La fuga de Carlos Ortega y los Faría de la cárcel de Ramo Verde se puede ver desde muy diversos ángulos. En primer lugar, la incapacidad del Estado para mantener los mínimos niveles de seguridad en una cárcel que se supone de alta seguridad y con criminales (porque no son otra cosa) calificados de alta peligrosidad. Con toda seguridad, va a costar dios y su ayuda atrapar a los ahora fugitivos. Y, también con toda seguridad, en el gobierno van a rodar algunas cabezas por permitir la fuga (al menos eso espera una gran mayoría).
Sin embargo, lo más escandaloso con relación a la fuga de Ortega y compañía no es solamente que se hayan fugado, cosa ya de por si grave (aunque vale acotar que evasiones se han producido incluso en cárceles de máxima seguridad de los Estados Unidos y de Europa). Lo más grave, repito, es que un sector de la población venezolana, claramente identificada con la oposición política, piense que lo hecho por Ortega y los otros es un acto de heroísmo. De mil maneras intentan justificar que los evadidos no sólo tenían derecho a fugarse, sino que casi estaban obligados a hacerlo.
Pero la cosa no se detiene allí. Familiares y abogados de Carlos Ortega han dicho públicamente que apoyan la acción emprendida por el ex-sindicalista (ya está bueno de llamarlo presidente de la CTV como hace Globovisión). La abogada Petty Torres llegó incluso a decir que la fuga es legítima y que los “afectados” tenían que buscar otras alternativas. Eso se llama, aquí en Venezuela, en la China y en cualquier parte del mundo, apología del crimen. Y como tal es y debe ser severamente sancionado. Nadie puede considerar la comisión de un crimen como una actividad legítima y menos aún hacer una defensa pública de esta posición.
Pero estamos en Venezuela… el país con la revolución más ingenua del mundo. El mismo Estado que fue incapaz de mantener encerrado a unos criminales como los que hoy ya se encuentran enconchados también permite que una parte de la ciudadanía manifieste públicamente que cometer delitos es cosa buena, legítima y casi obligatoria. Buena oportunidad se le presenta ahora a las autoridades para hacernos ver que de verdad en Venezuela hay un Estado de Derecho, prohibiendo la difusión de mensajes que contengan una apología del delito. Buena oportunidad para que CONATEL demuestre que de verdad existe.
No quiero dejar pasar un hecho que ahora sólo quedará como una anécdota: hace algunos años, creo que en vísperas del referéndum revocatorio, la hasta hace poco candidata presidencial Cecilia Sosa y ex-presidenta de la extinta Corte Suprema de Justicia se atrevió a decir que para salir de Chávez había que tomar las calles y, si era necesario, pasar por encima de las leyes. ¡Por dios santo, nada más y nada menos que una ex-presidenta de la Corte Suprema de Justicia! Lamentablemente es el tipo de mentalidad que predomina en las filas de la oposición. Pero no debe serlo en las del gobierno y del oficialismo. Ya es hora de mostrar mano dura.
