A pesar de lo inusual o tal vez sugestivo del título, el presente artículo tiene como propósito invitar a un ejercicio de análisis crítico que contribuya a posicionar la objetividad al momento de valorar los acontecimientos sociales y políticos, en especial cuando se trata de la actuación de los líderes y las fuerzas que representan.
Las actuales circunstancias representan una amenaza para la estabilidad de las instituciones y vulneran la Paz del país. En concreto, se hace referencia a la sensación generalizada de frustración por la incapacidad para lograr la satisfacción de algunas de las necesidades básicas, en particular la alimentación, y en otra medida la seguridad personal.
Hace varios meses inicio un proceso sostenido de “debilitamiento” en la adquisición de algunos rubros de la canasta básica de alimentos, con expresiones algo diversas. Se detectó una disminución en la adquisición de la leche completa en polvo, a lo que se le sumó las harinas de maíz precocidas. Ambos productos regulados por una medida de control de precios implementado por el gobierno nacional. Anterior a eso, algunos productos cárnicos, como el pollo beneficiado (también regulado), había desaparecido virtualmente de todos los locales, y los disponibles en la red de abastos oficiales eran insuficientes para cubrir la alta demanda. A la falta de leche en polvo se le agrego la ausencia del mismo rubro en el resto de sus presentaciones, y eventualmente comenzó a notarse la ausencia de las margarinas y aceites comestibles. Posiblemente lo más inusual de lo que ya parecía ser un patrón, lo constituyó la falta casi absoluta del papel sanitario. Este último inesperadamente resultó con una alta significación para la comodidad de la gran mayoría de los consumidores.
Es así que frente a una situación que altera notoriamente los hábitos de consumo (que son hábitos de comportamiento además) se experimentan sensaciones que van desde la sorpresa, a la confusión, la suspicacia, la desconfianza; hasta las más conflictivas como la frustración, la hostilidad y finalmente la agresión verbal o física.
Como es natural, se impone la necesidad de precisar cuál es la responsabilidad de los actores con parte en la problemática, y más concretamente como ha sido el comportamiento del Gobierno Nacional a fin de corregir las fallas y atender las demandas de la mayoría de las venezolanas y venezolanos; y en tal sentido es oportuno indicar que durante los primeros siete meses de gestión del Ejecutivo, se ha ido afianzando una cualidad fundamental para construir la necesaria gobernabilidad, que vale destacar no ha sido percibida ni analizada suficientemente como es la Racionalidad.
La Racionalidad es la cualidad específicamente humana que sustenta una conducta inteligente, mesurada y segura sobre la base de acciones y pensamientos concretos y reflexivos, para el logro de objetivos personales o sociales. De tal definición quedan pocas dudas de la importancia que tiene esta cualidad para el gobernante, puesto que un sentido debe transmitir confianza a los ciudadanos, y por otro sapiencia hacia los actores y fuerzas que lo apoyan.
Dicha cualidad se hace más relevante ante situaciones extremas. Es decir, que en el manejo de conflictos la Racionalidad, (o la carencia de esta) es el factor determinante para la resolución o agravamiento de los problemas.
Cabe preguntarse entonces, ¿cuál debe ser el rol del Poder Ejecutivo frente a una situación compleja y sostenida de perturbación del orden social con los elementos descritos previamente? Cualquiera que haya cohabitado en Venezuela los últimos 18 meses tendrá suficientes elementos personales de convicción para responder esa pregunta. Sin embargo, no se considera válido cuestionar las conclusiones de cada quien, pero en cambio se ofrecerá un análisis que no se priva de cuestionamientos y reconoce limitaciones que en todo caso podrán enriquecer investigaciones futuras.
