La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDDC) ante el caso Carlos Lanz

No haremos un pronunciamiento sobre el fondo de este caso cuyo proceso apenas se inicia y la prudencia obliga a esperar el desarrollo del juicio y el curso de las investigaciones que supuestamente continúan. En ese sentido nos preocupa que la Fiscalía prácticamente lo haya dado por "resuelto" usurpando las funciones del Poder Judicial, en franca violación de la Constitución.

Al momento de redactar este comunicado el Ministerio Público, a través del fiscal general Tarek William Saab en cinco presentaciones ante los medios de comunicación y el país, ha dado casi por resuelto o concluido el caso de la desaparición y muerte del luchador social Carlos Lanz Rodríguez.

La trama de sucesos, hipótesis, detenciones y narrativas sobre el caso Carlos Lanz, deja una estela que podemos definir como consternación nacional, caldo de cultivo para muchas preguntas, inquietudes, debates y sobrexposición al odio de las 13 y ahora 15 personas presuntamente implicadas en dicho caso, divulgado a través de los medios de comunicación y en las redes sociales.

Nos preguntamos...

• ¿La actuación del Ministerio Público y del fiscal general en el caso de la desaparición y muerte del dirigente político Carlos Lanz está apegada a la Constitución, al Código Orgánico Procesal Penal y demás leyes vigentes en Venezuela?
• ¿Se respeta el Estado de derecho y se cumple el debido proceso de todos los 15 imputados hasta la fecha, para que no pierdan valor jurídico las actuaciones del MP y del Estado venezolano?
• ¿Es pertinente la creación de nuevos tribunales (como el tribunal de terrorismo, fiscales en materia de terrorismo y nuevos tipos penales, además de la aplicación de la ley contra el odio), aunque no están contemplados en la Constitución?
• ¿Por qué se incorpora en labores de investigación al Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), que es un ente que sustituye al FAES, sin que legalmente tenga facultades para ello?
• Hasta la última intervención en los medios de comunicación del 11/07/22 el fiscal general del Ministerio Publico Tarek. W. Saab afirmó haber interrogado a los detenidos en distintas horas y circunstancias, para obtener videos, confesiones, delaciones sobre el caso. ¿Acaso estamos en presencia de la vulneración del derecho fundamental de los ciudadanos detenidos que no han tenido la asistencia jurídica independiente en este proceso?
• ¿Podríamos presumir que los detenidos/acusados fueron obligados bajo apremio, coacción, amenaza, fuerza y abuso de poder a declarar ante un órgano policial y ante fiscales del Ministerio Público, mientras el Código Orgánico Procesal Penal es claro, al establecer que una persona detenida tiene que estar frente a un juez de garantías?
• Si se incumple con las disposiciones de la CRBV, con lo establecido en el COPP, con el rol del Ministerio Público y demás normas vigentes nos preguntamos: ¿Para qué sirven 23 meses de investigación, con más de 200 diligencias, presentados por Tarek William Saab en representación del Ministerio Público y como parte del Poder Moral?
• En estas circunstancias en que se ha presentado el caso sobre la desaparición y asesinato del luchador social Carlos Lanz, un elemento adicional y no menos importante es la criminalización pública de la actuación del Comité de Búsqueda y Rescate de Carlos Lanz, constituido por individualidades y más de 150 organizaciones sociales en todo el territorio nacional, un hecho público que hace parte de la consternación en círculos críticos al gobierno, de luchadores sociales y hasta en la propia ciudadanía en general.  Entonces: ¿Podríamos inferir que la descalificación y criminalización del Comité de Búsqueda y Rescate de Carlos Lanz, coloca a sus miembros en situación de vulnerabilidad de sus garantías y derechos: hasta ahora conculcados en su derecho a réplica en todo el sistema de medios de comunicación públicos nacionales?

Como Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC) consideramos que, a Carlos Lanz Rodríguez, a cada persona imputada públicamente en este caso por Tarek William Saab y a toda la ciudadanía de esta patria, nos conciernen las condiciones en que se imparte justicia en nuestro país. Queremos actuaciones científicas, coherentes, objetivas, ajustadas a la constitución y a las leyes.

La lucha por la Defensa de la Constitución Nacional continúa. Hasta hoy, no hay nada que celebrar. Tampoco es caso cerrado. Sigue la deuda con el país. Nada justifica la desaparición y el asesinato de Carlos Lanz ni de nadie, pero no se rinde homenaje a un docente, a un luchador social de larga data, si en su nombre se violan los derechos humanos y se conculca el debido proceso.

No hemos salido de la consternación nacional por hechos tan lamentables como los presentados por la TV "… con detalles escalofriantes" como gusta decir el fiscal general, cuando se suceden nuevos casos con tramas de corrupción, de tráfico de drogas, de detenciones selectivas, de criminalización de la protesta de trabajadores y diversos sectores en lucha, sin que ninguna de las instancias del gobierno y del parlamento venezolano se inmute por ello ¿son casos aislados?

Recordemos que los delitos que constituyen violaciones de derechos humanos no prescriben, tal como lo establece el artículo 25 de la Constitución Nacional que plantea la responsabilidad penal, civil y administrativa contra funcionarios públicos que ordenen o ejecuten actos violatorios de los derechos constitucionales.

Por ello, desde esta Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución exhortamos a los diferentes sectores de la vida nacional (incluyendo las autoridades públicas, civiles, militares, parlamentarias, eclesiásticas, académicas, organizaciones sociales, etc.) a pronunciarse y defender los principios democráticos que dignifican la convivencia de todo el pueblo venezolano.

 Gustavo Márquez, Edgardo Lander,  Héctor Navarro, Esteban Emilio Mosonyi, Santiago Arconada, Juan Garcia, Oly Millán, Ana Elisa Osorio, Roberto López