El G-20 realizado en Washington para abordar la crisis económica, arribó a un supuesto “consenso” entre los estados que poseen las economías de mayor peso en el ámbito internacional. Este fue un escenario montado por el agonizante gobierno de Bush, con el propósito de diluir la responsabilidad del imperio estadounidense en la promoción, gestación y desarrollo de ésta nueva crisis del sistema capitalista, apoyándose para ello en su dominio sobre el patrón monetario mundial, el FMI y el BM. Bush logró “amarrar” un acuerdo de corresponsabilidad con China, Rusia, UE y también, con grandes países emergentes de sur, entre ellos con Argentina y Brasil, con lo cual, pretende distanciar a estos países de la opción de construir una alternativa regional para enfrentar la crisis en el marco de la UNASUR.
Más que referirse a las verdaderas causas de la crisis y al diseño de una estrategia común para enfrentarla, las conclusiones del G-20 constituyen un conjunto de generalidades que apuntan a relegitimar el modelo neoliberal y al FMI, BM y OMC como instrumentos de dominio económico de las grandes potencias capitalistas. Al plantear la necesidad de ejercer una mayor regulación estatal del mercado financiero, reconocen el fracaso del modelo de libre mercado, basado en que el estado deje actuar a sus anchas la “mano invisible del mercado”. Contradictoriamente, el G-20 aboga por el mantenimiento del modelo de libre comercio rechazando el proteccionismo estatal, pero a su vez, exhorta a los gobiernos a intervenir, a través de planes fiscales para reactivar las economías y palear los efectos de la crisis. Las contradicciones del pronunciamiento del G20 para interpretar las causas de la crisis y proponer iniciativas dirigidas al establecimiento de un nuevo orden económico internacional, reafirman la tesis de que los escenarios para la búsqueda de las salidas son los bloques regionales y una ONU reformada en la cual se establezca la democracia plena.
En este contexto, la iniciativa del Presidente Hugo Chávez de convocar a los países miembros del ALBA y PETROCARIBE para tratar el tema de la crisis y sus salidas, es oportuna y pertinente. De hecho, éste es un foro internacional joven y relativamente independiente con capacidad de producir una visión de la crisis desde la perspectiva de los países del sur, en la cual se reconozca claramente el fracaso del modelo de libre comercio y, de la doctrina liberal capitalista y sus ejecutorias a través del FMI, el BM y la OMC. Sin duda, ésta reunión podría reafirmar que la dirección correcta es la de promover un nuevo sistema de relaciones económicas y políticas basado en la verdadera cooperación, la solidaridad y la complementación. Podría también reclamar la soberanía de los pueblos y de los estados frente a las intenciones de las potencias imperialistas, de borrar las fronteras para que el capital transnacional pueda explotar, sin trabas y haciendo caso omiso de las asimetrías y de los delicados equilibrios ecológicos, a los seres humanos y recursos naturales del planeta, y también, para imponer la ideología individualista-consumista como la cultura planetaria.
Frente a las carencias sustantivas exhibidas por el modelo financiero capitalista como motor del crecimiento económico en el marco de la crisis, EEUU, UE y Japón encabezan la defensa del modelo de libre comercio y de la OMC como su instrumento principal. La reunión de la APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation) realizada recientemente en Lima, para apoyar la conclusión de la Ronda de Doha y darle un espaldarazo al sistema de libre comercio, revela el nerviosismo que embarga a las cúpulas del poder económico y político mundial, frente a una posible rebelión de los países periféricos para exigir términos justos en el comercio internacional. Otra hecho que demuestra cuán apurados están en avanzar en un acuerdo multilateral en la OMC, es la decisión de UE de reducir los subsidios agrícolas mediante lo que eufemísticamente denominan “modernización de la Política Agrícola Común (PAC). Esta medida se enrumba precisamente hacia la eliminación de trabas en la negociación pendiente de la Ronda de Doha, actualmente paralizada por el reclamo de los llamados países en desarrollo (PED) de eliminación de dichos subsidios para hacer más competitivos sus productos en los grandes mercados europeos y estadounidense. En este contexto, se hace más perentoria la iniciativa de los países del sur, particularmente de la UNASUR, de buscar una vía alterna a la crisis que pase por la redefinición de las relaciones económicas internacionales, para que éstas se orienten hacia mayores niveles de equilibrio y justicia.