El Presidente Chávez, desde su llegada al poder ataco las llamadas colitas que daban en los aviones de PDVSA; utilizando estos bienes del Estado para intereses particulares; cometiendo los delitos de peculado de uso, malversación, apropiación indebida, entre otros.
Pareciera repetirse la historia con algunos funcionarios actuales, entre ellos la Fiscal, en el caso del avión.
Con el fin de evitar situaciones como estas, voy a proponer, en mi camino hacia la Asamblea Constituyente: Que todos aquellos bienes de particulares incursos en delitos financieros, de narcotráfico o cualquier otro queden a disposición de una institución del Estado, donde se garantice que no serán movilizados hasta que en sentencia firme se determine si será confiscado a sus propietarios, sometiéndose de inmediato a subasta pública; y que durante el tiempo que estén a resguardo se le haga mantenimiento preventivo a costa del titular de la propiedad y si el bien resulta subastado se reintegre al ex titular de la propiedad los gastos incurridos en dicho mantenimiento.
En el caso de la aeronave utilizada por la Fiscalía, tenemos que un Tribunal acordó levantar la medida de aseguramiento dictada el 9 de abril de 2014, y ordenó la devolución de la misma a sus dueños; pero la Fiscalía apela y se queda presuntamente utilizando el avión. En la instancia correspondiente se declaró sin lugar el recurso de apelación, el 24 de noviembre de 2015. Continua el proceso y la Fiscalía solicita un Amparo ante el TSJ, y en fecha 28 de noviembre de 2016, se designó ponente.
Luego, en escrito presentado el 4 de mayo de 2017, la Fiscalía solicita pronunciamiento sobre la admisión del amparo; pero aquí viene lo raro: El 8 de junio de 2017, la Fiscalía presentó escrito en el cual desiste de la acción de amparo. Ahora corren los rumores que tal situación obedece a que se aperturó una investigación a la Fiscal por la utilización ilegal de la aeronave, generando altísimos gastos al Estado, por los traslados y mantenimiento. Es por ello que adelantándose a tal situación, la Fiscal introduce recurso de Nulidad de la Constituyente ante el TSJ, por cierto declarada Inadmisible, este lunes, por inepta acumulación de pretensiones, por acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas.
En base a ello, estaría la Fiscal buscando solicitar el enjuiciamiento del Presidente; pero el artículo 266.2 Constitucional, concatenado con el 377 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que corresponde al TSJ declarar si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente de la República, previa querella del Fiscal General. No creo que con argumentos infundados prospere tal solicitud; aunque si conseguiría alborotar aún más los radicales opositores y la opinión pública internacional, manejando la matriz de que la Fiscal denuncia la ruptura del hilo Constitucional.