En virtud del conocimiento de los elementos que sostienen la perturbación, ninguna salida puede ser considerada como legitima en tanto suponga el aprovechamiento de las fuerzas que manifiestan la radicalización de las acciones. Dicho de otro modo, es que el conflicto entre partes no puede, ni va a resolverse invocando y ejecutando acciones que violenten los principios fundamentales de la Constitución Nacional de 1999; concretamente los principios alusivos a la Paz, el Derecho y la Justicia. En tal sentido no hará ningún bien al país forzar una transición prematura (y presumiblemente violenta) del actual gobierno, como tampoco auspiciar y permitir que factores que se autodenominen como populares y leales al proceso amenacen ni coarten los derechos a los que estos últimos identifiquen como agresores.
En estos momentos de perturbación, cada una de las partes se ve amenazada por la otra, pero lo cierto es que dicha percepción es tan real como el grado de convencimiento, más no de certeza, de los involucrados.
Es decir, que desde su interpretación de la “realidad” están convencidos de la amenaza que sobre su existencia inmediata y su proyecto de vida y sociedad, representa su contraparte. Sin embargo, la certeza corresponde al acceso a las evidencias concretas e irrevocables, que en definitiva no se obtendrán de noticias tendenciosas, alarmistas y sesgadas de personas que movidas por el temor o por otros intereses inconfesos quieren manipular a las personas, y de esa forma obtener beneficios electorales y/o económicos.
Cada quien podrá identificar con más o menos equidad, (pero si con absoluta libertad) que sector del liderazgo político ha sido más consecuente con los principios constitucionales de Paz, Derecho y Justicia. En lo que concierne a este documento, y en vista de la responsabilidad como máxima autoridad del Gobierno, se discernirá sobre la actuación del Ejecutivo Nacional.
A pesar de algunos desaciertos, en términos generales la actuación del presidente Maduro es lo deseable de un líder responsable de la conducción de un gobierno identificado en el discurso y en la práctica con la estabilidad del sistema democrático y el disfrute de los derechos constitucionales. No han sido escasos los llamados a la Paz, y las convocatorias hacia los sectores que lo adversan han llegado para muchos al punto del hartazgo, y aunque es posible que los llamados puedan transmutarse en ingenuidad estéril, se reitera constantemente la solicitud para que rectifiquen sus acciones y en cambio se integren desde el respeto a las leyes y a sus identidades políticas en el proceso de desarrollo articulado en el Plan de la Nación 2013 – 2019.
Ahora bien, constituye una preocupante contradicción que al mismo tiempo que se llama a la Paz y que se realizan frecuentes actos públicos para reivindicar la convivencia, frecuentemente se adviertan o denuncien planes conspirativos enmarcados o paralelos a la guerra económica; pero de los cuales no se determinan y menos aún se imputan a los presuntos responsables. Por el contrario, estos no solo parecen actuar en total libertad, sino que legitiman su liderazgo ante sus seguidores, muchos de ellos privados de todo elemento de sindéresis, prudencia y tolerancia.
La denuncia tiene un propósito concreto, y en casi todos los casos aporta efectividad pues contribuye a desactivar las amenazas, y políticamente constituye un elemento aglutinador y movilizador de fuerzas. Lo que ocurre, es que la estrategia no se emplea para trazar una ruta confrontacional, pues contradijera el basamento moral del Ejecutivo.
Infortunadamente, el receptor del mensaje solo percibe la amenaza, y demanda acciones contundentes para identificar y neutralizar los agresores; y en cambio no se aprecia otro elemento innovador de la información que es la organización y movilización colectiva en torno a las variables tangibles del desarrollo. Dicho de otro modo, ante las amenazas y aún las acciones desestabilizadoras, la respuesta debe ser la cohesión en torno al proyecto revolucionario a través de la conformación de comunas, de núcleos de desarrollo endógeno, de actividades socioculturales y deportivas de calle, de estudio y formación política e ideológica. En otras palabras, participación.
