Enero ha sido el mes de las protestas salariales de los maestros y los trabajadores venezolanos en general. La persistencia, la combatividad, la gran participación de personas y la extensión de estas manifestaciones a prácticamente todas las ciudades del país, han sido las notas predominantes. Otro rasgo característico de esta gran movilización ha sido su independencia respecto a la figuración de partidos políticos de las diferentes oposiciones existentes. Ha sido un acierto el mantenimiento de la identidad reivindicativa de las movilizaciones masivas, en un país donde el mecanismo chantajista de la polarización había callado la voz de un descontento masivo ante las deplorables condiciones de vida producidas por la crisis. Este es uno de esos casos en que la lucha reivindicativa es, por sí misma, un hecho político, donde la formación de una "vanguardia" se da en la lucha misma, y no desde su exterior: un grupo de supuestos "esclarecidos" líderes.
La respuesta del gobierno, el patrono por excelencia, ha sido indigna e ineficaz. En general, ha consistido en manipular, sobre todo, a su decreciente militancia, que es la única audiencia que le va quedando, recurriendo al mecanismo de la polarización política. Por una parte, ha intentado la descalificación de la masiva participación y movilización, asimilándolas con las marchas y "guarimbas" subversivas, "insurreccionales", de los años 15 y 16. Incluso ha inventado que forma parte de los planes de una desconocida "Think Tank" norteamericano. En la misma línea ficticia, ha recurrido a la burda e irrisoria acusación de "agentes de la CIA" a los dirigentes sindicales. Otra modalidad de respuesta ha sido la de reconocer en principio la justicia de las demandas, pero desvirtuarlas porque deben acompañarlas con la exigencia de la derogación de las sanciones económicas norteamericanas. Es más, han llegado a condicionar cualquier mejora salarial al levantamiento de esas medidas coercitivas. Dicen los voceros oficiales que, simplemente, no hay real para dar esos aumentos porque ese dinero lo han retenido en Inglaterra; ante lo cual, la respuesta generalizada ha sido contrastar esa supuesta imposibilidad con la ostentación de riqueza que hacen algunos altos funcionarios y empresarios "enchufados", colocando como ejemplo por antonomasia, la entrada que pagó uno de ellos para un concierto de Eros Ramazzotti ($5000). Parece que el discurso oficial solo puede ser, o amenazas e insultos, chantajes, o simples mentiras.
Hasta ahora, el gobierno no ha recurrido mayormente a la represión, salvo la persecución y acoso a algunos dirigentes sindicales. Saben (cualquiera sabe) que la represión tendría una respuesta contraproducente para ellos: la exacerbación de los ánimos, más audacia en las movilizaciones e, incluso, la negativa a reprimir de parte de algunos agentes que se identifican con la demanda social. Todo ello justo cuando las Naciones Unidas acaban de exigir que se cumpla el respeto a los Derechos Humanos. No creo que se pueda contar con el desgaste puro y simple de las acciones de protesta.
Hace poco, el economista José Guerra, miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, sacó unas cuentas, tomando en cuenta los supuestos ingresos fiscales actuales del Estado venezolano, que totalizarían 28700 millones de dólares, lo cual permitiría un aumento del salario mínimo de los empleados públicos a $100. Agregó a sus cuentas Guerra, que tal aumento debe ir acompañado de toda una política económica que propenda a la estabilidad y al crecimiento.
Por supuesto, cualquier sindicalista de cierta experiencia sabe que la factibilidad misma de realizar conquistas de aumento salarial, depende de la contabilidad del patrono. En este caso, no se trata de un ente privado, sino del Estado venezolano, por lo que, efectivamente, cualquier decisión de este debiera considerar el presupuesto nacional, los ingresos estatales, además de estar enmarcada en un conjunto de políticas que enrumbarían a toda la economía nacional. Esta consideración es sensata. Es cierto que la tan golpeada, violada y rasguñada Constitución establece que debe garantizarse un salario digno a los trabajadores, capaz de adquirir la canasta básica. Pero, sin un respaldo en la realidad, cualquier formulación jurídica queda únicamente en aspiración. Esto último es válido para cualquier promesa constitucional.
