Es sabido también que una característica de dicho conflicto armado ha sido la extensión de sus efectos a territorio venezolano, así como la incorporación de la actividad narcotraficante en todos los actores político militares que pugnan en el vecino país, afectando por igual a las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a los grupos paramilitares que persisten luego de la supuesta desmovilización que tuvo lugar durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe y al propio Estado colombiano, cuyas vinculaciones a este delito están evidenciadas en múltiples estudios imparciales y los constantes escándalos que afectan a buena parte de su clase política.
Como elemento adicional, es conveniente señalar que particularmente en las zonas de frontera, la actuación de grupos irregulares colombianos, tanto guerrilleros, como paramilitares y cualquier otra clase de bandas criminales se ha convertido en un auténtico suplicio para la población civil, que debe soportar la presión de los mismos, presenciar crímenes espantosos, aceptar la imposición de normas sociales autoritarias y contrarias a nuestro estado de derecho y de justicia, pagar extorsión y ver como nuestra soberanía nacional es vulnerada sin que nada ni nadie haga algo realmente efectivo al respecto.
En estados como Apure, Barinas, Táchira y Zulia, la presencia de la guerrilla colombiana como autora de secuestros a ganaderos, empresarios y comerciantes es un problema de muy vieja data, quizá de varias décadas, así como también la práctica de la extorsión, la intimidación a la población civil y cualquier otra cantidad de actividades al margen de la ley y el hostigamiento constante contra unidades militares venezolanas, que han sido víctimas de ataques criminales como el de Cararabo (1994), entre muchos otros, basta hacer una breve revisión hemerográfica para percatarse de esto.
Para empeorar la situación, a partir del principios de la década del 2000, con la expansión de la organización narco paramilitar colombiana, Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), al oriente neogranadino y posteriormente al occidente de Venezuela, a fin de controlar espacios vitales en la frontera común para la exportación de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, se introduce este nefasto actor del conflicto armado colombiano en nuestro territorio, con consecuencias deplorables.
La agudización de la violencia en el vecino país como consecuencia de la aplicación del Plan Colombia y el Plan Patriota que es su componente militar, también ha generado una alta cantidad de desplazados hacia nuestro territorio, los cuales se han constituido en una carga social para Venezuela y una fuente de penetración de paramilitares, cuya misión es vulnerar la soberanía nacional y servir a intereses bastardos tanto de la élite gobernante colombiana, como de sectores económicos y políticos inescrupulosos venezolanos que por sus acciones se podría sospechar con bases firmes que se han vendido a estas agrupaciones criminales colombianas para lograr sus propósitos, con consecuencias impredecibles de las cuales a la larga ellos mismos terminarán siendo víctimas.
Fue entonces cuando en poblaciones relativamente tranquilas, como San Cristóbal, la otrora “ciudad de la cordialidad”, en la jerga habitual de sus habitantes se introdujeron vocablos que antes eran ajenos a nuestra realidad, tales como: “sicariato, paracos, traquetos, los duros, guerrillos”, entre otros que son propios de la lamentable realidad que ha tenido que vivir el pueblo colombiano durante más de cuatro décadas y que han dejado como resultado una sociedad corrompida, una economía distorsionada controlada por el narcotráfico, una clase política delincuente enquistada en el poder, millones de muertos, lisiados, desaparecidos, torturados, y una cultura de muerte y violencia que parece no tener arreglo, por lo menos en el corto plazo.
Igualmente, las bandas narco paramilitares colombianas, o “paracos” son responsables de la organización de redes de tráfico de droga, extorsión a comerciantes grandes y pequeños, algunos empresarios y hasta a los taxistas de líneas organizadas bajo amenaza de muerte, el robo de vehículos, asesinatos por encargo y contrabando de gasolina y alimentos, entre muchos otros delitos que han perjudicado considerablemente la situación de seguridad en buena parte del territorio nacional.
No obstante, ha sido considerable el esfuerzo del gobierno nacional realizado en los últimos años para contrarrestar el accionar de todos estos grupos indeseables en nuestro país. Nada más en el año 2010 las autoridades venezolanas detuvieron 17 presuntos capos de la droga, deportando a varios de ellos que estaban solicitados por la justicia de otros países.
Asimismo van varias decenas de cabecillas y militantes de la agrupación narco paramilitar colombiana o banda criminal (Bacrim), como se le conoce en el país vecino, Águilas Negras, detenidos en los estados Táchira, Barinas y Zulia, conseguidos en flagrancia cometiendo delitos en territorio venezolano y otros acusados de graves crímenes, como el asesinato del alcalde del municipio Panamericano del estado Táchira, Lluvane Álvarez, del PSUV, quien murió en un atentado organizado por unos sicarios pertenecientes a esta agrupación delincuencial.
Otros cabecillas de las Águilas Negras fueron capturados en la población fronteriza de San Antonio, estado Táchira, cuando en una operación comando habían cerrado un centro comercial y exigían por concepto de extorsión fuertes sumas de dinero a los propietarios de los locales. Afortunadamente una comisión mixta de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Ejército Nacional Bolivariano, logró neutralizar a los criminales extranjeros, detenerlos, incautarles varias armas de fuego y explosivas, drogas, vehículos y ponerlos a las órdenes de la Fiscalía del Ministerio Público.
El mismo tratamiento han recibido algunos cabecillas de las guerrillas de las FARC y el ELN, este año han sido capturados y deportados siete presuntos irregulares, quienes han sido deportados a Colombia, porque tienen cuentas pendientes con la justicia de ese país.
Es preciso señalar que más allá del “corazoncito” ideológico que el lector pueda tener, son organizaciones comprometidas con el narcotráfico internacional, las cuales no pueden ni deben tener ningún tipo de consideración por parte del gobierno venezolano, a menos que quiera ser acusado con razón, por parte de gobiernos extranjeros y la oposición venezolana de cooperar con los mismos, hecho que ha generado en el pasado situaciones incómodas en el plano internacional e intentos diplomáticos por deslegitimar al presidente Hugo Chávez y dar pie una agresión contra nuestro país.
Además, si existe realmente la intención de fortalecer la soberanía nacional, garantizar el goce de sus derechos constitucionales a la población venezolana, su tranquilidad y seguridad, es un deber imperante expulsar de forma definitiva de nuestro territorio a todos estos grupos irregulares y narcotraficantes colombianos, sin distinción de ningún tipo, ya que lo único que han hecho es trasladar a Venezuela su nefasto legado de criminalidad, la cual se ha cobrado la vida de no pocos compatriotas y el bienestar de comunidades enteras, además de poner en tela de juicio el prestigio del Estado venezolano.
En ese sentido, si Chávez decide deportar al ciudadano colombiano, Joaquin Pérez Becerra, estaría actuando apegado al derecho internacional y los acuerdos suscritos con el vecino país, legitimaría su gobierno, constituiría un acto de defensa de la soberanía nacional y de respeto a la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, razón por la cual más allá de razonamientos político ideológicos, debería ser respaldado en esta acción por los ciudadanos.
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