En días pasados ciertas autoridades venezolanas anunciaron la puesta en práctica de una plataforma tecnológica conocida coloquialmente como semáforo de la salud, según la cual se pretende prohibir el ingreso a diversos lugares públicos y privados a quienes, entre otras cosas, no hayan sido inoculados con las supuestas vacunas contra el coronavirus. Se trata de una metodología excluyente y discriminatoria al estilo de las que los Gobiernos intentan imponer en el resto del planeta, mediante la que se busca lograr un mayor control social, rumbo a un totalitarismo completo. A grandes rasgos, se estarían violando derechos y libertades como jamás ha pasado en Venezuela en el caso de emergencias sanitarias y de otras índoles, ni aún cuando el SIDA en su momento, por ejemplo, provocó una ola de rechazo y discriminación popular hacia los enfermos y hacia grupos de riesgo (como los homosexuales).
Y algo bien negativo de la herramienta de control social en cuestión, sería su utilización en el ámbito laboral, en el sentido de impedir a quienes no estén vacunados y/o no cumplan con otras normas "anti-covid", que trabajen en el sector público y en el sector privado, o que disfruten de una relativa inamovilidad laboral, violándose así el derecho constitucional de los ciudadanos a trabajar y a no ser despedidos sin una justificación de peso. Una monstruosidad discriminatoria si llegara a concretarse, lo que es muy posible teniendo en cuenta la perversa tendencia gubernamental-elitesca planetaria, de llevar a cabo restricciones cada vez más absurdas en nombre de la lucha contra el coronavirus. Para muestra, el caso de Italia:
"A partir de este viernes 15 de octubre Italia se convertirá en el primer país en implementar las tarjetas sanitarias Covid-19 como medida obligatoria para todos los trabajadores del sector público y privado (…)
(…) el gabinete de Draghi, apoyado de los partidos de la coalición, aprobó a mediados de septiembre la norma más estricta del mundo contra el Covid-19 hasta el momento: la obligación de que todos los trabajadores presenten un ‘Pase Verde’ para acceder a sus lugares de trabajo, una prueba negativa del virus menor a 48 horas o un certificado de recuperación reciente del contagio (…)
Los empleados que se nieguen a cumplir la norma se les suspenderá el pago del salario, además de una multa de 1.500 euros y los empleadores que dejen trabajar personas sin el valioso documento tendrán una multa de 600 a 1.000 euros. Las personas tampoco podrán optar por trabajar desde casa para eximir la norma" https://www.france24.com/es/europa/20211013-italia-pase-sanitario-protestas-covid19
De acuerdo a la cita anterior, está claro que el ‘pase verde’ generará más desempleo, siendo una excusa para estimular la flexibilidad y un mayor recorte de los pocos beneficios de los trabajadores; en este marco el ‘semáforo de la salud’ en Venezuela será su equivalente, y dejaría al país suramericano con un saldo laboral peor de lo que está, como si fuera poco lo que ha ocurrido en los últimos años. Ahora bien, en naciones como Italia, Francia, Alemania, Australia y otras en los cinco continentes, han protestado numerosos ciudadanos contra las restricciones sociales y laborales de las medidas draconianas en el marco de la pandemia, mientras que en Venezuela muchos están dormidos en sus laureles esperando a que el totalitarismo local en ciernes se consolide. Es necesario reaccionar masivamente, y pronto.
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