Nadie puede cuestionar en una democracia el derecho de cualquier ciudadano u organización ­del tipo que sea: partido, gremio, asociación cultural, iglesia­ a fijar su punto vista sobre una determinada iniciativa oficial o no oficial. En el caso concreto de la enmienda constitucional que será sometida a referendo el próximo 15 de febrero, ese derecho le asiste a cualquier compatriota. Para mí, por ejemplo, es tan importante la posición de quienes están a favor de la enmienda como la de los que están en contra. Por eso no comparto la descalificación burda de unos y de otros.

Distorsionar un evento democrático. Pero una cosa es disentir de la opinión del otro y convertir, como sucede ahora con algunos sectores de oposición, un evento democrático donde se expresa el civismo del pueblo venezolano en motivo para atentar contra el estado de derecho. Asumir un episodio donde a nadie se le cercena su derecho y cada quien puede expresarse como le venga en gana, que además se realiza con apego a la normativa constitucional, en una declaratoria de guerra para desconocer las instituciones, descalificarlas y promover la violencia, es inaceptable. Y algo más: es una demostración, primero, de la falta de capacidad democrática de quienes tienen esa actitud y, luego, de su indudable debilidad.

Sin argumentos jurídicos.

Hasta ahora, los argumentos de la oposición contra la enmienda son deplorables. Por ejemplo, esta no ha dado un solo argumento jurídico respetable en contra de la propuesta; tampoco sobre la falta de oportunidad para manifestar la discrepancia y para expresar sus puntos de vista. A lo más que ha llegado la oposición es a calificar la enmienda de inconstitucional sin demostrarlo, porque obviamente es indemostrable. Y cuando se le responde que lo haga y que recurra al Tribunal Supremo ­única instancia que puede decidir al respecto­, la respuesta es la descalificación del máximo órgano de la administración de justicia; lo mismo que hace con el Consejo Nacional Electoral.

La amenaza de la violencia.

El camino para cuestionar políticamente la enmienda está abierto y no hay limitación alguna para transitarlo, pero la oposición prefiere escoger el atajo. Unos deliberadamente y otros sucumbiendo a las presiones de los violentos. Igual a como ocurrió en el pasado reciente, durante el Carmonazo, el sabotaje petrolero y el guarimbeo. Ahora esa oposición tramposa, empeñada en convertir un evento normal en oportunidad para atentar contra el orden constitucional, lo intenta utilizando a grupos estudiantiles en acciones de calle que rememoran las inefables acciones de los años del desprecio, 2002-2003. O bien retornando a la peligrosa práctica de tocar a la puerta de los cuarteles en plan sedicioso.

Opción Puerto Rico. La reunión de Puerto Rico ­a la cual los participantes, cogidos con las manos en la masa, pretenden restarle importancia­, indica que un sector opositor está dispuesto a todo no para impedir con el voto la aprobación de la enmienda, sino a través de un proceso desestabilizador de impredecibles consecuencias.

La razón de esa actitud es simple: si la oposición estuviera segura de contar con fuerza suficiente para derrotar la enmienda en las urnas, estaría celosa de preservar la oportunidad y asestarle un golpe brutal al liderazgo de Chávez. ¿Por qué no lo hace? Porque intuye que perderá. ¿Qué recurso le queda en el marco de la desesperación? Apelar al atajo, el que siempre buscó desde que Chávez llegó a Miraflores. Sin importarle para nada la Constitución, contra la cual estuvo en contra cuando se aprobó y que luego violó el 11 de abril de 2002.



LABERINTO

Rafael García fue, nada menos, que director de Informática del Departamento de Seguridad (DAS) de Colombia. Fue un hombre clave en ese servicio de inteligencia y su testimonio sirvió para que más de 30 políticos fueran condenados o sometidos a proceso por nexos con la parapolítica. Sus declaraciones sobre lo que conoció y manejó acabaron con el director del DAS, Jorge Noguera, protegido del presidente Álvaro Uribe...


Noguera le ordenó
­cuenta García a Jorge Chávez Morales, reportero de este diario­ establecer relación con los paramilitares y ambos recibieron orden de Uribe de elaborar planes desestabilizadores contra Venezuela...


En su detallada
declaración al periodista, en la cual aparentemente nada se guarda y que este diario publica por entregas, ratifica lo que siempre sostuvo: que "los paracos y el DAS querían asesinar a Chávez". Si un hombre que conoce tantos secretos, cuyas declaraciones iniciales obligaron al gobierno de Uribe a destituir a Noguera y a procesarlo, afirma de manera categórica que existía una conspiración para asesinar al Presidente venezolano, ¿por qué no se investigó tan grave denuncia como sí se hizo con otras que hizo y que resultaron ciertas? ¿Por qué aún se guarda silencio y los órganos juridiccionales competentes no actúan? ¿Hará algo ­ante las declaraciones de García­ el Ministerio Público venezolano? ¿Solicitará oficialmente la declaración de García y abrirá el proceso correspondiente? A todos, colombianos y venezolanos, interesa establecer la verdad sobre ese intento de magnicidio...


Calentar la calle es la consigna de los sectores de oposición que no creen en el sufragio ni en la democracia.

Los mismos del 11-A, de las guarimbas y atentados terroristas; pero la responsabilidad no es de los muchachos que queman el Ávila y trancan avenidas, sino de los rectores de las universidades, quienes los estimulan para que protagonicen acciones aventureras y arriesguen sus vidas. Claro está que a los rectores, arrellanados en sus despachos, y a profesores irresponsables no les importa lo que les pase a los muchachos; seguro que sus hijos no participan. Mueven los hilos de la provocación en contra de la enmienda y el orden constitucional.

Actitud indigna
No es posible calificar de otra manera la reacción que han tenido voceros de partidos de oposición, y aquellos medios de comunicación que los tutelan, a raíz de la última visita del presidente Lula Da Silva de Brasil. En vez de aceptar que fue conveniente para los venezolanos; que el afecto demostrado por el brasileño hacia nuestro pueblo es gratificante; que los acuerdos anunciados en el evento son positivos, y lo importante que es para América Latina el énfasis colocado en la integración, se recurrió a la más desconsiderada descalificación tanto de la visita como del visitante. Un diario que en el pasado fue expresión de buen periodismo, que recogió las ideas más avanzadas y progresistas del país y del mundo, respetuoso de todas las opiniones, editorializó con la intención de herir al presidente Lula, a quien endilgó calificativos despreciables. Nada le importó al editorialista de marras que se tratara de un Jefe de Estado, como tal, respetable, pero sobre todo del dirigente de una nación amiga como es Brasil. Mas no es Lula quien resulta afectado con la brutal descarga del diario fundado por un venezolano esclarecido, ligado a causas nobles de la humanidad, respetuoso de elementales normas de cortesía; sino el propio diario, la memoria de sus fundadores y la dignidad del periodismo. Una prueba más de periodismo de albañal.





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