La opinión pública nacional, en particular la caraqueña, en los últimos días estuvo convulsionada por los sucesos acontecidos en barrios de cinco parroquias caraqueñas (Santa Rosalía, La Vega, El Paraíso, San Juan y El Valle), especialmente con los que se conectan con la Cota 905, que es el núcleo operativo de la Banda Criminal (BACRIM) dirigida por el líder negativo Carlos Luis Revette, reconocido con el alias "El Coqui".
A partir de la tarde del 7 de julio, en diferentes puntos estratégicos de estas parroquias comenzaron a suscitarse disparos y acciones vandálicas que más que propiciar enfrentamientos armados con los órganos de seguridad del Estado lo que pretendían era sembrar caos y zozobra en la población caraqueña, como una manera de reflejar una situación de anarquía y de ingobernabilidad en la ciudad capital. Ya no era la acción aislada de una banda delincuencial motivada por un hecho puntual y circunstancial, sino que se dejaba en evidencia que era una actuación que respondía a un plan orquestado y de mayor alcance y con connotaciones políticas.
Efectivamente, con la respuesta contundente, a tales desmanes, por parte de la fuerza pública en estrecha relación con la inteligencia popular se pudo determinar la conexión de tales hechos con el paramilitarismo colombiano, orientados en el propósito de proyectar una imagen de ingobernabilidad en momentos en que visitaba a nuestro país una delegación de la Comunidad Europea, como para que estos visitantes acentuaran la idea preconcebida y propalada por la mediática internacional de que Venezuela es un país ingobernable, donde cunde el caos y la anarquía, incapaz de garantizar la paz requerida para realizar una megaelección como la que está prevista para el próximo 21 de noviembre. Todo ello, enmarcado en la estrategia estadounidense que pretende supeditar la constitucionalidad electoral venezolana al caprichoso requerimiento imperial del acuerdo de salvación nacional enarbolado por el ex-diputado Guaidó.
Como ya es del conocimiento público, los mismos delincuentes detenidos, en sus declaraciones, han reconocido la vinculación existente con el paramilitarismo colombiano, el armamento incautado demuestra, por sí sólo, la procedencia vinculante con el ejército colombiano. Y, por si hacía falta, el inefable Ivan Simonovis, desde su deleitable exilio de Miami, en su condición de comisionado de seguridad del ficticio gobierno guaidocista, pregona, con absoluto desparpajo, que tales acciones de los grupos delincuenciales, junto con los sucesos de Apure acontecidos en mayo pasado, forman parte de un plan orquestado destinado a desestabilizar al gobierno bolivariano de Nicolás Maduro. Como suelen decir los abogados a confesión de parte relevo de pruebas.
Pues bien, ante estos hechos, habría que preguntarle al alcalde Elías Sayegh Allup: hasta cuándo se va a hacer la vista gorda frente a la desatinada estrategia política desarrollada por su amigo Juan Guaidó, a quien, en dos oportunidades, recibió en el Anfiteatro de El Hatillo, reconociéndolo como presidente de la República y que ahora, nuevamente, aparece relacionado con escabrosos acontecimientos como los ocurridos en la Cota 905 y que han merecido el más amplio repudio de la población venezolana. Debe tener presente el ciudadano alcalde que en política el doble juego tiene poco alcance y, generalmente, es expresión de una conducta torcida.
