad del compromiso laboral, pero no discrimina en cuanto a pago, beneficios y ascensos; sin embargo, las universidades nacionales caen en ese error jurídico y legal, y no pasa nada porque no hay denuncias formales, pero es una situación irregular, no cónsona con el respeto a las leyes y al derecho que cada ciudadano y ciudadana tiene. La gran excusa es que hay un Reglamento Interno, y es precisamente en ese Reglamento que se da el gran exabrupto de violentar la Constitución y las directrices de acción del Estado. Los Reglamentos de las universidades no están en sintonía con el marco jurídico laboral vigente, por lo tanto son nulas sus actuaciones, porque un Reglamento no puede estar por encima de las leyes Macro que orientan la vida civil de una Sociedad.
SucreTu, es un registro que está al servicio de las trabajadoras y trabajadores universitarios, dándole protagonismo y creando condiciones para un proceso de revisión y actualización de sus datos, lo que repercute en la consolidación de la nueva institucionalidad y acercando el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria a las universidades; ya queda de parte del liderazgo universitario y de las autoridades comprometidas con el proceso de transformación revolucionaria, hacer valer la Justicia Social por tanto tiempo mancillada y vulnerada a quienes desde las universidades, con humildad y apego a la vocación, hemos servido al país y a su consolidación democrática.
*.-azocarramon1968@gmail.com
