En este febrero rebelde, de tantos recuerdos y en los esfuerzos que hacemos por recuperar la memoria histórica para las generaciones más jóvenes y las que están por venir, resulta pertinente abordar en su contexto, lo que desde el Estado Venezolano de la Cuarta República, originó el despertar de nuestro pueblo, y con ello iniciar a partir de entonces un proceso de cambio que se torna irreversible. Para ello se desglosa un análisis de lo que significó el VIII Plan de la Nación mejor conocido como “El Gran Viraje” en Venezuela, así como el principio del fin del Estado Neoliberal.
La planificación en Venezuela tiene su inicio dentro de la Administración Pública en el Gobierno de Isaías Medina en 1941 con el Plan Cuatrienal de obras públicas (1942-1946), que más adelante permitirían desarrollar el Plan Preliminar de Electrificación (1947) y el Plan Mínimo de Producción Agrícola (1946-1947), que permitieron luego de los acontecimientos políticos y sociales de 1958 generar procesos de planificación del desarrollo nacional entendidos inicialmente dentro del enfoque normativo, y que con la creación de la constitución de 1961 “no sólo atribuía al Estado la mayor responsabilidad sobre el desarrollo y el crecimiento, sino que además señala la planificación como el instrumento más idóneo para ejercer dicha responsabilidad”
Al respecto la constitución de 1961 en su artículo 95 decía textualmente “el Estado promoverá el desarrollo económico y la diversificación de la producción con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer la soberanía económica del país”, y por otra parte el artículo 98 definía que: “El Estado protegerá la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar el desarrollo del país”. Si bien la Constitución admitía claramente la vigencia de una economía mixta con preponderancia de iniciativa privada, la planificación era entendida como un paso más en la acción económica del Estado.
Es por tanto que en el plano internacional que presentaba algunas sociedades más desarrolladas enmarcadas fundamentalmente en el contexto de la guerra fría, el enfoque para nuestra región estaba basado en el proteccionismo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que como consecuencia de la teoría de la dependencia, marcó la política Venezolana en lo que se denominó el modelo sustitutivo que pretendía potenciar la satisfacción de las necesidades nacionales a partir del aprovechamiento de las capacidades y potencialidades nacionales, protegiendo la economía del país de agentes externos.
El enfoque normativo de la planificación en Venezuela vio su debilitamiento a razón en primer lugar por la ineficiencia del Estado para resolver los problemas más urgentes del pueblo, segundo por el enfoque exclusivamente economicista del desarrollo, tercero por los cambios trascendentales que ocurrían a escala global con la caída del Bloque Soviético y el triunfo de la economía de mercado implementado como modelo neoliberal de acuerdo a las teorías de Milton Friedman, y cuarto por la propia evolución de los modos de planificación expresados entre otros por la influencia de Carlos Matus en las proposiciones enmarcadas dentro del marco estratégico.
Sobre esta base de un agotado modelo político dentro del enfoque normativo de la planificación el VII y VIII Plan de la Nación se desarrollan sobre las vertientes de la planificación estratégica; situacional para el primero y corporativo para el segundo.
El VIII Plan de la Nación (1990-1994) emerge dentro de una grave situación económica y presionado por el esperado refinanciamiento de la deuda externa, donde el gobierno promueve un cambio en la orientación política económica del Estado, el cual fue denominado “El Gran Viraje”, que pretendía modificar el modelo sustitutivo por uno de economía de mercado, y de esta forma acompañar las tendencias de la globalización y las liberalizaciones de las economías mundiales, minimizando el tamaño e intervención del estado dando prioridad a la actividad privada.
En medio de un proceso que por un lado procuraba la descentralización del sistema político nacional, particularmente con las elecciones de Gobernadores y Alcaldes por primera vez en la historia democrática Venezolana, pero que por otro lado lejos de estimular el desarrollo local tendía lógicamente a someter la economía nacional a la competencia internacional.
