No es posible callar. Hacerlo es convertirse en cómplice. Cómplice del delito. Del delito en uno y otro bando. Es contribuir a que la violencia se apodere del país con sus letales efectos. Manuel Azaña, uno de los políticos que con mayor lucidez presintió la tragedia que se abatiría sobre España, alertó sobre las tensiones que se apoderan de una sociedad cuando las palabras mezcladas con la sangre se convierten en anticipo siniestro: la guerra civil. Entonces habló de la "zozobra generada por los extremos" que conduce a la pérdida de toda noción de racionalidad. No vivimos en Venezuela ese momento dramático en el cual todos los valores se desploman. Por ahora, por suerte, hay reservas suficientes para impedirlo, pero la dinámica de la violencia es impredecible. Ya lo vivimos -y a duras penas logramos superarlo- en los años 2002 y 2003. Pero hay fuerzas siniestras empeñadas en repetirlo y en lanzarnos por el precipicio.

Lo escribo con toda responsabilidad. Dentro del movimiento popular, revolucionario, bolivariano, hay provocadores. Conscientes o inconscientes. Personas que asumen la política en forma aventurera, como acción individual fuera de contexto. Los últimos acontecimientos lo indican.

Mejor: lo confirman. El ataque a Globovisión tiene esa característica. Al igual que el acto absurdo contra el grupo de colegas periodistas de Últimas Noticias -advierto, no generalizo ni achaco a priori responsabilidades contra nadie-, con el resultado que el país conoce.

Por tanto, en las filas del chavismo se impone una severa vigilancia y la autocrítica de aquellas actitudes repudiables, silenciadas debido a compromisos políticos o personales subalternos. Hay que actuar con implacable decisión para condenar no sólo los hechos recientemente acaecidos, sino para detectar a quienes los planifican o se prestan a ejecutarlos. No puede haber vacilación de ningún género. A lo largo de la historia, el provocador directo o indirecto, comprometido o no, le hizo un daño irreparable a los procesos revolucionarios. Hay casos, incluso, en que acabó con ellos.

Basta citar lo sucedido durante el gobierno de Allende.

Respecto a los dos hechos mencionados, el Gobierno, Chávez, el Psuv y todas las instituciones del Estado reaccionaron con transparencia, sin ambigüedad, y de inmediato los responsables fueron identificados y sometidos a los órganos de justicia. No reconocer la diligencia y honestidad con que actuaron las autoridades -contrastante con lo que sucedía en la Cuarta República cuando la norma era apañar y encubrir el desmadre de la violencia-, es la otra cara del problema. Porque la otra cara son los provocadores en el seno de la oposición. Se puede afirmar sin riesgo a equivocarse que hay una peculiar retroalimentación. Los provocadores en la revolución actúan a conciencia de que cuentan con homólogos en el campo de la contrarevolución. Éstos -los de la contra- promueven la provocación para golpear a su enemigo, el proceso bolivariano, y de paso a las políticas que en la oposición enfrentan la línea golpista, es decir, los partidarios de la lucha pacífica, electoral, de carácter cívico y democrático.

Por eso que el discurso que acusa a Chávez de ser el padre de la violencia no solo es falaz sino instigador de más violencia. No basta con que el Presidente haga un claro deslinde -como nunca antes lo hizo un gobernante venezolano- ante la violencia y exija el enjuiciamiento de las personas incursas en ella, porque el interés de ese discurso opositor consiste en aprovechar cualquier hecho para atentar contra las instituciones, provocar la caída de Chávez y, por ende, acabar con el proceso de cambio social que se desarrolla. De ahí que la opción frente a los provocadores consista en desenmascarar los dos rostros del mismo fenómeno. Con coraje. Sin ceder a chantajes. Ya que es inaceptable que alguien delinca en nombre de la revolución. Ésta está obligada a determinar responsabilidades y a aplicar la ley. Si la oposición no lo hace; si sigue atribuyéndole al chavismo el origen de la violencia, olvidando cínicamente la infinidad de acciones contrarias a las libertades públicas y a los derechos humanos en las que participaron sus dirigentes en la etapa puntofijista, y, luego, contra del Estado de derecho en estos diez años; si sus líderes quieren seguir a la cola de los aventureros y convivir por comodidad con los provocadores, porque éstos les sirven para ejecutar sus planes, allá ellos. Ya vivieron la hora menguada de la aventura que no paga: si quieren vivirla de nuevo que sigan por esa ruta tortuosa. Pero que después no se lamenten de las consecuencias.

jvrangelv@yahoo.es