Para la información de los universitarios de hoy que seguramente no me conocen, voy a opinar sobre la posición que asumen muchos profesores y alumnos de las universidades nacionales, por no hablar de las privadas o “semi-privadas”, con base a mi experiencia como profesor de la UCV, único cargo público que he desempeñado en mi ya larga vida: Profesor Titular Jubilado de 5°Designación, Orden de Vargas al Mérito Académico en Primera y Segunda Clase, Orden Nacional del Mérito al Trabajo en Primera Clase (CONICIT), Investigador Nacional Emérito (PPI-Fonacit), Premio Nacional de Cultura, especialidad Las Humanidades, Miembro del Comité Redactor de la Historia Científica y Cultural de la Humanidad, UNESCO. Como alumno y luego como profesor he podido apreciar y sufrir desde 1953 la vida académica en las dos universidades venezolanas donde he prestado servicios regulares, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes, sin hacer referencia a otras nacionales y extranjeras donde he sido docente e investigador invitado en diversas oportunidades. Me parece sumamente preocupante la concepción elitista que actualmente tiene un sector importante de profesores y alumnos de nuestras universidades nacionales (¡si es que son realmente nuestras!) sobre su papel histórico en la sociedad venezolana. Creen firmemente esas personas que las universidades, sobre todo ciertas universidades caraqueñas, forman como una especie de sancto santorum donde solo puede llegar un reducido número de escogidos, procedentes generalmente de una determinada clase social, lo cuales gobiernan una sociedad estratificada donde los seres inferiores solo pueden llegar a ser técnicos, empleados y obreros que no pueden opinar, por ser inferiores, sobre las excelsas elucubraciones intelectuales y los fraudes con el dinero del Estado que -a sangre fría- cometen regularmente las elites que gobiernan dichas instituciones. Por otra parte, la ideología de dichas elites se asienta en un dogma neoliberal: las universidad solo pueden ser aliadas de la empresa privada, jamás del pueblo y mucho menos del Estado venezolano que –cándidamente- les proporciona los abultados presupuestos que se emplean para inversiones particulares canalizadas a través de fundaciones, o para colocaciones como depósitos a plazo fijo que los bancos retribuyen, o retribuían antiguamente, con una prima de 1% de ganancia para la persona que hace el depósito. Muchas de estas universidades sirven también como sede para actividades conspirativas contra el Estado Venezolano, financiadas con dinero de ese mismo Estado. Es imposible discutir en extenso en esta pequeña nota, el grave dilema que deberá afrontar el Estado venezolano para encarar la reforma de las Universidades nacionales, particularmente cuando importantes comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional conexas con dicho grave problema, como son las de Cultura, Ciencia y Tecnología y Formación Ciudadana (¡nada menos!) se han dejado en manos de la contrarevolución venezolana. La aprobación de una nueva ley de Educación Universitaria que-como plantea el documento del Centro de Estudios del Pensamiento Crítico Salvador de La Plaza- oriente su actividad académica y de formación dentro del pensamiento humanista y social para el desarrollo de la persona y la construcción de una sociedad justa y cuyo financiamiento sirva para el desarrollo de la función intelectual, de la teoría y la práctica de la investigación científica, humanista y tecnológica y para formar los cuadros de investigadores e investigadoras, ejecutores y ejecutoras profesionales de la más alta calidad comprometidos con el desarrollo endógeno de nuestro país, no solamente es necesaria sino que es históricamente inevitable.

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