Las noticias hoy sobre la situación de las empresas básicas de Guayana, principalmente Sidor y el sector aluminio, son verdaderamente alarmantes. Es posible que muchos de los lectores de Aporrea, que nunca han visitado Guayana o que no viven en esa jurisdicción o no trabajan en esas empresas, desconozcan su magnitud y complejidad.

En este sentido me permito señalar que son industrias enormes, con equipos de producción complejos y de alta tecnología, y que utilizan gran cantidad de empleados y obreros directa e indirectamente. Así mismo, las empresas básicas son el sostén de Ciudad Guayana y de todo el Estado Bolívar y surten de materia prima a otras empresas del Estado y a muchas empresas privadas en todo el país. Es decir, son empresas de gran importancia nacional.

Sidor, para el momento de escribir este artículo, ha estado en huelga durante los últimos 20 días y los trabajadores del aluminio mantenían cerradas algunas avenidas en la zona industrial, protestando todos por sus contratos colectivos y reivindicaciones laborales.

Sin entrar en mucho detalles sobre las condiciones actuales de operatividad del complejo de empresas básicas, que son verdaderamente lamentables: baja producción, instalaciones cerradas, pobre mantenimiento, desinversión y exceso de personal, solo me referiré al problema laboral.

La esencia de un contrato colectivo es garantizarle a los trabajadores sus reivindicaciones salariales, su desarrollo profesional y su protección industrial; y al empresario la posibilidad de mantener una economía saludable del negocio mediante el pago de una nómina acorde al volumen de producción y ventas , sobre todo en Guayana, donde el factor salarios es de suma importancia porque son empresas que utilizan gran número de trabajadores, técnicos y profesionales, y donde el valor del contrato colectivo puede significar el éxito o el fracaso económico.

Entonces, una empresa debe tener el número de trabajadores que requiere para sus operaciones, cualquier exceso solo recargará innecesariamente los costos empresariales, impedirá las promociones y el desarrollo de personal, sus mejoras salariales, bajará la productividad y pondrá en peligro las políticas de seguridad industria, de mantenimiento y de inversiones.

En el caso de las empresas de Guayana, donde el empresario es el Estado venezolano, las presiones sindicales y las políticas complacientes han permitido una sobrepoblación del personal, que en algunos casos ha más que duplicado las necesidades operativas. La modalidad seleccionada para esto es la de incorporar a los llamados tercerizados, trabajadores de las empresas privadas, especializadas en diversas aéreas del mantenimiento y los servicios industriales, que se emplean como trabajadores de nómina. Esta práctica, sumada a las carencias gerenciales, contraria a todas las técnicas empresariales modernas, ha llevado a la quiebra a las empresas de Guayana y a la pequeña y mediana empresa privada de la zona.

Una vez que el costo de la nómina sube sin control, al empresario, en este caso al Estado venezolano, se le hace cuesta arriba actualizar sus contratos colectivos, promover a sus trabajadores, mejorar las condiciones de seguridad industrial, realizar nuevas inversiones y lo más importante entrenar y capacitar adecuadamente a la masa laboral.

El resultado es lo que tenemos ahora: empresas quebradas y subsidiadas por el Banco Central de Venezuela, trabajadores descontentos, baja productividad y huelgas y protestas permanentes.

Al igual que con los precios de los productos de primera necesidad, donde años de controles han creado escasez e inflación, para desembocar en ajustes impresionantes de los precios de esos productos, como los que ha autorizado recientemente el gobierno, en las empresas básicas superpobladas, la presión de los trabajadores conducirá a aumentos salariales importantes que solo hundirán más a esas industrias económicamente, o lo que será peor ante la proximidad de la catástrofe: al despido masivo de personal!