Otro país latinoamericano se ha puesto en pie de guerra en las últimas semanas. Tras las recientes movilizaciones en Bolivia contra el presidente Carlos Mesa por su política de ataques a los trabajadores, de privatización y de connivencia con las multinacionales del petróleo que saquean los recursos del país, ahora le ha tocado el turno a Ecuador. Lucio Gutiérrez, elegido con el 55,5% de los votos en noviembre de 2002, ha caído frente al movimiento de las masas trabajadoras y campesinas. Suspendido en el aire durante meses, con una representación de cinco escaños en el parlamento (de los cien que lo componen), con un ridículo 7% de apoyo popular entre los 13 millones de ecuatorianos que habitan el país, enfrentado a sectores de la oligarquía ecuatoriana, a sectores de las capas medias y, lo más determinante en toda la situación, a las masas pobres que han salido a la calle masivamente al grito de “Fuera Lucio”, su caída no es más que la crónica de una muerte anunciada.
La explosión social del 2000 le dio a conocer y le llevó a ser popular entre los sectores más desfavorecidos. La adopción por parte del entonces presidente, J. Mahuad, de la dolarización de la economía ecuatoriana a finales de 1999 y de todo un paquete de medidas que significaban un empobrecimiento aún mayor de la población (más del 60% ya en la pobreza) culminó con la insurrección popular del 21 de enero de 2000, al frente de la cual se encontraba la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), y que derrocó al gobierno de Mahuad. Sin embargo, debido a la falta de una política revolucionaria consecuente y a pesar de tener el poder en sus manos los dirigentes de este movimiento plantearon que no era el momento de terminar con el capitalismo y transformar la sociedad y permitieron a la burguesía hacerse nuevamente con el control. El coronel Lucio Gutiérrez, se dio a conocer entonces por negarse a reprimir a los trabajadores y campesinos y ponerse del lado del descontento popular. Una vez que las aguas volvieron a su cauce fue encarcelado. Fruto de la presión de la movilización, y previa renuncia a su carrera militar, fue liberado. Fue entonces cuando junto a otros oficiales forma un partido político, “Sociedad Patriótica 21 de enero”, para presentarse a las presidenciales del 2002.
Estos son los antecedentes que permiten entender la actitud que tuvieron en esas elecciones las masas pobres hacia Lucio Gutiérrez. Un personaje que no era del todo fiable para la burguesía ya que en una nueva oleada de la lucha de clases podría optar por basarse en las capas populares y retar a quienes llevan siglos gobernando para el beneficio de unos pocos. No muy lejos tienen el ejemplo de Hugo Chávez. Sin embargo, rápidamente, Lucio Gutiérrez se decantó por ser un fiel y sumiso aliado del imperialismo norteamericano. En el 2003 pactó con el FMI un programa de ajuste brutal: congelación salarial hasta el 2007, 120.000 despidos en el sector público, no reconocimiento del derecho de huelga en el sector público, el aumento del precio del gas en un 375%, privatización del sector eléctrico, petrolero, teléfonos, agua, etc. Las huelgas en distintos sectores han estado presentes durante todo su mandato y en las elecciones municipales de octubre de 2004 sufrió un fuerte revés electoral con un escaso 5% de los votos. A diferencia de Chávez, Gutiérrez entró rápidamente en el redil capitalista cavando su propia tumba.