Adicionalmente se presenta un Plan paralelo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que priorizaban una estrategia económica de mediano plazo y una macroeconómica para 1989 , de esta forma se veía fuertemente marcada la injerencia de los intereses foráneos en la política nacional, que trajo como consecuencia los acontecimientos de explosión social del 27 de febrero de 1989 conocidos como “El Caracazo”, las rebeliones militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, y la destitución posterior del Presidente Carlos Andrés Pérez, que marcaron el colapso del sistema político representativo vigente a partir de los sucesos del 23 de enero de 1958.
Durante el período de 1989 a 1994 la pobreza en Venezuela pasó de 44% a 53%, mientras que la pobreza extrema pasó de 20% a 27% , con una tasa promedio interanual de inflación de 48,28%, claras consecuencias de que las políticas establecidas en el Plan de la Nación para este período entraban en completa contradicción con sus propios planteamientos que afirmaba que de no incorporarse a la economía de libre mercado sería condenar a los venezolanos al desempleo y la pobreza.
A razón de los acontecimientos que se vivían a escala mundial, y bajo una fuerte crisis económica, política y social que estaba sumergido el país el nuevo gobierno para el período presidencial 1989 – 2004 presidido por Carlos Andrés Pérez que daba continuidad en el poder a su partido Acción Democrática por quien lo precedió el Ex-Presidente Jaime Lusinchi, y que por tanto repetía la hegemonía del bipartidismo adeco-copeyano que había gobernado en los 30 años anteriores.
El VIII Plan de la Nación (1990-1994) conocido como “El Gran Viraje” modificó el modelo de desarrollo Venezolano hasta ese momento orientado por las influencias de la CEPAL basado en el proteccionismo de las economías nacionales, por tanto una apertura hacia la economía de libre mercado es la base fundamental del nuevo planteamiento para la nación, con una influencia de la Perestroika, con las ideas de Mijail Gorbachov, de lo que debería ocurrir para una transición económica, política y social en la Unión Soviética (URSS) y en el resto del mundo; que destacaba en sus aspectos que El Comité de Planificación Estatal cambiará la inspección diaria del trabajo por la autorregulación empresarial.
Los planteamientos fundamentales para justificar el nuevo rumbo a emprender, estaban basados en el agotamiento del modelo de desarrollo sustitutivo que al respecto en la presentación al Congreso Nacional se indicaba que:
“Durante la vigencia del modelo sustitutivo el país experimentó un vigoroso proceso de crecimiento, el cual estuvo ligado en buena medida a los lineamientos centrales de la política económica expresados en los distintos planes de desarrollo. Sin embargo, la instrumentación de esos planes no logró resolver problemas tales como excesiva dependencia de la industria petrolera y el crecimiento económico rápido pero desordenado, lo cual derivó finalmente en el surgimiento de grandes desequilibrios económicos, financieros y desajustes sociales y culturales durante la década de los años ochenta”.
Al respecto otro argumento sobre el cual se sentaban las bases del nuevo plan se refería a los logros del pasado expresado en los siguientes términos:
“Venezuela tiene hoy una democracia muy sólida. Esto no ha sido producto de la casualidad sino de la toma de conciencia por parte de nuestra dirigencia de la necesidad de reducir las tensiones sociales, erradicar la violencia y buscar los acuerdos que den una mayor legitimidad al sistema”.
Esto terminaba siendo por tanto un síntoma de la desconexión de la praxis de la planificación y la realidad nacional; puesto que, aunque el Plan fue presentado en 1990, apenas a menos de un año el 27 de febrero de 1989, el estallido social ocurrido mostró las debilidades del sistema político actual y de la gravedad y agudeza de la crisis del modelo vigente hasta la fecha.
Hay una insistencia permanente en juzgar la intervención estatal en la economía, por lo que al respecto se indica que:
“La bonanza financiera fue acompañada por un desordenado crecimiento del sector público, así como la ampliación de la intervención del Estado en la actividad económica del país. La complejidad de la intervención estatal contribuyó a la pérdida de eficiencia en la economía y en la gestión del Estado. Hoy se tiene la convicción de que con los recursos que dispuso el sector público se pudo haber obtenido un producto social mucho mayor del que se ha logrado”
La justificación del plan preveía lo que ocurriría si no se modificaba el modelo, argumentaba que los costos de inacción serían mayores y golpearían a los más débiles con mayor fuerza, más adelante esta predicción vería unos resultados muy diferentes, pues como consecuencia de la aplicación del plan se incrementaría la pobreza y pobreza extrema, con unos márgenes de inflación que alcanzaron sus límites más altos de la historia venezolana hasta ese momento, superiores al 80% y promediando más de 48% en su tasa interanual.
