No acepto la violencia de particulares en contra de nadie y, por tanto, condeno categóricamente los asesinatos cometidos contra dirigentes campesinos, ocasionados por sicarios contratados por latifundistas que quieren apropiarse de sus tierras o que tengan cualquier otra motivación. Es también punible el uso de la violencia practicada contra líderes obreros, con el lamentable resultado de muertos y heridos, por parte de mafias sindicales independientemente de su cercanía o simpatía con el Gobierno nacional. Por otra parte, la violencia del Estado, más allá de lo que determinan las leyes y la Constitución, es más que reprobable.
Mucho más abominable incluso son las matanzas de aborígenes venezolanos, como las que permanentemente sufre el pueblo Yukpa, de manos directas de hacendados y ganaderos, sus sicarios y efectivos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional, en un enfrentamiento por la tenencia de tierras en el estado Zulia, que les fueran entregadas a la etnia aborigen en varios títulos por el propio presidente Chávez. Pero al mismo tiempo tampoco acepto que los aborígenes venezolanos estén al margen de nuestra legislación. No puede ser que un homicidio, sea por las causas que sea, se castigue en forma diferente por razones étnicas.
No quiero, en este momento, discutir sobre “derechos ancestrales” por parte de ninguna etnia radicada en territorio venezolano. Opino que el contenido de los artículos 1 y 4 constitucionales, para sólo referirnos al Título I (Principios Fundamentales), es claro en el sentido de la integridad territorial venezolana, como derecho irrenunciable de nuestra Nación y principio rector de nuestro Estado, razón superior a cualquiera otra que pretenda consciente o inconscientemente la desintegración territorial de Venezuela. Los nacidos en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela son venezolanos por nacimiento (artículo 32.1 constitucional) y son iguales ante la ley y con los mismos derechos (artículo 21 de la Constitución), por lo que no pueden existir concesiones especiales de propiedad sobre el suelo y el subsuelo de la patria de Bolívar.
Lo que resulta incomprensible en el caso de los Yukpa es que teniendo en sus manos los títulos de propiedad de sus tierras que, en principio, deberían ser similares a los títulos entregados a otros campesinos venezolanos no aborígenes, los organismos del Estado y concretamente la Fuerza Armada Nacional actúe del lado de los terratenientes en el hostigamiento y agresiones incluso fatales contra los miembros de esta etnia aborigen. Más incomprensible resulta la actitud del Ejecutivo Nacional, que no responde como se debe ante las múltiples denuncias efectuadas por los líderes de estas comunidades y numerosos luchadores sociales que los acompañan, a pesar de ser las mismas permanentes y desde hace mucho tiempo.
El no pago de las bienhechurías hasta el presente es un problema entre los hacendados y ganaderos y el Estado venezolano, por lo que no puede ser excusa para no entregar a los indígenas las tierras otorgadas, ni para que éstos no puedan trabajarlas en paz y vivir con sus familias. Mucho menos para perseguirlos, hostigarlos, agredirlos y asesinarlos en forma impune. Si en legítima defensa los aborígenes afectados han tenido que recurrir a la violencia, las disposiciones legales vigentes establecen consideraciones especiales en estos casos a todos los venezolanos. He quedado anonadado con las enormes dificultades causadas por el Estado a un grupo de aborígenes de Perijá que se movilizaron hasta Caracas.
El Gobierno no puede mantenerse en silencio ante los reclamos existentes, pues este tipo de conducta agrava los enfrentamientos entre los sectores involucrados en la lucha. No se entiende la entrega de títulos si sus disposiciones no se iban a cumplir, lo cual es totalmente ilegal en éste y en cualquier otro país. Si el Gobierno tiene conocimiento de situaciones y hechos contrarios a los intereses patrios, debería informarlos claramente al pueblo venezolano y a los interesados, pues de lo contrario se condena a estas comunidades aborígenes venezolanas a una indefensión total, ante la acción delictiva de quienes han tomado las leyes en sus manos y las aplican a través de sicarios y efectivos militares.
Hasta ahora, según lo que se conoce públicamente, los mayores afectados y lesionados en sus derechos, incluyendo el derecho a la vida, han sido los miembros y caciques de estas comunidades, quienes han soportado agresiones físicas de todo tipo, incluso contra niños y mujeres, así como la destrucción de sus enseres, la expulsión de sus tierras, un hostigamiento permanente y encarcelamientos arbitrarios. Acciones todas censurables en cualquier país y más en Venezuela, que se denomina Estado de derecho y de justicia. La inacción de los poderes públicos ante las denuncias, la impunidad evidente de los agresores y el silencio que rodea los hechos, significan la existencia de poderosos intereses contrarios a los derechos de propiedad de los Yukpa, capaces de influenciar los niveles más altos de los poderes públicos.
Por último, dejo claro que defiendo la integridad territorial venezolana, pues se trata de mi patria a la que quiero profundamente. Enfrentaré cualquier intención de fragmentación de nuestro territorio, como ha ocurrido en África, en el mundo islámico y en países tan próximos geográfica y sentimentalmente como Bolivia, desintegraciones impulsadas por poderosos intereses de las grandes naciones, que quisieran ver a nuestras patrias completamente divididas e indefensas. Rechazo la influencia de organizaciones extranjeras y nacionales, financiadas por los distintos imperialismos, que en nombre de supuestos derechos ancestrales y de descendencias genéticas claramente racistas, pretenden dividir nuestra república en pequeños territorios étnicos, “afrodescendientes” o del tipo que sea, lesionando la soberanía de la patria de Bolívar.
La Razón, pp A-6, 25-11-2012, Caracas
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