Las maniobras de Lucio Gutiérrez

Tras las elecciones municipales la debilidad de Lucio Gutiérrez se hace más evidente. Con el fin de evitar una moción de censura se alía con dos de los partidos burgueses tradicionales, el partido Renovador Institucional Acción Nacional (PRIAN) y el Partido Rodolsista Ecuatoriano (PRE) del ex presidente Abdalá Bucaram, que tuvo que salir huyendo del país en 1997, por corrupto, ante la indignación popular. El precio que impone el PRE a Gutiérrez es un cambio en la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El 8 de diciembre se cambian 27 de los 31 jueces que forman la institución, siendo el nuevo presidente del CSJ un amigo de Bucaram, que no tarda en actuar. La jugada se completa el 31 de marzo cuando se anuncia la anulación de los juicios penales contra los ex - presidentes Abdalá Bucaram y Gustavo Noboa (del PRIAN), abriendo la puerta de su retorno al país e, incluso, a que se puedan presentar en las presidenciales de 2006.
El 26 de enero y el 16 de febrero se producen manifestaciones de 100.000 personas en Quito y Guayaquil, las dos principales ciudades del país, que muestran el tremendo malestar que se vive. Al frente de éstas se encuentran el alcalde de Quito, Paco Moncayo, de la socialdemócrata Izquierda Democrática (ID) y el de Guayaquil, Jaime Nebot, del derechista Partido Social Cristiano. Mientras los manifestantes exigen claramente la salida de Gutiérrez, los alcaldes insisten una y otra vez: “No queremos que se vaya. Sólo queremos que rectifique”. Su objetivo es bien distinto al de los manifestantes. En realidad, estos alcaldes tratan de apoyarse en un movimiento fuerte en la calle para defender su posición y sus privilegios. Quieren hacer fuerza para negociar con el presidente su cuota de influencia en la judicatura que se ha visto mermada o eliminada, con el cambio de jueces en el CSJ, en beneficio de otros sectores de la burguesía ecuatoriana. Los trabajadores y campesinos ecuatorianos no pueden confiar lo más mínimo en estos dirigentes, sus intereses en esta lucha no son los mismos.

Vuelve Bucaram: estalla la indignación

Pero la llegada al país de Bucaram, a primeros de abril, cambia el ambiente de forma radical. La respuesta popular no se hace esperar. Una vez más, la grosería política, el desprecio de la burguesía a los explotados desata la indignación de las masas ante la manipulación e impunidad de los poderosos. El 5 de abril se dan las primeras movilizaciones, sobre todo, en la capital. 3000 manifestantes al grito de “Fuera Lucio” van a la sede del Congreso donde son reprimidos contundentemente y hay más de 100 afectados por los gases lacrimógenos. Se forma la Asamblea Ciudadana de Quito, presidida por el Alcalde, Paco Moncayo, y autoridades de seis provincias, todos ellos de ID y del partido Pachakutik (brazo político de los indígenas de la CONAIE). El 11 de abril se anuncia un paro en la provincia de Pichincha, donde se encuentra Quito. A partir del 12 de abril se llama a la huelga general indefinida. El Alcalde de Quito está dispuesto a desconvocar el paro si en la reunión del congreso se llega a un acuerdo. Estos dirigentes, que quieren limitar la lucha a la cuestión de la Corte Suprema y volver a la tranquilidad lo antes posible, serán sobrepasados por el propio movimiento en los días posteriores. La CONAIE se suma a la movilización el 13 de abril. El presidente, intentando frenar un movimiento que teme se le vaya de las manos, envía un proyecto de ley al Congreso para cambiar el CSJ. Ya es demasiado tarde. Y es que la vuelta de Bucaram no ha sido más que el accidente que ha hecho estallar el malestar y la frustración acumulada por la población en un país marcado por la grave situación económica y donde la miseria crece al lado de la opulencia y la corrupción.

“Que se vayan todos”

El rechazo al gobierno de Lucio Gutiérrez no se puede explicar sólo por su actuación con la CSJ, sino por su política de ataques sociales y alianza con el imperialismo. El grito de guerra es “Que se vayan todos”, “Fuera Lucio”, que refleja el rechazo a todos los políticos burgueses y la falta de confianza en un sistema, el capitalista, que es fuente de abusos, corrupción y miseria.
La visita en marzo del director general del FMI, Rodrigo Rato, a Ecuador no fue ningún detalle. Al día siguiente hubo una movilización de decenas de miles de personas en Quito para rechazar sus planes (despido de 5000 empleados públicos, recorte del gasto social, eliminación de subsidios y la apertura de los sectores petrolero y energético al capital privado). Todo esto en un país en el que el 20% de la población más rica, absorbe el 60% del Producto Interior Bruto, mientras que el 25% más pobre recibe el 4% del PIB; en el que los índices de desempleo y subempleo alcanzan el 46% de la población activa, o en el que el 45% de la población no dispone de agua potable.
Tras esta visita y cediendo a las presiones de Rato, Lucio Gutiérrez, envió al parlamento, con carácter de urgencia, un dardo envenenado para campesinos y trabajadores: la Ley Orgánica de Racionalización Económica del Estado, más conocida como “Ley Topo”. Un nuevo ataque salvaje que pretende privatizar la seguridad social, las eléctricas, flexibilizar el mercado laboral y la entrega de pozos petroleros muy rentables del Estado a las multinacionales.

