Las cifras estadísticas en Venezuela están siempre bajo tela de juicio y sospecha, porque la política estatal ha establecido la costumbre de ocultar, falsear y manejar los datos bajo un arbitrio muy subjetivo; pero aun así hay que intentar trabajar con lo que hay.
Cercanos a cumplir dos meses de "cuarentena voluntaria", la efectividad de ésta se encuentra fuertemente cuestionada, no tanto a nivel de salud pública sino en términos de la economía nacional y familiar, especialmente en una sociedad como la nuestra, en donde buena parte de la mercancía fuerza de trabajo está fuera del marco del empleo formal y organizado.
Pese a los llamados de "quedarse en casa", a las amenazas policiales de Alcaldías y Gobernaciones, y a la "sui géneris" carencia de gasolina –a pesar de que por la propia cuarentena se supondría que los stocks de combustible deberían estar en superávit–, vemos una notable cantidad de ciudadanos en ciertas calles de las ciudades del país ¿Por qué estas personas desafían la cuarentena y arriesgan sus vidas?, ¿qué los empuja a romper las recomendaciones de las autoridades sanitarias y las restricciones de los Poderes Públicos?¿acaso no saben la peligrosidad del COVID-19?, ¿no ven los noticieros?
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), para el 4º trimestre de 2018 (último disponible), la "Población económicamente activa" (mayores de 15 años con disponibilidad y disposición para trabajar; descontando estudiantes, amas de casa, jubilados y pensionados) era de 15.947.719 hombres y mujeres, con una "Tasa de ocupación" (mayores de 15 años que declaran haber trabajado con o sin remuneración) de 93,2%.
Hay que recordar que el Gobierno nacional suele asumir como "empleo formal" a trabajadores subcontratados, becarios y colaboradores de las Misiones (como ‘Chamba Juvenil’ o ‘Barrio Adentro’), quienes no cuentan con beneficios de ley, como prestaciones sociales, contrato colectivo, inamovilidad laboral, paro forzoso, aguinaldos o vacaciones pagas.
Estas cifras oficiales refieren que del total de ocupados (14.858.388), el 58,6% estaba en el sector formal, mientras que el 41,4% estaba en el informal, es decir, 6.144.125 de buhoneros, vendedores ambulantes, servicio doméstico, trabajadores por cuenta propia, etc., quienes dependen de su labor diaria para subsistir. Adicionalmente, la tasa oficial de desocupación, que para finales de 2018 contaba con 1.089.331 ciudadanos, quienes seguramente buscarían sobrevivir en la economía informal.
Aunque no haya datos oficiales, con justificada razón es de suponer que, desde finales de 2018 hasta ahora, el agravamiento de la crisis económica ha incrementado el sector informal.
Pero, además, la rama de actividad de servicios (que comprende fundamentalmente al comercio), representaba el 42,1% del sector formal de la economía, 3.665.470 trabajadores que no pueden darse el lujo de dejar de laborar por mucho tiempo. Venezuela no escapa a la realidad del empleo en Latinoamérica, donde según informes de la CEPAL el 53% de la población económicamente activa está ubicada en el sector informal.
Los trabajadores informales y desocupados suman 7.233.456 personas (a los que podría sumarse estudiantes, jubilados y pensionados, quienes por la crisis también se ven obligados a rebuscarse ingresos). Ese es el ejército industrial de reserva, la clase obrera desocupada, que debe subsistir saliendo a buscar el pan diario, las pequeñas migajas de dinero que pueda obtener con alguna forma de comercio, subempleo o empleo vulnerable.
Y, además, si a esa cantidad le sumamos los trabajadores de los servicios, da un total de 10.898.926 hombres y mujeres que no pueden "quedarse en casa", que los "bonos" o la bolsa CLAP no les alcanza para nada, y que para poder vivir deben salir a la calle a buscar el sustento de sus familias.
La realidad del salario en Venezuela es alarmante. El salario mínimo, ubicado en 400.000 bolívares, según la cotización del BCV para el 12 de mayo, equivale a 2,23 dólares; y añadiéndole el "bono de alimentación" (que jurídicamente no es parte del salario ni lo perciben los pensionados), el ingreso mínimo apenas llega a USD 4,47 mensuales. Eso significa USD 0,07 o USD 0,15 diarios, en un caso y en el otro; lo cual está 18 y 8 veces, respectivamente, por debajo del límite de miseria absoluta que la ONU ubica en USD 1,25 diarios.
No es entonces de extrañar un fenómeno reciente –poco estudiado, pero muy notorio– en la dinámica de la fuerza de trabajo en Venezuela, que es la aparición del multiempleo. De ese 58,6% de la fuerza laboral ubicada en el sector formal, muchos se han visto obligados a buscar un segundo o tercer empleo o dedicarse a actividades informales para "rebuscarse".
La cuarentena es una medida correcta, no es nuestro interés refutar eso, sólo queremos plantear el hecho de la imposibilidad material de una cuarentena efectiva cuando al menos el 68,3% de la población económicamente activa está obligada a salir a la calle a buscarse el pan propio y de sus familias. Una cuarentena que evite despojar de ganancias y plusvalías al capital, sólo puede provocar el hambre generalizada en la inmensa mayoría de la sociedad.
La burguesía y su gendarme administrativo, el Estado, en medio de la cuarentena buscan salvar sus negocios; no importan las vidas de los obreros, ellos sólo cuentan para comprarles el voto en las elecciones, como les compran su fuerza de trabajo. La única manera que esta crisis no descanse en los hombros de la clase obrera venezolana, es que se ponga en los hombros del capital.