En el VIII Plan de la nación se visualizó la crisis como una oportunidad planteando como circunstancias favorables del momento: la sólida base petrolera y de otros recursos naturales, el contexto internacional con rasgos positivos que facilitaba la integración regional y mundial, el plantel industrial moderno con capacidad para mejorar y competir, la amplia infraestructura de apoyo a la producción distribuida en todas las regiones, el desarrollo del potencial humano del país y de cambios en los valores socio-culturales y el consenso social básico y presiones por mejorar el sistema democrático; a lo que se referían era a una conciencia colectiva que reconoce la necesidad del gran viraje, pero no definía a quiénes se refería en términos concretos.
La nueva estrategia de desarrollo con El Gran Viraje, se planteaba en los términos de un nuevo modelo competitivo, como modo de inserción del país en la economía mundial y las prácticas del libre mercado, esto implicaba incorporarse en las corrientes mundiales, en un plano de escasez de recursos excedentarios, que obligan mayor eficiencia interna y que permitan la promoción de la competencia internacional, que representan los retos para la empresa. Es así como de ello se deduce que las políticas del nuevo desarrollo giran en torno al estímulo del sector privado.
Un elemento neurálgico de la propuesta pasaba por modificar el rol del Estado, con una nueva estrategia que promueva la eficiencia y la competencia y que estimule la expansión y consolidación de una moderna economía de mercado, sobre la que debe recaer la responsabilidad del futuro del desarrollo nacional. Afirmando además que un Estado promotor dará mayor congruencia, simplicidad y estabilidad a las políticas destinadas a orientar las decisiones del sector privado; de esta manera el papel que juega el sector privado en los destinos de las políticas públicas toman mucho más fuerza.
Por otro lado la nueva estrategia de desarrollo social planteada en el VIII Plan de la Nación no deja de tener la visión economicista del tema, por lo que se afirma que “también hace falta que el Estado se concentre en lograr el bienestar de las grandes mayorías, dejando al sector privado el espacio suficiente en el ámbito económico para su expansión”, de allí se origina la primera contradicción, puesto que si el modelo de la economía de libre mercado concentra los medios de producción y acumulación de capital en pocos grupos, entonces ¿Cómo las grandes mayorías excluidas del país pueden beneficiarse de esta relación?, los resultados originados permitieron concluir que pese al crecimiento económico originado en el período la pobreza y la pobreza extrema crecieron significativamente.
Un elemento que marcaba los procesos de conducción del modelo de desarrollo nacional se referencia en lo siguiente:
“La política social debe ir desarrollando una capacidad cada vez mas de prevenir y resolver desigualdades sociales a través de diversificación y multiplicación de los escenarios de planificación y las instancias, evitando en lo posible la sola responsabilidad del sector público”.
Es claro que esa llamada diversificación de los escenarios de planificación no incluía a todos los ciudadanos venezolanos, sólo daba mayor importancia al sector privado nacional en la toma de decisiones de las políticas públicas nacionales.
La nueva inserción de Venezuela en el mundo definía “la política exterior será un instrumento de apoyo a los objetivos de la apertura económica dentro del contexto de los principios de libre comercio”, sobre las bases de un nuevo enfoque de integración latinoamericana, fortalecimiento de la diplomacia comercial, la cooperación sur-sur y el diálogo norte-sur.
El plan que pretendía dar un giro al modelo de desarrollo nacional venía acompañado por una deuda externa que originó un plan paralelo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluía un conjunto de medidas económicas conocidas como el “paquetazo”, que desde una visión esencialmente economicista trastocó las vulnerabilidades de los más desposeídos; es así como en Venezuela la influencia de intereses y políticas foráneas marcaron un hecho sin precedentes en la historia contemporánea del país.
Los Lineamientos Generales del VIII Plan de la Nación eran:
Compromiso social.
