Se tortura. Se ejecuta. Se maltrata. Se humilla. Se encarcela injustamente. ¿Quién puede dudarlo? Tanto el informe de la Misión independiente designada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que lo hace en abundancia, como el contrainforme redactado por respuesta por el Poder Ciudadano y el Poder Ejecutivo, que lo hace con sordina, ambos dos, como dicen, reconocen que los derechos humanos se violan masiva y sistemáticamente en Venezuela, fenómeno inveterado, de larga data en nuestra historia, hoy exponenciados a causa del descuadernamiento institucional que padece la república. Sirve de poco a la causa democrática convertir esta vergüenza que los venezolanos padecemos a diario, y desde hace muchas, muchas décadas, en un arma arrojadiza contra el adversario político. Aquí se requiere convertir a los derechos humanos en un asunto de Estado y consensuar un Pacto Nacional de todos para su resguardo y desarrollo.
La Misión relaciona numerosos casos de tortura y de ejecuciones. He leído hasta ahora 246 páginas de las 443 que componen su informe. Igualmente, he repasado las 112 que integran el publicado por el Estado venezolano, que a su modo también refiere las altas cifras de las violaciones a los ddhh en Venezuela. En la segunda parte de esta columna que publicaré la próxima semana comentaré lo que me falta por leer. Pero ya hoy me es dado afirmar que, sin duda alguna, puede establecerse una responsabilidad general del Estado en la comisión de estas violaciones a los derechos humanos: porque no se ha logrado disminuir su ocurrencia, porque las instituciones ciudadanas y judiciales no juegan el rol independiente y de contrapeso al Poder Ejecutivo que deben jugar, porque el entorno que las propicia es de naturaleza política y propiciado principalmente por el alto gobierno.
Sin embargo, hasta este momento al menos, no he podido encontrar ninguna responsabilidad directa en crímenes de lesa humanidad ni del presidente Nicolás Maduro, ni de Diosdado Cabello, ni de Vladimir Padrino, como se ha querido hacer ver, con clarísima premeditación política, sí en cambio de los generales Néstor Reverol y Gustavo González López, en su desempeño como ministros de Interior y Justicia (y en el caso del segundo, también como director del SEBIN). Hay, claro está, una responsabilidad política, incluso negligencia criminal, de Maduro, Cabello y Padrino (como demostraremos en la segunda parte de esta columna), pero no más de eso. Igual me ocurrió con la lectura de la acusación del Fiscal de EEUU, William Barr, pues en ella no hay ni un solo hecho que pruebe la participación del presidente Maduro en delitos de narcotráfico, como ha querido hacerse ver. Es mi deber decirlo, a riesgo de ser fusilado por enésima vez en el paredón de los extremistas de lado y lado.
A los fines de establecer la responsabilidad de Maduro y Cabello, sólo se mencionan los siguientes hechos, a mi juicio claramente insuficientes:
- Que un militar dijo que las órdenes de detención eran de Maduro y Cabello a través del Director del SEBIN.
- Que el general Manuel Cristopher Figuera, exdirector del SEBIN, testimonió ante la Misión que recibió órdenes directas de Maduro de "sembrar" armas (por ejemplo, caso R. Marrero).
- Que Cristopher Figuera dice que Maduro ordenó quiénes serían torturados.
- Que el fiscal Franklin Nieves dijo que Maduro y Cabello daban órdenes al Fiscal General.
- Que Steyci Escalona dijo que la jueza Mariela Acevedo a cargo de su caso dijo a su vez que habló con el vicepresidente Tarek El Aissami, de lo que se deduciría que lo hacía por encargo del presidente.
- Que Ángel Zerpa dijo que un agente del SEBIN había dicho a su vez que Maduro había ordenado su detención.
Así, derivadas de simples señalamientos, resulta difícil poder corroborar una acusación tan grave como la de comisión directa de delitos de lesa humanidad.
La participación tanto de Maduro como de Cabello y Padrino, y lógicamente la de Reverol y González, en el mando y ejecución de las mal llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo, será analizada en la segunda parte de esta columna.