De modo que es pertinente dar la discusión acerca de la factibilidad económica del aumento. Aquí es donde el debate se torna esotérico, solo accesible a especialistas de economía. Saltan al ruedo propuestas como la indexación de salarios. Ese es todo un tema que merece una extensa discusión que no daremos en este momento. Prometemos analizar la indexación en otros artículos. Igualmente, se indica que todo debe canalizarse de manera tripartita, como recomienda la OIT, lo cual amplía la distancia entre la burocracia sindical y las bases trabajadoras. Pero llama la atención que no se haya reparado en dos aspectos adicionales que, para mí, son fundamentales.
Uno, es la inexistencia de un plan, programa o proyecto de desarrollo. Desde hace tiempo, pareciera que esto ha sido sustituido por planes de emergencia o de contingencia para mantenerse en el poder y sostener el funcionamiento del estado, en medio de las limitaciones determinadas por las sanciones económicas norteamericanas. Vale destacar que para los voceros oficiales, no hay ninguna otra causa de la crisis económica venezolana que las medidas coactivas económicas tomadas a partir de 2019; aunque los discursos y decisiones del propio Presidente indiquen que, sí, hubo monstruosos errores de política económica desde, por lo menos la muerte de Chávez, por lo cual se justifica el "gran viraje" a políticas de ajuste capitalistas, recomendadas muchas de ellas por economistas neoliberales.
Remítase el lector acucioso a las referencias presidenciales de 2018 a la necesidad de mantener un equilibrio fiscal, por ejemplo (aunque fue mucho más allá; habló de "déficit cero", cuestión claramente inalcanzable que indica, nuevamente, la compulsión a mentir de Maduro), la decisión de "dolarizar" de golpe y porrazo, frente a la ineficacia de las medidas de control de cambio desde 2013; las decisiones de privatización y estímulo a las inversiones extranjeras, y un largo etcétera. Esas decisiones y políticas oficiales se presentan como de "emergencia", no como un programa de desarrollo, aunque Maduro siga prometiendo el "despegue económico" cada vez que tiene ocasión de mentir, o sea, cada vez que tiene un micrófono enfrente. Por lo demás, nadie se acuerda del "Plan de la Patria", ese rosario de buenas intenciones que sirvió en su momento para las campañas electorales y para darle cierto barniz programático al chavismo.
El otro aspecto que ha faltado en todo este debate, es la significación de la educación en cualquier proyecto de país que se tenga. Esto es lógico: como no se sabe qué país se quiere, no se tiene n.p.i acerca del tol de la educación en ese proyecto. Las declaraciones de la ministra pasarán a la historia de este país, como de las más sangrientamente pintorescas y sinvergüenzas que se hayan dado jamás. La crisis de la educación de este país no es de ahorita; pero, en todo caso, indica una gran subestimación por parte del gobierno. También el motivo de una de las más grandes estafas de todos los tiempos.
Cuando Chávez el único objetivo relacionado con la educación ha sido masificar, aumentar matrículas, sin garantizar para nada las condiciones mínimas de calidad (infraestructuras, mecanismos de evaluación institucional, profesionalización, conexión con la ciencia y la tecnología, etc.). No es de ahora las escuelas sin mantenimiento, el desprecio hacia el maestro mostrado por su remuneración, la falta de materiales didácticos, las fallas en las materias claves (matemáticas, física, química y biología), la pérdida de valores y conocimientos históricos y cívicos, la escasa lectura, la nula capacidad de investigación y capacitación permanente, etc.
Esta descalificación de la educación, que se profundizó aún más con Maduro, en medio de un sistema mundo donde el conocimiento ha sido caracterizado como la principal fuerza productiva, constituye ciertamente un crimen de lesa patria. Es garantizarnos la pobreza y el atraso, un rol de mero suplidor de materias primas, de saqueo de nuestras riquezas naturales, principalmente las no renovables, justo cuando el mundo entero entra en una nueva revolución científico tecnológica.
Si bien, la lucha de los maestros es económica, por un sueldo digno, tiene proyecciones mucho más trascendentes. Estamos hablando de la educación, de las próximas generaciones, del futuro. De lo que queremos hacer con el país en este siglo. De parar en algún momento la caída hacia la indigencia nacional.