Hace referencia a la calidad de vida en términos de: enfrentamientos de la pobreza crítica, fortalecimiento del empleo, el ingreso y la seguridad social, eficiencia y seguridad de los servicios sociales y reforma institucional del sector social.
Crecimiento sin inflación.
En este programa se pretende impulsar prioritariamente el sector privado, limitando la participación del sector público a la explotación de los recursos naturales, proponiendo un crecimiento acelerado, sostenible y estable con una baja inflación mediante: una política fiscal de equilibrio, racionalización del sector público, eficiencia de las empresas públicas, una política monetaria y financiera moderna, estrategia de financiamiento externo y evolución del mercado laboral y políticas de empleo.
Competitividad internacional.
Dada la experiencia proteccionista del modelo sustitutivo, este programa apunta en contraposición a: la apertura comercial, promoción de exportaciones, integración, política de reconversión y creación industrial, estrategia agroalimentaria, desarrollo potencial minero, despegue del turismo, desarrollo de la infraestructura de apoyo, reforma institucional y fomento a la inversión extranjera.
Conservación ambiental, Desarrollo Regional y Seguridad Territorial.
A razón de la discusión mundial que emergía sobre las consecuencias ambientales sobre el modelo de desarrollo Venezuela plantea elementos como: protección del medio ambiente, conservación y uso eficiente de los recursos naturales, desarrollo de la economía regional, fortalecimiento de la autonomía regional y seguridad y defensa del territorio.
Cambio Institucional.
El VIII Plan se proponía fundamentalmente una reforma integral del Estado que procuraba fortalecer el modelo de democracia representativa, y apostaba por una eficiencia aunque no refería concretamente el cómo se construiría esa valoración, sin embargo planteaba: una reforma administrativa, reforma del sistema político, descentralización de la administración pública y reforma de la administración de la justicia.
Capitalización de los recursos humanos.
Se refiere a la formación integral de los recursos humanos en consonancia con el desarrollo económico, social y cultural de la nación. En esta circunstancia se plantean por primera vez la reforma de la educación Venezolana, reforma del sistema de salud, desarrollo acelerado del deporte, la lucha contra las drogas, desarrollo de la cultura y una estrategia de comunicación social.
Los ajustes económicos iniciados a razón del nuevo plan orientaban la política nacional mediante elementos de compensación social, es por ello que:
“En el año 1989 el gobierno de Carlos Andrés Pérez diseñó un “paquete” de medidas de ajuste macroeconómico para corregir el rumbo de la economía; entre ellas: devaluación de la moneda, eliminación de los subsidios, privatización de las empresas del Estado, aumento de las tarifas de los servicios públicos, reducción de la administración pública y apertura de la economía a la competencia extranjera. Así, se exteriorizaba un nuevo giro en el pensamiento económico y especialmente una concepción distinta del Desarrollo: desatar el poder de las fuerzas del mercado y reducir el rol del Estado en la esfera económica, y si esto no es posible, por lo menos garantizar que las políticas estatales sean aplicadas a todos los actores por igual. En otras palabras, en 1989 se empezó a alterar el modelo desarrollista, disminuyendo la intervención del Estado y estimulando el libre funcionamiento del mercado. La nueva estrategia le daba un papel prioritario al crecimiento económico y supeditaba la política social al crecimiento”. (Lopez y Lander, 1999)
Al respecto sobre el nuevo modelo de desarrollo planteado se dice que:
“El paradigma que orienta al nuevo modelo es lograr el Equilibrio Social a través de la Gerencia Social. El Estado interviene en forma selectiva, procurando mantener los criterios de Equidad y jerarquización, dando prioridad a la ‘eficiencia’. Las Políticas Sociales se tornan Mixtas (de corte Neoliberal y Neoestructuralistas) por un lado se encuentran aquellas de carácter estructural que se promueven a través de la cogestión y por otro, se mantienen políticas focalizadas para los grupos vulnerables”. (Lopez y Lander, 1999).
