Es un hecho conocido que la educación superior en Venezuela se encuentra en general desvinculada del quehacer diario, de las necesidades sentidas de la población, especialmente los sectores populares. Este proceso de desvinculación responde a las políticas hegemónicas impuestas allende nuestras fronteras desde hace muchos años, que pretende la formación de recursos humanos en el modelo “corporativo” como bien lo describe el amigo y sabio profesor Marrero en su ensayo “La Universidad Corporativa vs. la Universidad Bolivariana”, un modelo para servir los intereses de otros países, dejando de lado las realidades propias.
Durante la década de los 80 del siglo XX se inició en la UCV y otras universidades, la discusión para la reforma curricular, que buscaba romper con lo impuesto hasta el momento, el avance en esta materia fue asimétrico e irregular, dependiendo de las fuerzas de cambio que predominaban en el gremio profesoral y estudiantil de entonces. En todos los casos resultó truncado el objetivo final: sacar la universidad a la calle, no a marchar, sino a producir soluciones con la gente y para la gente. Complotaron de manera importante contra la iniciativa profesores y estudiantes que hasta el momento defendían ideas de vanguardia, por lo menos en el plano teórico, pero que a la hora de pasar a la acción se convirtieron en obstáculos importantes para los cambios que se impulsaban, “izquierda de cafetín” dirían en la propia universidad, cero compromiso real con el pueblo.
Dentro del modelo corporativo de nuestras universidades ha imperado una política de ingresos discriminatoria y clasista, que tiene la perversión en su seno de destinar importantes recursos del Estado para educar mayormente a las clases privilegiadas, educándolos además en un modelo alejado de la solidaridad. Es así como encontramos que la mayoría de quienes ingresan a ciertas carreras provienen de un grupo de colegios privados, principalmente de Caracas, quedando sin oportunidad miles de jóvenes talentosos, por su condición socio-económica o su procedencia geográfica. Esta tendencia ha ido aumentando en el tiempo, tergiversándose cualquier intento por revertirla.
El Ministerio de Educación Superior ha establecido un mecanismo nuevo de ingreso que pretende de alguna manera brindar oportunidades a un mayor número de compatriotas, provenientes de una gran cantidad de colegios públicos que hasta el momento no han accedido a las universidades nacionales. Apenas se hizo el anuncio se puso en marcha la maquinaria mediática a la cual no le gusta nada que tenga que ver con el gobierno, sin detenerse a analizar ni a discutir, de inmediato la condena sumaria a la iniciativa, a cargo de los llamados dirigentes estudiantiles, quienes en un claro ejemplo de lo que significa “escupir para arriba”, se lanzan a despotricar y ofender al ministro de educación superior. Juro que todavía no he escuchado algún argumento medianamente inteligible por parte de estos jóvenes para oponerse a cambiar tan injusta política de ingresos a las universidades nacionales.
Comparto con ellos la necesidad de revisar el presupuesto de las universidades, para adaptarlo a la situación actual, garantizar los recursos para una educación de calidad, pero con igualdad de oportunidades, y con rendición de cuentas de cómo se invierten los recursos que nos pertenecen a todos.
No todos tienen que ir a la universidad, es cierto, pero es urgente y labor de un gobierno solidario permitir que todos los que sean aptos tengan oportunidad de ingreso en condiciones justas.
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