Los Acuerdos de Paz en Colombia se han concretado solo 18%, según el Observatorio de Seguimiento a la Implementación de los Acuerdos de Paz. Estos se miden en relación al avance de los puntos fijados en la agenda presentados por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, denominadas antes del proceso de negociación: Fuerzas Armadas de Colombia; su origen está en el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán que hizo que se fueran a las armas cuando se les negó la posibilidad de ser gobierno.
Desde que se firmó el acuerdo en 2016, han asesinado dos decenas de excombatientes, familiares y colaboradores, y los de la FARC continúan amenazados de muerte. Esto representa una alerta máxima en un país donde han matado a más de 133 líderes sociales en el 2017; hace dos meses ocurrió la masacre de los campesinos en Tumaco y recientemente se encontraron 2000 cuerpos en una fosa común.
Por consiguiente, se puede decir que el Ejecutivo colombiano no está interesado en el éxito del proceso de Paz. Más bien, pareciera que la verdadera intención es anular políticamente a líderes de la FARC, desapareciéndolos, lo cual cobra sentido en el hecho de que los llamados falsos positivos (los jóvenes campesinos fueron asesinados por el Ejército de Colombia para hacerlos pasar como guerrilleros dados de alta en combate) ocurrieron en la presidencia de Uribe con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa.
A lo anterior se suma la campaña en contra del plebiscito para el Acuerdo de Paz: no se promovió la lectura del documento, sino que se vendió su tergiversación. Detrás de la manipulación ha estado la oligarquía de ese país favoreciendo la abstención en elecciones.
En presente, el escenario es el mismo: mantener la exclusión, no les conviene que un líder de izquierda compita en la contienda electoral. De ahí que Juan Manuel Santos cuestione que la FARC haya mantenido las siglas de su nombre.