Las declaraciones del diputado Juan Guaidó, subsecuentes a la presentación del informe de la Misión, requiriendo que las Naciones Unidas ejecuten sobre nuestra patria medidas propias del compromiso de Responsabilidad de Proteger, así como las del Secretario de Estado de los EEUU y del presidente de Colombia, revelan la premeditación que hemos aludido, es decir, la pretensión de justificar mediante el establecimiento de la culpa directa en delitos de lesa humanidad del jefe del Estado de Venezuela, la tentativa de una intervención militar multilateral en nuestra patria. Por cierto, lo que no dicen sus proponentes, es que antes siquiera de considerar cualquier opción de fuerza, las Naciones Unidas deben emplear acciones previas como son: uno, la mediación; dos, los mecanismos de advertencia tempranos; y tres, las sanciones económicas, y que sólo entonces, cumplidos estos tres pasos previos, se llegaría a una eventual e improbabilísima intervención militar multilateral según lo previsto en el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas cuando el Consejo de Seguridad así lo decida, todo lo cual muestra no sólo la ignominia sino la irresponsabilidad demagógica de la propuesta, a menos que se crea que Rusia y China no vetarán tal propuesta.
Son numerosos los sesgos, inconsistencias e imprecisiones presentes en ambos informes. Por ejemplo, no parece lo más adecuado que el de la Misión haya sido redactado desde fuera del país, aunque con base a numerosos testimonios de víctimas y/o familiares de las víctimas, sin que parezcan suficientes las diligencias diplomáticas alegadas que se habrían realizado para tal fin, salvo la redacción y remisión de comunicaciones no contestadas por el gobierno. Igualmente, luce extraño que este informe no se basara en ninguna de sus partes en los reportes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH, ni que se ofrezca relación sobre contacto alguno mantenido con ella, que sí cuenta con una delegación in situ que espera ser ampliada y fortalecida, según se ha comunicado. Dicho sea de paso, la ponderada alusión a Venezuela que hiciera la señora Bachelet como parte de su alocución ante el Consejo de DDHH de la ONU, fue tontamente vapuleada por el gobierno, cuando entre otros puntos criticó la adopción de sanciones económicas contra Venezuela, constató las acciones recientes del Ministerio Público en la sanción de funcionarios responsables de violaciones a los derechos humanos, y elogió los indultos presidenciales de más de 100 presos políticos. Claro, igualmente hizo mención, como es su deber, a los preocupantes números de ejecuciones en los barrios por parte de las FAES, los actos de tortura y las miles de detenciones arbitrarias. ¿Qué querían? ¿Que nada dijera al respecto? Sorprende esta actitud, propia de los regímenes totalitarios y no de las democracias, poco comprensiva por parte del Estado venezolano cuando, si sus representantes lo piensan mejor, lo que les conviene es exactamente lo contrario.
También sorprenden las inconsistencias del informe presentado como réplica por el Poder Ciudadano y el Poder Ejecutivo. Sólo tengamos en cuenta que de sus 112 páginas:
- 1/3 está ocupado con el discurso meramente político contra la oposición extremista y los EEUU.
- 1/6 está volcado a contradecir las inconsistencias del informe de la Misión.
- 1/6 se ocupa de las referencias teóricas a los ddhh en la Constitución y las leyes y a las instituciones que se ocupan o deberían ocuparse del tema (ninguna, por cierto, plural, con presencia de la oposición como pasa en toda democracia: recordamos por ejemplo cómo en tiempos tan criticados del puntofijismo, el MAS y la Causa R, los dos principales partidos de izquierda, ocuparon muchas veces la presidencia de la Subcomisión de DDHH de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados).
- Sólo 1/3 restante contiene cifras generales acerca de la sanción de miles de funcionarios públicos responsables por la comisión de violaciones a los derechos humanos, sin hacer ninguna referencia a éstas, sus causas, sus procedimientos y sus consecuencias.
La próxima semana terminaremos de exponer algunas de las principales inconsistencias de ambos informes, abordaremos en detalle las principales violaciones a los ddhh demostradas, nos referiremos a las OLP (ya denunciadas por quien suscribe en 2016*) y a las muertes durante el transcurso de protestas, y estableceremos algunas evidentes responsabilidades.
*Denuncia de 2016 ante Fiscalía:
https://www.globovision.com/article/piden-a-la-fiscalia-que-investigue-desempeno-de-la-olp
