Estimado Ministro:
Como es de su conocimiento, cada año desde las diversas zonas educativas del país se determinan las necesidades de nuevos docentes, como producto del aumento del número de estudiantes, así como de la remodelación y construcción de escuelas y liceos en todo el país; sin olvidar la sustitución propia de docentes por motivo de jubilación de quienes concluyen sus responsabilidades laborales, bien sea por condiciones de servicio y en menor medida por incapacidad física.
En tal sentido, las direcciones regionales de Recursos Humanos durante los meses de septiembre y octubre de cada año envían al Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE), tales movimientos, lo que año tras año se realiza sin ninguna alteración dentro de la planificación presupuestaria y operativa; no obstante, este año, a raíz del decreto publicado en Gaceta Oficial Nº 38.146 de fecha 24-3-2009, en el cual el presidente Chávez ordena la “Eliminación del Gasto Suntuario o Superfluo del Sector Público Nacional” y el artículo 3º de esta gaceta señala que debe realizarse un “ajuste de la nómina del personal contratado”; algunos tecnócratas, ignoro si de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) o del propio MPPE, han decidido dejar cesantes a más de 38.000 docentes (entre nuevos ingresos y complemento de horas), cuyas credenciales no sólo han sido otorgadas por las zonas educativas en los meses descritos de 2008, sino que paralelamente, algunos de ellos recibieron sus pagos antes de finalizar tal período fiscal.
Sobre el personal contratado, en oportuno aclarar que la misma gaceta Nº 38.146, establece que quienes deben ser objeto de tal “ajuste” son los contratados de alto nivel; además quienes ingresan al MPPE, sólo logran este paso por la vía del contrato (mal llamados “interinos”). Semejante decisión de eliminar el ingreso de estos docentes, pese a las contrataciones de los profesionales provenientes de la Universidad Bolivariana de Venezuela – Misión Sucre, dejaría a muchos niños y niñas sin maestros(as) ni profesores(as) y algunos tendrían que abandonar sus aulas, con los inconvenientes sociales y educativos que una medida de este tipo traería para el avance de la educación.
Algunos “tecnócratas” han afirmado que en esos docentes (la mayoría lleva seis meses de servicio sin percibir salario) existe una cuota política y burocrática. De ser así, pues que realicen las auditorias correspondientes; pero eso no excusa que una decisión de tal magnitud afecte la educación en su conjunto, sin tampoco tomar en cuenta las propias palabras del Presidente de la República , en la cuales señaló que el gasto social no sería “tocado”; para lo cual bastaría la siguiente interrogante: ¿Existe algo más social que la educación?
La salida de los tecnócratas es botar a estos docentes sin pagarles y sin rendirle explicación alguna. Nada más antihumano y capitalista. Para tales funcionarios el Interés Superior del Niño(a) es una utopía. Todo lo descrito lo realizamos conforme con lo establecido en el artículo 275 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el propósito que sea rectificada tan nefasta decisión.
