El grado de deterioro a que llevó al Estado Bolivariano de Miranda, el gobernador saliente Henrique Capriles Radonski, militante de Primero Justicia, tan solo es comparable al grado de deterioro institucional en que se encuentra la otrora Universidad Central de Venezuela, la que fuera primera universidad del país, dirigida por Cecilia García Arocha, también militante del partido político de oposición: Primero Justicia. El Estado Bolivariano de Miranda, por mucho tiempo se mantuvo liderando el ranking de Estado más inseguro del país, superando a regiones tan calientes, dada su cercanía con la frontera con el vecino narco Estado de Colombia en que reinan el paramilitarismo, el contrabando y el narcotráfico, como Táchira, Mérida y Zulia. La cercanía del gobernador saliente con bandas delictivas que actúan en dicho Estado, fue más que evidente en los sucesos de violencia extrema que se desarrollaron en la país tanto en 2017 como en 2015, y que tuvieron como epicentros los municipios Sucre y Chacao del Estado Bolivariano de Miranda. Lo cual explica, por qué el gobernador saliente y sus alcaldes compinches, hicieron muy poco en materia de seguridad para garantizar la vida de los residentes bajo su jurisdicción. Limitándose, el gobernador saliente, a acusar al Gobierno del camarada Presidente Nicolás Maduro, de no hacer nada en materia de seguridad mientras que, a quien competía abordar el problema y acometer acciones para reprimirlo y minimizarlo, se limitaba a extinguir la fuerza policial bajo su mando, negándoles recursos y acotando su rango de actuación a ser escoltas de los políticos y políticas de la oposiMUD, valga decir, restringiendo la fuerza policial bajo su mando a ser seguridad privada, una especie de Blackwater, pero de los funcionarios políticos oposicionistas. Desmantelando, en los hechos, un cuerpo policial que durante la gestión del anterior gobernador, camarada Diosdado Cabello, mantuvo a raya a las fuerzas negativas del hampa en dicha región. En conclusión, la inseguridad se constituyó en el principal aporte, que brindó el gobernador saliente al pueblo del Estado Bolivariano de Miranda. Jugó con las vidas de compatriotas asesinados por bandas hamponiles, las mismas bandas que viéramos después, actuando en las calles de los municipios Chacao, Sucre y Baruta, hecho que debemos hacer constar en el expediente necrófilo que deja como legado, ese criminal social que fue como gobernador, Henrique Capriles Radonski.
La actual rectora de la UCV, cuya gestión debió culminar en 2012, desde allí en adelante ejerce en calidad de encargada dicha rectoría, se diferencia en muy poco de la forma de actuar, del gobernador saliente. La inseguridad, se constituye en el principal legado que dejará a la posteridad, cuando se evalúe su gestión al frente del rectorado. Son incontables, los jefes de seguridad que han pasado durante su gestión. A diferencia del gobernador saliente, la moribunda Ley de Universidades, en materia de seguridad, le asigna un rol casi que de Pater familias a sus autoridades: "El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias…" (LU, Art. 7). En resumidas cuentas, todo lo que ocurra a lo interno del recinto universitario –en materia de seguridad personal- es de la exclusiva responsabilidad de sus autoridades, valga decir, que si a un compatriota le ocurriera algo que afectara su integridad personal en el llamado recinto universitario, perfectamente pudiera demandar a sus autoridades para que sea reparado el daño que le fuera causado a su integridad personal. Tal es, el calibre de la suprema responsabilidad que la moribunda Ley de Universidades ha colocado en manos tan irresponsables, como lo han venido siendo, las actuales autoridades de la UCV, quienes han venido utilizando olímpicamente el tema de la inseguridad para atacar al Gobierno Revolucionario, tal cual hacía el gobernador saliente del Estado Bolivariano de Miranda. Solo que, en ese jueguito de politiquería barata, juegan –valga la redundancia- con la vida, entre otros y otras, de la razón de ser de las instituciones universitarias: sus estudiantes, contradiciendo la propia ley que entre otras cosas, obliga a esas autoridades, que: "…deben protección a sus alumnos y procurarán por todos los medios, su bienestar y mejoramiento" (LU, Art. 122). Obligación de Ley, que la experiencia actual viene evidenciando, cuán poco consustanciadas están con sus obligaciones dichas autoridades, al observar que servicios fundamentales creados para garantizar el bienestar y mejoramiento de los alumnos y alumnas universitarias, han sido abandonados por completo, tal es el caso de los comedores universitarios, el transporte y los servicios médico-asistenciales concentrados en las OBE u organizaciones de bienestar estudiantil. Muy poco, tiene que mostrar la rectora encargada, en materia de seguridad social estudiantil y no vayamos más allá, pues bastante son las protestas de sus trabajadores y trabajadoras, ante instituciones educativas de sus hijos e hijas, abandonadas al garete de la ayuda del Gobierno Central, obviando que en el Presupuesto de la propia Institución, llegan recursos para garantizar dichos beneficios sociales.
