Mientras en Venezuela los defensores de la macondiana “minería ecológica ecosocialista” escriben artículos planteándonos que podríamos salir ganando con el proyecto del Arco Minero del Orinoco (AMO), el gobierno venezolano habría firmado un acuerdo caníbal con la transnacional canadiense Gold Reserve que, de confirmarse oficialmente, contiene algunas cláusulas que podríamos considerar hasta cínicas, donde el Estado termina asumiendo todos los costos y consecuencias del proyecto (véase el reciente análisis de Edgardo Lander sobre el anuncio público realizado por esta minera el 8/08 acerca de su acuerdo con el gobierno venezolano https://www.aporrea.org/contraloria/a232524.html).

Como un síntoma de estos tiempos, el presidente de la Gold Reserve, Doug Belanger, celebra la nueva política minera del gobierno nacional, ya no solo a nombre su empresa, sino en el de todas las nuevas inversiones extranjeras directas que se beneficiarán con este cambio de rumbo.

Uno de los principales argumentos propuestos para defender el relanzamiento de este proyecto es que es una decisión soberana que nos permitiría recuperarnos y nos podría fortalecer políticamente. Parece que es todo lo contrario: no es que el Petro-estado venezolano va debilitado a negociar en el Arco Minero del Orinoco, sino que el Arco Minero del Orinoco es relanzado a raíz del debilitamiento del Petro-estado. El AMO es la clara expresión de este debilitamiento interno y geopolítico; es una expresión de poder del capital transnacional y se configura a partir del agotamiento y capitulación del progresismo gubernamental. Por tanto supone un nuevo esquema de poder en el país. A esto podríamos adjudicarle algunos claros rasgos de fin de ciclo.

No necesariamente hace falta que se produzca un cambio de gobierno para que se desarrolle un cambio de régimen. Esto parece notarlo cada vez más personas, militantes y organizaciones sociales en Venezuela y América Latina. Pero como no hay tabula rasa en estos complejos procesos históricos, importantes preguntas surgen: si estamos en un nuevo ciclo, ¿Cuándo comenzó a operar? ¿O cuándo ha terminado el anterior?

Sin pretender responder con precisión esta pregunta, y reconociendo que desde hace varios años un proceso de flexibilización económica progresiva se ha venido desarrollando en el país –desde tasas de cambio preferenciales a las transnacionales en la Faja del Orinoco, agresivos endeudamientos externos desde 2010, cesiones parciales de participación accionaria en las empresas mixtas a favor estas compañías foráneas, hasta llegar al decreto de las zonas económicas especiales–, planteamos que el AMO, más que solo un proyecto minero de grandes proporciones, representa un punto de inflexión histórico en el país.

El AMO no es solo un claro síntoma de la inviabilidad del capitalismo rentístico venezolano, inscrito en una larga crisis histórica. Es también la expresión más nítida de una completa reorganización de territorio nacional alrededor del extractivismo. Es el emblema de la expansión hacia las nuevas fronteras de las commodities en Venezuela, a la apropiación las últimas zonas “vírgenes” del país, y refleja la nueva arquitectura geográfica del capitalismo al menos para los próximos 50 años.

El desarrollo del AMO se va conectar con el polo de desarrollo que configura con la Faja Petrolífera del Orinoco, que a su vez se vincula con el proyecto del puerto de aguas profundas en Araya por el norte y con proyectos de vialidad hacia Brasil por el sur –ambos inscritos en la estrategia COSIPLAN-IIRSA para Suramérica. La misma lógica que impulsa Puerto América en el Zulia para operativizar la expansión del extractivismo carbonífero en el norte de este estado, donde además se desarrollaría vialidad y un gaseoducto hacia Colombia. Y así podríamos hablar de la Faja Pesquera, el relanzamiento de los proyectos de gas offshore o la llamada Faja Forestal.

Toda esta red de proyectos representa una red de impactos socio-ambientales  y económicos que tendrá devastadoras consecuencias. Tengo la impresión que los críticos del AMO en realidad somos también en el fondo los críticos de esta geografía del saqueo en Venezuela.

Pero hay algo más. Ante una crisis hegemónica, el AMO es probablemente una parte muy importante de la base material, del sostén económico de una nueva configuración de poder, de una nueva estructura de gobernanza. Su impacto es no solo social, ambiental y económico, sino también político: de concretarse una alianza entre el sector militar y las corporaciones transnacionales basado en el extractivismo, como se hace evidente en los decretos y leyes promulgados en los últimos meses, pero también en los acuerdos firmados con mineras como la Gold Reserve, se terminaría de potenciar materialmente este pacto de gobernanza. Estaríamos, para interpretarlo en clave histórica, ante una especie de fase superior del Gomecismo.

Esto, a decir verdad, hay que tomárselo muy en serio. En las nuevas fronteras de las commodities se juega el futuro de la sociedad venezolana.