Estado de emergencia frente al aumento de las protestas.

El 13 de abril es una fecha clave. En Quito se paraliza el transporte público, los centros educativos y las oficinas municipales. A lo largo del día se van extendiendo las protestas y pasado el mediodía se registraban 46 marchas de protesta por todo el país: Pichincha, Carchi, Imbabura, Chimborazo, Azuay. Sin embargo, es por la tarde y por la noche cuando se percibe la fuerza real de la movilización. La emisora Radio la Luna, en Quito, hace llamamientos a salir a las calles y da voz al pueblo. Miles y miles de personas se juntan para llegar a las instalaciones de la CSJ y, a pesar de la fuerte represión con decenas de heridos y detenidos, unos cuantos centenares van hasta la casa de Lucio Gutiérrez a gritarle “Lucio fuera” y “el pueblo unido jamás será vencido”. La altanería y falta de conexión con la realidad del presidente queda en evidencia cuando califica de “forajidos” a los manifestantes. Es evidente que quiere mostrar una posición de firmeza para amedrentar a los que protestan. Además, se siente seguro porque esa misma semana ha recibido el apoyo del jefe de Estado mayor de las Fuerzas Armadas de EEUU. Las protestas continúan en los días siguientes y se van radicalizando.
El viernes 15 de abril se produce un punto de inflexión. Ante el ascenso de la movilización, el presidente rodeado de militares (aunque con alguna ausencia significativa, que hace pensar en las primeras divisiones en el ejército) anuncia a través de la televisión el estado de emergencia “con el objeto de paralizar o neutralizar la movilización social que amenaza con desbordarse y terminar con Gutiérrez”, se recortan los derechos de reunión, manifestación, se permite a las autoridades registrar las casas sin orden judicial, etc. A la vez anuncia la disolución de la Corte Suprema de Justicia. Con esta medida intenta calmar los ánimos de sus opositores en el parlamento, de los sectores de la burguesía descontentos con su actuación y, por otra parte, busca aterrorizar a los sectores populares que se vienen manifestando ininterrumpidamente durante toda la semana y si es necesario reprimirlos en sangre su protesta. De hecho, ya ha empezado a organizar grupos de choque como el grupo “Cero corrupción”, al estilo de las bandas fascistas, para provocar enfrentamientos y justificar la intervención del ejército e, incluso, un golpe militar. En los alrededores de Radio la Luna un grupo de unos 40 provocadores intenta atacar las instalaciones, pero la intervención de miles de personas contra ellos lo impide.
Miles y miles de manifestantes salen a las calles desafiando el estado de emergencia, el ejército no actúa y en menos de 20 horas se anuncia el levantamiento del estado de excepción y la celebración de una sesión extraordinaria del congreso para el domingo 17 de abril para que el congreso ratifique el cese del CSJ (lo cual no quiere decir que se vuelva a reabrir el caso de los ex presidentes corruptos).
Es evidente que el presidente sale derrotado en este pulso. Al retroceder dio un mayor impulso al movimiento popular que, además, percibe más nítidamente la debilidad del gobierno. Sectores de las fuerzas armadas estaban incómodos por la actuación del presidente, la embajadora de EEUU en Ecuador tuvo que llamar a la prudencia y al diálogo al presidente al igual que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y, el vicepresidente, Alfredo Palacio, salió públicamente criticando el estado de emergencia. La burguesía ya estaba buscando recambio a un presidente que olía a cadáver político. El vicepresidente, que durante el último año se había ido distanciando de Gutiérrez, y que ahora le exigía que reconociera “los errores cometidos o corre el riesgo de enfrentar una disolución de la nación”, podía ser una buena opción.

