La reforma laboral pactada por el gobierno con CEOE, CCOO y UGT que modifica, aunque no deroga, la brutal contrarreforma del PP de Rajoy llega, con sus cosas buenas y malas, al Congreso de los diputados para su votación. Será el próximo jueves, pero a día de hoy, el gobierno PSOE-Unidas Podemos no tiene aún comprometidos los votos necesarios para sacarla adelante.
Por la insuficiencia de lo pactado en la mesa del llamado "diálogo social", los sindicatos mayoritarios vascos y gallegos convocaron importantes manifestaciones el pasado fin de semana en la Comunidad Autónoma Vasca y en seis ciudades gallegas.
Pero ¿por qué parece ir tan mal un asunto central y sentido, básico en el pacto de gobierno de coalición progresista y posteriormente ratificado en el documento que suscribieron en el Congreso PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu?:
En primer lugar, para negociar la derogación de la reforma laboral no se ha empleado el respaldo popular, los millones de votos que se tradujeron en escaños en 2019 y que hoy permiten que, en ambas cámaras, haya una clara mayoría parlamentaria a favor de una derogación sin paliativos.
En segundo, se ha establecido un marco de negociación en el que los grandes empresarios (la CEOE) tienen derecho de veto. Razón que ha impedido la derogación real o que muchas otras cuestiones fuesen modificadas.
Y porque, además, la "mesa del diálogo social" nació coja. De un lado, debido a que el gobierno antepuso la voluntad de la gran empresa sobre cualquier otra. Del otro, por su propia composición. En ella no solo estaban ausentes otros representantes del empresariado (por ejemplo, la economía social) sino, y de manera muy especial y clamorosa, los sindicatos mayoritarios de Galicia (CIG) o del País Vasco (ELA y LAB).
Es innegable que los cambios firmados mejoran aspectos de la contratación y el salario de convenio, y que favorecen, especialmente, a los sectores más desprotegidos de los trabajadores. Pero todo ello dentro de un marco legal claramente favorable a la patronal que se mantiene a pesar de que hay mayoría para su modificación.
BNG, EH Bildu, ERC y CUP han realizado una declaración conjunta en la que piden que el Decreto Ley de la reforma laboral se tramite como Proyecto de Ley a la par que solicitan diálogo y negociación al gobierno. Diálogo y negociación para poder incluir en dicha reforma mejoras hasta ayer compartidas por PSOE y Unidas Podemos: prevalencia de los convenios provinciales y autonómicos, autorización administrativa previa de la autoridad laboral en la tramitación de los ERE, atajar el descuelgue salarial en los convenios, recuperar la indemnización por despido a 45 días, limitar la movilidad geográfica o reorganizar la jornada laboral.
Sostiene Yolanda Díaz que no se puede estar en contra de un acuerdo que mejora las condiciones de trabajo. Sin duda, y por esa razón es todavía más incompresible que no se abra la negociación a quienes en la izquierda parlamentaria y el sindicalismo de clase así lo piden. ¿Cómo se puede hablar de la soberanía popular y de su expresión (el parlamento) y a la vez negarse a que éste haga su trabajo? ¿Cómo se puede rechazar que se mejore una ley? Si el jueves no es posible "tocar una coma" del texto, el gobierno acabará tocado y la oligarquía, a la que nadie vota, avanzará un pasito más en su dominio sobre nuestras vidas y nuestra política.
