Al igual que en el caso de los latifundios, sobre los cuales el vicepresidente Rangel amenazó con expropiar en caso de que continuaran los asesinatos de dirigentes campesinos –por cierto, no se ha hecho nada concreto, más allá del discurso-, compartimos y respaldamos la decisión del alcalde Juan Barreto de expropiar los campos de golf del Country Club de Caracas y del Valle Arriba Golf Club. Sin embargo, creemos que esta es una medida limitada y parcial, que en realidad debería ser parte de una profunda reforma urbana a desarrollarse en Caracas y en todas las grandes ciudades del país, que permita comenzar a transitar el camino de la solución del problema de la vivienda, así como el del ambiente y de los riesgos en que viven millones de personas de bajos recursos en todo el país.
Por un plan nacional de reforma urbana
En primer término, esta no debería ser una medida aislada, a aplicar sólo en el área metropolitana de Caracas. Por el contrario, y dada la magnitud del problema habitacional en nuestro país, esta acción debería extenderse a todos los campos de golf del país y demás bienes inmuebles ociosos o sin utilizar en manos de oligarcas, terratenientes y propietarios golpistas, y a su vez, tendría que ser parte de un plan de reforma urbana aplicado a nivel nacional discutido y acordado con las principales organizaciones de masas del país, es decir, la UNT, sindicatos clasistas de la construcción, como la Unión Bolivariana de Trabajadores (UBT), comités de tierra urbanos y las organizaciones de los Sin Techo, y el cual debería contemplar un Plan Nacional de Construcción de Viviendas e Infraestructuras, el cual le daría respuesta tanto al problema del desempleo como al déficit habitacional. Igualmente, ésta reforma tendría que contemplar la utilización inmediata de todos los inmuebles en manos de Fogade, los cuales deberían convertirse en viviendas, escuelas y espacios para la recreación y disfrute de las organizaciones sindicales, populares, juveniles y campesinas, y medios de comunicación comunitarios y alternativos. Por otra parte, este programa de reforma urbana, además de expropiar este tipo de terrenos, tendría que contemplar la expropiación de todas aquellas personas que son propietarias de varios inmuebles (casas, apartamentos y terrenos), que en muchos casos mantienen desocupados. Y en el caso de los inmuebles alquilados, siguiendo el ejemplo de la revolución cubana, estos podrían pasar a ser propiedad de los inquilinos, manteniendo el pago del alquiler congelado, como forma de pagar el costo del inmueble.
Expropiación sin indemnización
En el caso concreto del Country Club y del Valle Arriba, esta expropiación debería ser sin indemnización, más aún si es cierto, como afirmó el alcalde Barreto, que en el caso del primero, este terreno fue vendido en 1955 y 1983 a nombre de una persona que había fallecido en 1949. De ser así, entonces ¿por qué habría que indemnizarse a alguien que ni siquiera es realmente propietario del terreno, ya que lo “adquirió” de manera fraudulenta?
Carlos Escarrá, refiriéndose al decreto de expropiación aparecido en la Gaceta Municipal Metropolitana señaló que esta “es una institución de derecho público que garantiza y reconoce el derecho a la propiedad y lo que hace es sustituir un derecho real por un derecho de crédito que es el derecho a la indemnización”. Sin duda, este es un concepto de expropiación que se ciñe al criterio del derecho burgués, sin embargo, sí efectivamente queremos avanzar hacia el socialismo, no lo vamos a poder hacer manteniendo criterios de clase y de defensa de la sacrosanta propiedad privada, como la ha denominado el presidente Chávez. En ese sentido, apoyamos la medida de expropiación de los campos de golf de marras, decretada por el alcalde Barreto, pero, por las consideraciones anteriores, creemos que debería ser sin indemnización.
* Docente de la UCV y miembro del Comité Nacional Impulsor del Partido Revolución y Socialismo (PRS)
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