Desde la Presidencia del BCV, Edmee Betancourt reveló que CADIVI asignó USD 20.000 millones a empresas de maletín en el 2012. José Khan, actual Presidente de ese organismo informó que van 1245 empresas suspendidas por cometer operaciones “irregulares” con divisas asignadas para importaciones, tales como sobrefacturación, violación del convenio de ALADI y triangulación. En el marco de la lucha contra la corrupción, deberían publicarse la lista de las empresas involucradas y aplicar la ley con todo rigor a los responsables.
Diversos voceros del gobierno han denunciado el fraude que se viene cometiendo en la asignación de divisas a viajeros, remesas y pasajes aéreos, estimulado por la brecha existente entre el dólar oficial y el “dólar Cúcuta”. La debilidad de los controles confirmada en los recientes hallazgos de CADIVI, facilitó el robo de los dineros del pueblo por la “vieja” burguesía parasitaria y por la “nueva”, surgida de la alianza entre funcionarios corruptos y empresarios parásitos.
De otro lado, los trabajadores han visto reducir abruptamente el poder adquisitivo de su salario y su nivel de ingreso, porque los precios de los bienes y servicios se han dolarizado al fijarse con base en el “dólar Cúcuta”, sin que de este huracán depredador se hayan salvado los bienes regulados. A pesar del esfuerzo del gobierno nacional por garantizar el abastecimiento a través de las redes de MERCAL, PDVAL y BICENTENARIO, también éstas han sido perforadas por las mafias. Esta situación, exacerbada por una guerra económica que promueve el desabastecimiento y las compras nerviosas, ha neutralizado el subsidio implícito en el otorgamiento de dólares preferenciales.
Son síntomas inequívocos del agotamiento de un modelo de control del cambio, que en la práctica está funcionando como motor de la escalada inflacionaria y de la corrupción. Esto no se resolverá solo haciendo más eficientes los controles. Se requiere un cambio radical de la política económica para atacar la raíz del problema: el capitalismo rentista-importador empero, sin ceder un milímetro en el control estatal de la renta petrolera, mediante la asignación de las divisas según las prioridades del Programa de la Patria. De otra manera este se haría inviable y se iniciaría el ocaso de la revolución bolivariana.
