Todo el mundo conoce los secretos fraudulentos e ilegales cometidos por los directivos de la empresa ENROM, que convirtieron esa entidad en líder del crecimiento del valor de sus acciones gracias a los juegos malabares de los mismos, con ambiciones, falta de ética y trasgresión de la legalidad, en el marco de la desregulación del mercado capitalista. También se conocen las imágenes de la detención, enjuiciamiento y condena de sus principales directivos.
Debe recordarse que este megafraude conllevó a la pérdida de sus ahorros, invertidos en acciones en dicha empresa, de miles de personas confiadas en los supuestos éxitos económicos y la garantía de la expansión exorbitante de sus intereses en distintas ramas de la economía de Estados Unidos y otros países.
A partir de una pista, casual o no, y un primer cuestionamiento en la prensa, se produjeron en poco tiempo las investigaciones legales pertinentes y la declaración sorpresiva de bancarrota. Entonces fueron revelándose los detalles del colosal fraude financiero “cocinado” por las mentes malabaristas de sus directivos con ambiciones irrefrenables. Todo se vino abajo de la noche a la mañana y la hecatombe tuvo tintes de tragicomedia en los Estados Unidos.
Sin embargo, una pista conocida quedó con los cabos sueltos, y estos fueron los intereses e influencias compartidos por George W. Bush y su padre, con los directivos de la empresa antes y durante su crecimiento a expensas de una burbuja financiera que finalmente explotó a consecuencia de tanta insuflación.
Si ante este caso empresarial hubo cierta transparencia y actuación tanto del sistema legislativo como judicial de Estados Unidos, todo el mundo está en pleno derecho de pensar en por qué razón, ante la bancarrota política, económica y moral de Estados Unidos como nación, bajo la dirección durante 8 años de Bush y Cheney, no se procede con igual procedimiento. Es decir, librar una investigación exhaustiva que revele aún más y profundice en el colosal fraude que en estos campos se cometieron por estos directivos de la nación y sus compinches de aventuras internos y externos.
Esta compañía, al igual que la ENROM, tenía delimitado su marco de actuación en todos los órdenes y, sin embargo, sus ambiciones desmedidas de poder les llevó a la violación de intereses sagrados del pueblo y la nación norteamericanos, y con ello causaron daños mayores en lo económico y lo ético que los de ENROM, y provocaron miles de muertes de estadounidenses y de otros nacionales de los países aliados y tal vez más de un millón de víctimas de Irak y Afganistán.
No puede olvidarse tampoco los procedimientos empleados por esta camarilla gubernamental para sus propósitos criminales. Resaltan la mentira, el fraude, el engaño, la violencia, las órdenes ejecutivas de asesinatos extrajudiciales, de cárceles secretas, de apresamientos ilegales y secuestros, de torturas. Además de concesiones de contrataciones a empresas con las cuales se compartían intereses, de gastos exorbitantes para el financiamiento de las guerras declaradas mediante el fraude y la mentira.
Ante estas realidades conocidas, reveladas por mecanismos gubernamentales oficiales de Estados Unidos, por la prensa nacional e internacional, por organizaciones internacionales como la ONU y la Cruz Roja Internacional y otras, por personalidades de los Estados Unidos y de otros países, denunciadas por las víctimas de las horrendas prácticas ilegales, ¿no se justifica acaso que los hechos sean investigados por el Congreso, por la Fiscalía y los Tribunales de los Estados Unidos, por el Tribunal Penal Internacional?
¿Acaso no se justifica que Bush, Cheney y Cía., así como otros compinches como Blair y Aznar, sean sometidos a un proceso judicial, como resultado del cual seguramente serían condenados severamente?
Hechos probados como la autorización de cárceles secretas, de secuestros de personas a nivel internacional, de órdenes ejecutivas de asesinatos, de aplicación de torturas, de violación de derechos humanos esenciales, de crimen contra la paz de las naciones, son todos actos ilegales de carácter grave, incluso delitos de lesa humanidad, por lo cual se impone un deber elemental de hacer justicia por parte de las instituciones de los Estados Unidos. Cerrar los ojos ante tantas evidencias, sería también complicidad criminal. Y el pueblo norteamericano necesita despertar, abrir los ojos y poder pensar y ver su nación y el mundo sin vendas en los ojos.
15/4/09
wilkie@sierra.scu.sld.cu
