Se ha vuelto una mala costumbre que al hablar de economía informal inmediatamente se piensa en buhoneros, pero en realidad la llamada economía informal abarca a todo aquel cuya actividad comercial carece de registro fiscal. Todo aquel que realice transacciones comerciales indetectables por el sistema tributario participa de dicha informalidad y allí entran los especuladores, revendedores, raspa-cupos, entre otros.

Venezuela es una nación con un desempeño económico atípico. La caída en la producción de bienes nacionales y transformación de materia prima con valor agregado es una tara que venimos arrastrando desde hace décadas y que empeoró luego del último gobierno de Rafael Caldera, aunque lastimosamente hay que reconocer que la revolución ha hecho muy poco para revertir dicho mal. Esto es producto de la liberación de importaciones que ha permitido que el capital nacional se dedique simplemente a importar cuanto necesitemos a lo interno, capturando el circulante que en materia de sueldos y salarios paga el estado que es sobre quien recae la pesada carga de ser el casi exclusivo proveedor de ingresos en la nación.

La situación se ha vuelto mas grave aun en el último año producto de una estrategia de guerra implementada por el capital burgués nacional de jugar a una huelga encubierta de importaciones y provocar escases en diversos rubros sensibles para elevar la inflación y masificar un mercado negro que antes se circunscribía únicamente a la obtención de divisas y hoy se ha diseminado en varios artículos de primera necesidad como alimentos, repuestos para vehículos, equipos de telecomunicación, productos de aseo e higiene personal, entre otros.

Cabe destacar que muy pocos han señalado que tal maniobra esta amparada en uno de los puntos mas débiles que tiene el aparato económico nacional y que no es otro que el sistema tributario.

La informalidad en Venezuela ha tomado un color crítico. El modelo tributario nacional resulta arcaico en torno a la cantidad y calidad de las maniobras actuales para evadirlo. La corrupción se cuela fácilmente por sus grietas y es casi imposible detectar la evasión tributaria de los grandes acumuladores de capital en Venezuela.

Es urgente una reestructuración. Modalidades tales como el "testaferrato" (valga el término) sería de fácil detección con una medida muy sencilla: todo ciudadano debe declarar impuestos y presentar comprobantes de sus gastos. Esto permitiría de manera eficaz rastrear inconsistencias entre ingresos y egresos y eliminaría de plano la informalidad económica, pues es en ella que se apoya el mercado negro y la evasión.

Pongo un ejemplo: en el caso de que un importador, a quien se le ha vendido divisas extranjeras según la normativa vigente para efectuar compras en el exterior de bienes que hipotéticamente dispone a la venta en el territorio nacional, no hay ningún control posible para evitar la "re-venta" de dichos artículos a intermediarios predispuestos por el mismo importador o "cazadores de ofertas" que luego colocan el mismo artículo con un sobreprecio exorbitante en el mercado de terceros (usados) o peor aun, en el mercado informal también llamado "mercado negro" porque no posee regulación ni pechaje impositivo alguno. Lo peor del caso es que esta clase de transacciones se realizan sin respaldo alguno que deje constancia de ella, ni hablar de impuestos. Así van quedando en la penumbra cientos de miles de operaciones de compra-venta de bienes sin registro fiscal alguno.

Cabe destacar que esta práctica sucia esta expandiéndose a un ritmo vertiginoso en Venezuela. Es casi imposible hallar algún producto de alta necesidad sin pasar por esos filtros. Desde la leche hasta los vehículos.

Obviamente, en el proceso la fuga de impuestos es inmensa y muy preocupante, porque la ganancia especulativa es nuevamente reciclada hacia el mismo proceso, generando una falsa referencia inflacionaria y encareciendo todo lo demás.

Esto está desgastando la capacidad adquisitiva del ciudanado salario-dependiente y enriqueciendo a quienes obran desde la oscuridad de nuestro sistema tributario.

La única manera de parar esta espiral es a través de una maniobra legal que consiste en poner a todo ciudadano mayor de edad a declarar impuesto, sin exención alguna. Esto obligaría a guardar factura de cuanta cosa se compre, lo que facilitaría el registro de las transacciones hechas en suelo patrio y bloquearía a los que se ocultan en el mercado informal para jugar a la especulación.

Por supuesto, habría que extender el registro fiscal y sincerar los registros comerciales, pero bien vale la pena el esfuerzo en pro de encarrilar a los anarquistas de la economía que juegan al desastre y a la especulación para enriquecerse y tumbar al gobierno de Maduro.


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