El sábado 2 de octubre, miles de localidades pararon"por su pueblo". Fue la acción simbólica de la España vaciada para exigir la aplicación de unas medidas de emergencia que se resumen en el llamado plan "100/30/30". Son propuestas sencillas pero muy reveladoras de las enormes carencias que empujan a la emigración interna. La primera, que todos los pueblos dispongan de internet a una velocidad mínima de 100 MB simétricos; la segunda, que toda la población se encuentre a un máximo de treinta minutos de viaje del acceso a los servicios básicos, y finalmente la tercera, que no haya una distancia superior a los 30 kilómetros a una vía de alta capacidad. Una movilización reflejo directo del abandono que la pandemia no ha hecho más que acelerar al ritmo del desmantelamiento de la sanidad, la educación o las conexiones ferroviarias.
De los problemas en el tren van los paros de los maquinistas, que se alargarán hasta pasado el puente del 12 de octubre. El Semaf (sindicato de maquinistas) reclama más trenes (no se ha vuelto al número de los que circulaban antes de la pandemia) y más conductores (ahora en Renfe hay 5.250, 235 menos que en 2019). Se trata de un conflicto lleno de aristas en el que se mezclan y confunden cuestiones. La falta de trenes y maquinistas resulta palmaria, ya que la compañía está empeñada en el desmantelamiento del servicio público ferroviario. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con la transferencia a las comunidades de la competencia ferroviaria. Al contrario, precisamente esa aproximación directa del tren al territorio representa una potente base a favor de su mantenimiento como servicio público esencial que, lamentablemente, un sindicato corporativo no siempre entiende. La división sindical en Renfe es un obstáculo objetivo para llegar a la población y que esta apoye la lucha común a favor de un transporte público y de calidad.
La unidad y la lucha constituyen precisamente los instrumentos básicos sobre los que se ha construido la victoria de Tubacex tras casi ocho meses de huelga. Hay satisfacción sindical. Un ERE de 129 despidos ha quedado sin efecto. Existe además garantía de inversiones y de empleo. Ciertamente, la jornada subirá 40 horas al año. Ahora bien, nada puede empañar lo que se ha logrado.
Paran de nuevo en Alcoa, en San Cibrao. Cinco días llevan ya de huelga indefinida. Cuatro mil toneladas de aluminio no han podido salir debido a la movilización. Está en juego la continuidad del empleo en toda la comarca. La moral sigue alta. La huelga interpela al gobierno del reino y al de la Xunta, que callan.
Huelga también en la banca, en el Sabadell. El próximo miércoles y viernes la plantilla va al paro contra el plan de despidos presentado por la patronal.
Movilizaciones duras y largas que demuestran la grieta que la pandemia está dejando por todas partes. La voracidad del gran capital por salvar beneficios y reorganizar sectores es enorme. Los escudos sociales y las medidas del gobierno de coalición progresista, en plena negociación presupuestaria, se quedan muy cortas ante la urgencia de las necesidades en salud, empleo, educación, vivienda o igualdad. La derecha aprieta aun en el esperpento de la convención itinerante de Casado por el reino. En Valencia, durante el último día, el líder del PP proclamó que si llega a la Moncloa, lo quitará todo: memoria democrática, igualdad, negociación con Catalunya, muerte digna, interrupción del embarazo, etc. Un programa profundamente reaccionario que debe encontrar en la movilización y la unidad el muro que lo frene.
