El análisis sobre los resultados de las recientes elecciones parlamentarias o de cualquier proceso eleccionario, siempre lleva como interrogante puntual: ¿Quién(es) ha(n) sido derrotado(s)? ¿Quién(es) ha(n) sido victorioso(s)? En primer lugar, no puede ser desapercibido el reconocimiento al Consejo Nacional Electoral (CNE) como árbitro confiable, garantista del respeto de la voluntad de los electores (independientemente de la tendencia política de sus integrantes) y, la certeza que tenemos un sistema computarizado de última tecnología en el procesamiento de votos, cuyos resultados son incuestionables. Asimismo, la participación superior del 65% del electorado revela que precisamente la confiabilidad en el órgano rector es un punto tan aceptado, del cual nadie tiene argumentos para continuar diciendo que vivimos en una “dictadura”.
En segundo lugar, está el resultado electoral, el cual en honor a la verdad, el hecho de que las fuerzas revolucionarias hayan obtenido la mayoría en la Asamblea Nacional, sin haber alcanzado la meta de los dos tercios (110 diputados) se convierte en un “triunfo derrotista”, mientras que para los sectores opositores en una “derrota triunfal”.
Sin ánimo de sentimientos de frustración, hay que evaluar seriamente que en los estados Zulia, Táchira, Anzoátegui y Nueva Esparta (aquí por obligación, no por liderazgo del “representante” del voto lista), fuimos prácticamente barridos. En estos cuatro estados (según datos página electrónica CNE), las fuerzas opositoras obtuvieron 28 diputados (más de tercio de su representación) contra siete del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). En el caso de los dos primeros estados (soy del Táchira), creo que el Ejecutivo Nacional en su política de confrontación (con razón o sin ella) con el ex –presidente colombiano Álvaro Uribe resultó muy inconveniente, fundamentalmente porque allí en esos espacios geográficos se vive del intercambio comercial con el hermano país; y la situación de los últimos dos años ha sido de permanente deterioro económico en la región, lo cual aunado a los problemas de secuestros, guerrillas y paramilitarismo, ha generado consecuencias que han afectado la calidad de vida de la gente. En los otros dos estados, percibo muchas promesas incumplidas, ineficacia en la gestión pública (sobre todo en vivienda, infraestructura y electricidad), y por supuesto, mucha soberbia y prepotencia de sus “máximos líderes revolucionarios”, (irónicamente en Nueva Esparta del diputado electo), lo cual termina dividiendo y desmotivando a las bases del partido. Tampoco puede obviarse, las muy contadas visitas que ha realizado el presidente Chávez a ambas entidades; las cuales, por lo menos en Nueva Esparta se limitan a tiempos electorales.
Por último, la oposición no puede arrogarse este resultado electoral como parte del éxito de sus electos(as) “diputados(as)”. Quienes votaron en contra de las fuerzas revolucionarias, lo hicieron como parte de ver un trabajo ineficaz de los diputados salientes, quienes han callado ante evidentes hechos de corrupción de altos “funcionarios” (nunca servidores) públicos. Votaron contra la burocracia. Votaron contra la desconfianza ante las policías, fiscalías del ministerio público y tribunales que lucen inertes ante los delincuentes y asesinos de miles de compatriotas. Pretender decir que ellos son el “nuevo liderazgo”, es creer que Chávez está “derrotado”.
En el caso de las fuerzas revolucionarias, debería haber una sustitución inmediata de todos (absolutamente todos), los cargos de gerencia pública, cuando menos de los estados mencionados, así como la revisión de todas las directivas estadales del PSUV, quienes hoy son los responsables de que figuras mediáticas (sin descalificación personal), como el periodista Miguel Ángel Rodríguez (RCTV) y María Corina Machado (Súmate), así como copeyanos y adecos de una escuela corrupta, ineficiente y golpista como Enrique Mendoza y Henry Ramos Allup (parlamento latinoamericano), respectivamente, hoy estén en la palestra legislativa.
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