A modo de reforzar la afirmación bástese con leer las declaraciones del propio Presidente Maduro en relación a la interrupción del servicio eléctrico ocurrida en la noche del lunes 02 de diciembre. El llamado oficial fue el de estar alertas pero en calma, pues el objetivo es garantizar ante toda circunstancia la realización de las elecciones municipales el próximo 08 de diciembre. Si esta no es la conducta racional de un estadista, francamente no sabría cómo calificarla.
Como máximo responsable del Poder Ejecutivo debe ofrecer respuestas no solo a sus electores, sino a toda la nación, y mostrando ciertos elementos materiales de convicción adelanta la tesis de sabotaje. En tal sentido demanda el Presidente que las instituciones oficiales procedan con las investigaciones a fin de determinar responsabilidades. Es decir, que a través de los mecanismos institucionales se establezcan con firmeza los distintos grados de responsabilidad de los implicados para de esa forma administrar Justicia, ergo Paz.
Nada más difícil ha sido para nuestro país que la administración de Justicia. Se han superado muchos desafíos, y se deben destacar los reconocimientos por el cumplimento de algunas de las Metas del Milenio, pero aun la Justicia es una materia de la cual se percibe un desfasaje importante entre los instrumentos legales y la estructura jurídico-institucional. Pero hay un elemento crítico de la gestión de cualquier sistema democrático, y es el de preservar la Paz por encima de las circunstancias. Esto quiere decir, que la política oficial, no solo en el acto comunicativo, sino en la cotidianidad y en la acción concreta debe ser y tiene que ser la promoción de la Paz, por medio de mecanismos como el diálogo, la solidaridad, la corresponsabilidad, la convivencia, la tolerancia, el respeto y la asertividad.
Nada más lesionador que caer en las provocaciones de fuerzas antagónicas, y sucumbir a las presiones de factores radicales que pretenden una confrontación a fin de preservar un proyecto que por sus implicaciones y motivaciones es de largo plazo, o la imposición forzosa de un modelo político y económico liberal agotado y con dolorosas consecuencias que se manifiestan ahora mismo en varios países del mundo. Cierto es que circunstancias extremas requieren medidas extremas, pero en este sentido la prudencia, la cordura y la ecuanimidad no pueden ser desplazadas por reacciones desencajadas de la legalidad, y menos aún si tales reacciones potencian elementos de confrontación presentes aunque no irreversibles en sectores de la población.
De manera que ante informaciones o eventos que amenacen la estabilidad del sistema democrático y la Paz del país, debe considerase que las acusaciones al gobierno por incompetencia, invitaría a una reconducción de las políticas de seguridad del Estado desmarcadas de las leyes, provocando en consecuencia que se socaven las barreras de la necesaria legalidad. A su vez se estimularían las fuerzas ultraconservadoras que propician una confrontación ya sea para hacerse del control inmediato del gobierno nacional, o para aplicar una profilaxis política característica de los regímenes totalitarios que provoque el aislamiento internacional y la violación del estado de derecho.
De ahora en más, debe calar la idea de la organización colectiva inteligente no como alternativa ante los esfuerzos por el quiebre de la Paz de la república, sino como única respuesta posible que además brinde garantías y salvaguardas para el desarrollo pleno, la independencia, la soberanía, y la coexistencia solidaria.
Finalmente lo anterior no puede interpretarse como una alegoría de una de las máximas del cinismo político moderno, que dijera un ministro durante el segundo periodo presidencial de Rafael Caldera (1994-1999) con su infame frase: “Estamos mal, pero vamos bien”. Nada más falso.
Es inobjetable que la situación es compleja, pero dista mucho de ser caracterizada como critica, especialmente si se compara con una parte muy importante de países de Europa, de Oriente Medio e incluso de Suramérica; pero exige no solo del Gobierno Nacional el cumplimiento de sus responsabilidades, sino que demanda de la colectividad un grado de conciencia y de responsabilidad política más elevado, de modo que la participación pueda trascender de medio hacia objetivo del desarrollo para lograr la justicia, y muy especialmente proteger y garantizar la Paz.
*Sociólogo.
Alfredoc305@gmail.com.