El gobernador saliente, se limitaba a dirigir la gobernación en la que fue electo desde la ciudad de New York, en donde reside en un apartaco. Las autoridades ucevistas, cuyo período ha culminado años atrás y ejercen como encargadas por mandato del TSJ, se limitan a visitar sus instalaciones y muy pocas ganadas están, de atender sus problemas cotidianos. Al punto, que se dan el tupé de dedicarse a la política nacional, y servir como rectores de las mediciones electorales que se le ocurra a la oposiMUD organizar. Ello, mientras las instituciones a las cuales supuestamente debieran estar dedicadas a tiempo completo, se desmoronan y deterioran al mayor grado posible. Tan solo posible comparar, con la otrora gobernación del Estado Bolivariano de Miranda. De paro en paro, semestres que se han convertido en años de estudios, procuran la frustración de sus estudiantes que huyen a universidades privadas y experimentales, mientras los más osados migran del país en búsqueda de nuevas oportunidades. Tal pareciera, el fin que buscan esas autoridades encargadas para consumar su desastre. El Patrimonio de la Humanidad, poco a poco desaparece en la inhumanidad de unas autoridades a las que nuestro pueblo, debe exigir no solo una reparación por el daño que están causándole al patrimonio que le han colocado bajo su resguardo y responsabilidad; sino también, por el daño que pudieran, y están causándole a los hijos e hijas de este pueblo, que resiste con suprema gallardía la ofensiva imperialista.
La Universidad, no es un partido político de oposición como pretenden convertirlo, y lo han convertido, las actuales autoridades de la UCV. "Para la Unesco, la educación es un bien público y un derecho humano del que nadie puede estar excluido" […] "Concebir la educación como derecho y no como un mero servicio o una mercancía, exige un rol garante del Estado para asegurar una educación obligatoria y gratuita a todos los ciudadanos porque los derechos no se compran ni se transan", señala la Oficina Regional de Educación de la Unesco para América Latina y el Caribe de ese importante órgano de Naciones Unidas. Las Universidades, son instituciones profundamente democráticas en su concepción, a las que la sociedad les ha encargado la vital tarea de ir tras la búsqueda de la verdad, y afianzar los valores trascendentales del hombre y la mujer. Las Universidades, están al servicio de la Nación y la Ley, les obliga a colaborar en la orientación del país, para lo cual deben cumplir una función rectora en la educación, la cultura y la ciencia (LU, artículos 1,2 y 3). Obligaciones todas, imposibles de concretar sino se realizan en un definido espíritu de democracia, de justicia social y solidaridad humana, abierto a todas las corrientes del pensamiento universal (LU, Art. 4). Cuán alejada, se encuentra la UCV, y en general, todas las llamadas universidades autónomas, de tales propósitos. Lo cual es fácil de demostrar, al leer sus páginas web, en las que predominan las ideas del oposicionismo de la MUD, tal cual se tratase un partido político de oposición más. El pensamiento único es una práctica común. O estás con la visión política de las autoridades, o te harán la vida imposible para que te vayas. Peor aún, en el caso concreto de la UCV, estamos presenciando la transformación del Estado Universitario en un Estado corporativista, antesala del Estado Fascista que reinó en Alemania, Italia o España, con Hitler, Mussolini y Franco. La negativa intransigente de sus autoridades a realizar elecciones, según lo previsto en la Ley Orgánica de Educación, que procura la democratización de su vida interna, es la evidencia más palpable de cuán alejados se encuentran de la realidad país, que en apenas 4 meses, pudo realizar 3 procesos electorales con récord de participación del pueblo, en la elección de sus representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, Gobernadores y Gobernadoras, Alcaldes y Alcaldesas. Urge entonces, una decisión Constituyente de convocatoria electoral para la elección de nuevas autoridades no solo en la UCV, sino en todas las universidades autónomas del país. Solo así, se daría al traste con la negativa de esas autoridades empecinadas en perpetuarse en los cargos, para seguir sometiendo a esas instituciones universitarias al deterioro pronunciado no solo institucional, sino moral y académico. La solución de su problemática actual es Democrática y con mayor Democracia, tal cual lo prevé la Ley Orgánica de Educación.
El Estado Bolivariano de Miranda, con su nuevo Gobernador, el camarada Héctor Rodríguez, comienza a resurgir de las cenizas de la destrucción dejada por el saliente y denigrante ex gobernador Capriles Radonski, militante de Primero Justicia. La primera acción de gobierno, fue recuperar la otrora Policía del Estado Bolivariano de Miranda, sus patrullas ya comienzan a verse en las calles, patrullando y protegiendo al pueblo mirandino todo, sin exclusiones. Una vez electas, las nuevas autoridades de la UCV, deberán enfocarse a reestructurar y sanear el cuerpo de seguridad de dicha institución. El apoyo del Gobierno Revolucionario, será fundamental en esa vital tarea. Dejar atrás, la politiquería barata, será fundamental para dar cumplimiento al mandato de Ley. La seguridad, no tiene bandera política alguna, es una tarea de todas y todos, pues afecta sin distingo político alguno. Un poderoso cuerpo de seguridad, integrado por funcionarios y funcionarias probos, seleccionados no por sus simpatías políticas, ni asignados por sindicato alguno, será fundamental como política de selección de personal. Los sindicatos, deben auto vedarse de actuar en esa materia adjudicando cargos. Mucho mal han hecho. Tanto, como el realizado por las autoridades al permitirles decidir quién será el futuro funcionario de seguridad. Las nuevas autoridades, las cuales esperamos no sean estas mismas que han originado todo este desastre, al punto de dejar en la carraplana a la UCV, tendrán un rol fundamental en lo que será su futuro. Tal cual, Héctor Rodríguez, requerirán aplicar un Plan de Recuperación Universitaria, inédito en la historia universitaria. No solo en materia de seguridad, sino en el aspecto académico reformulando planes de estudios que se quedaron en el siglo XX, recuperando servicios básicos para la prosecución de los estudios: transporte, comedor, bibliotecas, servicio médico, becas, en fin, la seguridad social integral de sus alumnos y alumnas. En resumen, reconstruir la UCV e intentar reposicionarla en lo que fuera alguna vez: la primera Universidad del país y no, en lo que la convirtieron sus actuales autoridades, en el treinta y pico partido integrante de la MUD…
Caracas, 21-01-2017
