No hay margen de duda de que la discusión generada sobre la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- respecto a Venezuela, está relacionada a las profundas críticas que nuestros pueblos americanos han elevado contra la Organización de Estados Americanos –OEA- y su modo de funcionamiento, muchas veces tan alejado de los pueblos latinoamericanos como cercano a los Estados Unidos. La recién conformada Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, instancia que pudiera en un breve plazo agrupar más íntimamente a nuestros países, representa un duro golpe a un sistema que se ha caracterizado por sustentarse sobre la defensa de un derecho internacional construido fundamentalmente desde premisas liberales.
Abiertamente las llamamos liberales porque parten de una idea de igualdad absoluta entre los sujetos sociales, premisa ésta que no debe tener cabida en la construcción de un Estado socialista, que más bien debe tratar distintamente a sus ciudadanos. La razón de ello es sencilla: quienes tengan mayores necesidades requieren mayores atenciones. Carlos Marx lo dijo claramente: “de cada cual, según su capacidad; a cada cual, según sus necesidades”. Ello garantizaría convertir al país en un Estado que responda “a la justicia social y a la igualdad”, amén del resto de órdenes emanadas desde el Preámbulo de la Constitución Nacional.
Sin embargo, las premisas liberales se han colado en mayor o menor medida en las leyes nacionales de los distintos países, sin que Venezuela escape de ello. Basta observar la contradicción latente entre la construcción de un Estado Socialista y nuestra propia Constitución. Recordemos sólo que ésta señala en su Artículo 23 que “los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno”. Evidentemente, la conformación de un Estado Socialista debe plantearse cambios estructurales, tales como su relación con la CIDH. Como vemos, a la naciente Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe y las instituciones específicas que ésta promuevan, se le presentan muy serios retos. La promoción de esta Comunidad no es sino un paso lógico en la aplicación de la revisión, rectificación y reimpulso del eje internacional. Esperamos todos que, tal como se plantea desde su origen, se oriente a promover un nuevo orden internacional más justo, solidario y socialista.
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