La historia del narcotráfico en Colombia nos enseña, como son penetradas las instituciones hasta el punto, de que fuerzas paramilitares financiadas con el negocio de narcóticos se convirtieron en la máquina electoral de la bancada uribista en el congreso colombiano. La situación se hace más grave si los medios, por miedo o complicidad, esquivan la mirada para no hablar de esa realidad. El dinero del narcotráfico es muy difícil de captar, por ejemplo, un traquetero colombiano puede invertir en la compra de tres licorerías en Caracas, lavando dinero e iniciando una vida de negocios aparentemente legal. Un piloto del narcotráfico en las decenas de pistas clandestinas en Venezuela, puede invertir en la compra de taxis o talleres de ventas de repuestos, iniciando una vida de negocios aparentemente normal. Sin embargo, estamos hablando de los narcos de menor escala. Ahora imagine el lector a un gran empresario que pone a la orden de un gobernador o alcalde sus empresas de construcción. O un narco con fachada de empresario que financia la candidatura de un gobernante. En Colombia han sido varios los narcotraficantes que han confesado haber financiado la campaña de Uribe Velez, por supuesto se trata de la palabra de un delincuente dispuesto a decir cualquier cosa para obtener beneficios. Pero el problema, es que no hay manera de impedir o prevenir esta peligrosa relación de narco-política.
El primer espacio a infiltrar por el narcotráfico son los cuerpos de seguridad. La policía, muchas veces mal pagada y con la gran diversidad de cuerpos policiales que obedecen diversos planes, son los más vulnerables al narcotráfico. Incluso a veces solo basta la tolerancia de puntos de ventas de drogas para recibir comisiones. Los tribunales, son otro espacio buscado por el narcotráfico y ahora, con mayor frecuencia, los políticos, pues si hablamos de un mundo en crisis donde el Estado regresa por los espacios perdidos ante el sector privado, es obvio que el narcotráfico facilite espacios de poder a un gobernante que le contribuya luego con la asignación de contratos, lavado de dinero y hasta protección de las rutas terrestres y aéreas de la droga.
La crisis económica mundial también pone a prueba los valores y principios de los ciudadanos. No es exagerado pensar que una persona por su terror a la pobreza caiga en la tentación de buscar una solución económica a través del narcotráfico. En las barriadas de San Félix, en el municipio Caroní estado Bolívar, se están presentando muchos asesinatos de jóvenes pobres. La mayoría de los asesinatos son sicariatos, y aunque existe una diferencia enorme con los asesinatos que suceden en México, la juventud, la pobreza y las drogas son variables frecuentes. El tratamiento superficial de la prensa la convierte en sospechosa o negligente, pues los titulares se limitan a vender la muerte de “El Jason”, “Pelo de rata”, o cualquier otro joven con apodo artístico asesinado con varios disparos. Hasta allí llega el análisis periodístico del problema. Y en ocasiones un ejercicio matemático para sumar la cantidad de homicidios a la semana, al mes o al año. Pero nadie, absolutamente nadie se atreve hablar del narcotráfico y de los negocios de procedencia dudosa que ponen a decenas de jóvenes pobres a matarse entre ellos en el barrio, como si fuesen el “Cartel de los pendejos”.
Pobre del político que piense que puede solucionar problemas con dinero proveniente del narcotráfico. Lejos de solucionarlos, siembra una cultura delictiva difícil de borrar, como lo hizo el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia cuando empezó a construir casas para los pobres en Medellín.
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