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Sin lugar a dudas que estamos de acuerdo con que a Lina Ron se le aplique la ley si ella ha incurrido en algún delito. No obstante, en lo que jamás podríamos estar de acuerdo es que a esta ferviente defensora del proceso revolucionario se le utilice como un trofeo para entones ridículamente hacernos creer que el sistema judicial venezolano está funcionando bien. Esto sería un absurdo, y más que un absurdo, una inmensa majadería de las muchas que ha cometido el gobierno del presidente Hugo Chávez.

Para decir verdad no vimos con buenos ojos la forma como el Presidente asumió en público la detención de Lina Ron. En otros casos el líder ha podido ser más enérgico y contundente y sin embargo no lo ha sido. Pensamos que Lina Ron, más allá de los errores que haya cometido, merece la consideración de quienes en algún momentos hemos coincidido con sus luchas, pero, sobre todo, del presidente Hugo Chávez, a quien esta irreverente mujer ha profesado amor, respeto y admiración, incluso sin rayar en la adulancia y la hipocresía de muchos mediocres que aplauden y celebran todo, aún los errores.

Estamos seguros que a muchos venezolanos nos ha pasado alguna vez por la cabeza hacer cosas iguales o peores a la que supuestamente hizo Lina Ron en contra de esa bazofia llamada Globovision. Sin querer justificar tal conducta , no nos queda duda que la acción es una respuesta a los estímulos de una televisora que no hace otra cosa que ofender, estigmatizar y ridiculizar a los venezolanos, que como Lina Ron, sentimos impotencia y rabia, por no decir otra cosa, ante tanto cinismo y tanto descaro.

Nos preguntamos entonces, si estamos en un verdadero estado derecho, quién defiende a Lina Ron ante los insultos las vejaciones y las ofensas proferidas contra ella durante todos estos diez años por Globovisión. Dudamos que exista otra persona en este país que haya sido tan satanizada, burlada y ofendida a través de los medios de comunicación del país como Lina Ron, por el sólo hecho de defender con valentía y fervor al proceso bolivariano y especialmente por defender la figura del presidente Hugo Chávez Frías. Eso, creemos nosotros, debería tener algún reconocimiento sobre todo por parte de aquellos que ahora intentan presumir de justos lanzándole piedras y atizando la candela.

Sería muy estúpido, y por lo demás ingenuo, pensar que la oposición golpista y desalmada de nuestro país va a cambiar su actitud violenta, y la percepción que tiene del gobierno y del sistema judicial porque se haya detenido a Lina Ron. Lo que si tendrían que hacer algunos que quieren hacer leña del cedro caído es presionar para que de una vez se le aplique la ley a esa basura llamada Globovisión. No nos causa risa que esté detenida Lina Ron cuando por ahí muy risueños por las calles andan los asesinos de campesinos, los asaltantes de embajadas , los colocadores de bombas y otros terroristas de la calaña Oscar Pérez que en estos momentos se deben estar burlando de la buena fe del Presidente.

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Otro de los casos que ha causado revuelo y alharaca en el gallinero político y comunicacional durante todos estos días, ha sido el papel de trabajo, o mejor dicho, las ideas, que fueron presentadas por la fiscala general de la república , Luisa Ortega Díaz, ante la Asamblea Nacional con el propósito de que la misma asumiera la iniciativa de redactar y discutir un proyecto de ley sobre delitos mediáticos.

Esto, a nuestro entender ha sido un error político tan grave como la inoportuna protesta de Lina Ron en la sede de Globovision . En primer lugar, porque no es la fiscala la más indicada para realizar una propuesta tan importante , delicada y trascendente como la de adecuar el marco jurídico para regular la actuación de los medios en el contexto social venezolano. Lo que por supuesto no quiere decir que ella, como cualquier otro ciudadano venezolano, no este en el derecho y la libertad de hacerlo. Sólo que ha debido inhibirse por las características del cargo que ocupa actualmente.

Además de que no ha debido ser Luisa Ortega Díaz la más indicada para lanzar la propuesta, estamos convencidos de que no existe la necesidad de una nueva ley para castigar los delitos que se cometen a diario a través de los medios de comunicación, pues todos éstos están tipificados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el Código Penal Militar, el Código Penal Civil y otros instrumentos jurídicos como la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.

Lo que si creemos es que ha faltado voluntad política, decisión, y sobre todo honestidad, para hacer cumplir la constitución y las leyes.

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Por cierto nos dejan abismados los argumentos, o más bien las mentiras, con las que el Colegio Nacional de Periodista (CNP) pretende objetar la decisión tomada por el gobierno, a través de CONATEL, de revocarle la concesión a 34 emisoras de radio que no lograron reunir los requisitos exigidos por el organismo para que justificaran su supuesta legalidad.

Lo primero que señalan los representantes del CNP, entre ellos Ángel Perozo aquí en Carabobo, es que se está coartando la libertad de expresión, que se está atacando la libre empresa y que se quiere imponer un pensamiento único, entre otros mangos y bambalinas con los cuales ellos torpemente intenta armar un discurso lleno de clichés, eufemismos y lugares comunes que los deja en el ridículo.

Hasta ahora no he visto a ninguno de estos representantes del CNP discutiendo el aspecto legal de la medida o en todo caso pidiéndole a los “afectados” que muestren en público los documentos que les exigió CONATEL.


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