En tal medida en relación al nuevo modelo el énfasis en la privatización es una política, que al respecto se concreta con la Ley Orgánica de Privatización y la Ley para Garantizar la Libre Competencia, fundamentados “en la necesidad urgente que tiene el Estado de hacer más eficiente la prestación de algunos servicios”, las consecuencias derivadas de esta acción parten de que el “principio de la libre competencia no es el juego que producen las fuerzas del mercado en su relación, sino el derecho a obtener ganancias sin considerar el daño que se le ocasiona a la sociedad en conjunto” , mientras que “Privatizar en Venezuela tiene dos acepciones: disminuir el tamaño empresarial del Estado y asignar al mercado su rol en el proceso económico”.
Para poder compensar la grave crisis en la que estaba sumergido el país, se aplican políticas públicas focalizadas con el objetivo de compensar los desajustes sociales y económicos, es por ello que se desarrollan programas sociales en las áreas de: nutrición, educación, salud, vivienda e infraestructura, protección social, empleo y seguridad social; que aunque representaban estrategias innovadoras que sustituía el esquema acostumbrado de subsidios indirectos y generalizados, no consiguieron los objetivos de la lucha contra la pobreza debido a que: la política fue subsidiaria de la política económica, carencia de una visión a largo plazo, falta de integración a lo interno de la política social, falta de delimitación en el tiempo de los programas compensatorios y mantenimiento de la exclusión.
Para realizar una valoración del VIII plan de la nación, que dados los resultados obtenidos en el país tiende a considerarse de fracaso, deberá plantearse en cuatro términos: el primero para medir el impacto político, social y económico a través de los hechos concretos y las estadísticas fundamentales de los campos de estudio en relación con los objetivos propuestos, el segundo desde el enfoque de modelo de desarrollo y su viabilidad en el marco de la realidad nacional del momento, el tercero en lo referente al enfoque de planificación implementado y su pertinencia con los cambios estructurales que se planteaban para el país y finalmente un cuarto término para el análisis desde la transversalidad, integralidad y complejidad del Plan.
Luego de los anuncios generados por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez y a razón de llevar a cabo las políticas del FMI, esto presentó una serie de impactos políticos y sociales que contribuyeron en el alzamiento de la población, al respecto “como resultado de la conmoción social, se aceleran las contradicciones internas en Acción Democrática entre los elementos reformistas-gatopardistas que constituían la mayoría y el sector neoliberal”, este último a la cabeza del propio Presidente de la República.
Adicionalmente las políticas de privatización de las empresas públicas acompañadas de un marco jurídico regulatorio, a favor de las clases dominantes tuvieron su comienzo en 1991 con la venta de la Compañía Anónima Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela (CANTV) a un consorcio internacional, “que adquirió el 40% de las acciones por 1.855 millones de dólares. Dándole, a un irrisorio precio, el control de las telecomunicaciones nacionales e una empresa extranjera”.
Con la presentación del VIII Plan de la Nación se intentó promocionar la economía de mercado “con los más nobles argumentos; por ejemplo, con ocasión del cambio de régimen de prestaciones sociales, los gobernantes le dijeron al país que esto permitiría elevar el número de puestos de trabajo y elevar los niveles salariales”. En tal sentido algunas reflexiones que se hacen sobre este plan indican que:
“Lo que no recoge la fundamentación privatizadora del Estado es que la bancarrota de las empresas públicas obedecía, en la mayoría de los casos, a prácticas corruptas y clientelares designados por el gobierno central (...) Venezuela avanzó en lo relativo a la privatización de sus empresas Estatales. Fueron incontables las expresiones de resistencia ciudadana a las tendencias de liberalización de los mercados desarrolladas por sectores sociales y políticos instalados en el poder, pero los gobernantes se mostraban sordos ante las exigencias nacionalistas de los sectores mas excluidas de la renta petrolera”. (Bonilla y El Troudi, 2004)
La agudización de las crisis y las protestas, aunado a la iniciativa que se venía tomando desde el poder constituido de reducir oficiales y tropas, una nueva logia rebelde a lo interno de las Fuerzas Armadas denominada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), fueron los detonantes de los alzamientos militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992, que más adelante contribuirían a la destitución de la Presidencia de Carlos Andrés Pérez, y la designación interina de Ramón Velásquez cuyo desgobierno impulsa y profundiza la penetración de las políticas neoliberales.