Lucio huye. Alfredo Palacio más de lo mismo.

Lucio Gutiérrez se encierra en el Palacio presidencial de Carondelet y sigue minimizando el movimiento y negándose a ver la realidad: “creo que tenemos más de 2 millones de habitantes (en la capital), y creo que las marchas no han sobrepasado las 10.000, las 20.000 personas, con lo cual el 1% de las personas es el que está activamente manifestándose” y “en el resto del país la situación está completamente tranquila…mientras aquí dicen Lucio fuera, allá dicen Lucio reelección”. Mientras, lejos de amainar, las protestas continúan. A las cinco de la tarde del 19 de abril más 50.000 personas bajan por las calles de Quito hacia el centro histórico, pero 4000 efectivos policiales les esperan y empieza la represión. Cae el primer muerto de esta explosión social, un cámara chileno que se asfixia por los gases lacrimógenos. Al día siguiente una mujer será asesinada a manos de la policía. En dos días hay más de 180 heridos y decenas de detenidos. En un último intento a la desesperada Gutiérrez pide a Bucaram que abandone el país. El 20 de abril por la mañana hay convocadas manifestaciones de estudiantes de secundaria y universitarios. El ambiente se va caldeando y la situación se hace incontrolable. Finalmente, varios manifestantes consiguen entrar en el interior del congreso que se ha visto obligado por la presión del movimiento popular, a cesar a Lucio Gutiérrez. La plaza donde se encuentra el congreso se llena para celebrar la marcha de Lucio, pero la indignación sigue siendo muy fuerte y numerosos grupos de gente se agolpan en el aeropuerto desde donde saben que huirá el hasta esa tarde presidente. Las últimas noticias hablan de que ha pedido asilo en Brasil, rápidamente la gente ha rodeado la embajada brasileña en Quito en señal de protesta.
Mientras, en un intento por controlar la situación, el congreso nombraba como nuevo presidente al hasta entonces vicepresidente, Alfredo Palacio. Como dice el refrán son “los mismos perros con distintos collares”. Sus primeras declaraciones han sido “hoy han terminado la dictadura, la inmoralidad, la prepotencia, el terror y el miedo. Aquí no va haber perdón ni olvido”. Sin embargo, los gritos contra él tampoco se han hecho esperar. Palacio no es más que otro representante de los capitalistas cuyos intereses nada tienen que ver con los de los trabajadores y campesinos pobres de Ecuador. Estamos asistiendo a una nueva maniobra dilatoria de la burguesía para mantener el poder en sus manos.

Es necesaria una alternativa revolucionaria

Las masas ecuatorianas han ganado el primer asalto de esta lucha. Sin embargo, el objetivo no era únicamente echar a Lucio Gutiérrez del gobierno sino terminar con el sistema que él encarnaba. Por eso es fundamental continuar con la movilización hasta que se vayan todos los políticos burgueses. Para ello es necesario que el movimiento se enfrente a la burguesía con un programa independiente, en el que se plante junto al castigo a los corruptos y a los responsables de las muertes de estos días, reivindicaciones contra las políticas de ajuste y por mejoras concretas de las condiciones de vida de las masas: no a la privatización de los recursos naturales, no a la “Ley Topo”, no a los despidos, etc. y explicando que la única forma consecuente de defender y conseguir esto es rompiendo con el capitalismo y defendiendo una política auténticamente revolucionaria que pasaría por la necesidad de expropiar a los grandes capitalista, latifundistas y a la banca para poner todos esos recursos bajo control democrático de los trabajadores y campesinos ecuatorianos para poder hacer frente a las verdaderas necesidades sociales. En los barrios populares de Quito se planteó, durante el estado de emergencia, la formación de asambleas barriales para designar delegados que les representaran en una asamblea o cabildo general. Poner en marcha esas asambleas barriales y extenderlas a nivel local, provincial y nacional es clave para mantener la movilización y ampliarla a más capas, darle un carácter unificado y coordinado en todo el país. Éste tiene que ser el camino para construir una alternativa de poder obrero al poder de la burguesía. La última palabra aún no está dicha.