Para medir el impacto económico y social se analizan algunas variables; desde 1989 a 1994 la pobreza pasó de 44,44% a 53,65%, la pobreza extrema pasó de 20,07% a 27,52% , y de esta manera estimar una valoración negativa de la línea general denominada compromiso social que se proponía el enfrentamiento de la pobreza crítica.
En cuanto al Producto interno Bruto (PIB) su crecimiento interanual mantuvo un promedio de 2,31%, muy por debajo de los parámetros que planteaba el plan paralelo del FMI cercanos al 6%, así mismo la inflación mantuvo una tasa interanual de 48,28% para el período, esto en detrimento de la propuesta del VIII Plan de crecimiento sin inflación.
En cuanto al empleo, el porcentaje de desocupados desde 1989 a 1994 pasó de 9,60% a 8,46%, sin embargo el sector formal ocupado pasó de 60,30% a 50,69% y el sector informal de 39,70% a 49,31%; aplicando principalmente la receta neoliberal el sector público formal ocupado pasó de 19,68% a 16,40%, pero irónicamente en detrimento de las argumentaciones políticas que implicaban una economía de libre mercado el sector privado formal ocupado pasó de 40,62% a 34,29%.
Referente al análisis del modelo de desarrollo el ataque en dos flancos; por un lado el cambio de sentido de la política económica hacia la tendencia neoliberal y los ajustes estructurales con la incidencia incipiente de agentes externos como el FMI, demostraron con sus resultados que todas las bondades que ofrecía el sistema de la economía de libre mercado era apenas una farsa que cargaba contra las necesidades más urgentes del pueblo, el nuevo planteamiento del modelo de desarrollo solo trajo más pobreza, ausencia de seguridad social y un fuerte debilitamiento del modelo democrático representativo.
En el caso del VIII Plan de la nación que planteaba un enfoque estratégico corporativo, al desconocer la interacción necesaria y viabilidad para llevar a cabo el plan, terminó siendo estructuralmente normativo, por tanto no aplicable a la realidad.
Desde una perspectiva compleja “la falta de integración entre sectores, el aspecto económico le quitó la prioridad a lo social, y la aplicación a ciegas del modelo normativo, ausente del enfoque comunicativo”, constituyeron los principales errores sobre todo en el establecimiento de puentes con el pueblo. En términos excepcionales el modelo neoliberal mostró su máxima expresión al demostrar su concepción material por encima de lo humano, que produjeron consecuencias muy graves en la vida social de los venezolanos, y demostró que el discurso de presentación del VIII Plan de la Nación al Congreso de la República en Enero de 1990 que planteaba una diversificación y ampliación de los espacios de planificación era una excusa para dejar en manos del liberalismo económico el desarrollo nacional, sus resultados ya han sido expuestos a lo largo de este trabajo.
Referencias Bibliográficas
Constitución. (1961). Gaceta Oficial de la República de Venezuela, 662, enero 23, 1961.
Corredor, J. (2004). La Planificación. Nuevos enfoques y proposiciones para su aplicación en el Siglo XXI. Caracas: Vadell Hermanos Editores.
CORDIPLAN. (1990, Enero). VIII Plan de la Nación: El Gran Viraje. Caracas: Autor.
Dos Santos, T. (2004). Del Terror a la Esperanza, Auge y decadencia del neoliberalismo. Caracas: Banco Central de Venezuela.
Kornblith, M. (1996). Crisis y transformación del sistema político Venezolano: nuevas y viejas reglas del juego. Caracas: IESA.
Bonilla, L. y El Troudi H. (2004). Historia de la Revolución Bolivariana: Pequeña Crónica 1948-2004. Caracas: Dirección del Despacho de la Presidencia.
Instituto Nacional de Estadística. (2011, Octubre 31). Sistema de Indicadores Sociales de Venezuela [Documento en línea]. Disponible: http://www.ine.gov.ve [Consulta: 2011, Noviembre 20].
López M. y Lánder, L. (1999). El ajuste estructural en América Latina. Caracas: CENDES.
Parra, M. y Lacruz T. (2003). Seguimiento activo a los programas sociales en Venezuela. Caracas: Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales.
nortega16232@gmail.com
