No me ha convencido la tesis que afirma que por estar en un proceso de “transición al socialismo” se requiere de una forma-estado centralizada, con un ejecutivo fuerte, con una concentración inmensa de potestades en la presidencia de la República. Se ha naturalizado en los círculos de la subcultura de la izquierda de aparato, esa izquierda estalinista y burocrática que aún arruina la discontinuidad indispensable para algo radicalmente novedoso, que el Leviatán socialista es un fetiche incuestionable.

Pienso al contrario, que hay que refrenar esta maquina despótica, controlar desde abajo y de modo ascendente sus estructuras de poder, bloquear y minimizar sus dispositivos de violencia, y crear las oportunidades para que los movimientos sociales, los grupos subalternos y comunidades organizadas, sean los protagonistas reales del poder popular. Hay que oponer el Estado-consenso al Estado-coacción. Es la vía de la sociedad regulada, es decir, emancipada (Gramsci). Es la vía del poder constituyente de la multitud que cuestiona los peligros de toda forma-estado. Términos como autonomía, alteridad, justicia, liberación, multiplicidad, descentralización, contraloría social, desconcentración, contra-hegemonía, poder de base y democracia participativa son parte del léxico de los movimientos populares, no de las estructuras estatales ni de gobiernos. Respetar diferencias, escuchar voces distintas, asumir los ideales pluralistas y la apuesta por la diversidad en defensa de la multiplicidad de las verdades revolucionarias, en contra de la Verdad única y uniforme, son parte de sensibilidades y pasiones que dejan atrás al socialismo inexistente del siglo XX y a sus espectros aún vigentes.

Reconozco que no es posible contextualizar el contenido político, axiológico y normativo de la propuesta presidencial de la reforma constitucional sin comprender la profundización-radicalización de la revolución bolivariana que se activó desde aquellas discusiones a puerta cerrada que dieron lugar al nuevo mapa estratégico, a la construcción del proyecto nacional Simón Bolívar en sus relaciones con el Socialismo, a las siete líneas estratégicas y los cinco motores constituyentes. Pero estos debates no nacen del ejercicio deliberante y de las pasiones polémicas del pueblo, desde largas jornadas de investigación-acción-participativa, ni desde deliberaciones-discusiones que se nutren de diálogos horizontales entre funcionarios del gobierno, partidos y movimientos sociales. Estas decisiones vienen desde arriba, desde el centro del poder estatal y desde fuera del pueblo llano. El llamado parlamentarismo social no puede ocultar esta cruda realidad. Se viene rindiendo culto a la “democracia dirigida”, como ha caracterizado Ferenc Feher al estilo propio de la política del imaginario jacobino. El peligro de sustituir al pueblo, de subordinarlo al dictat de la vanguardia, y en ella, al mito-cesarista, al Líder indiscutible vienen entronizando una peligrosa melange que combina la infalibilidad del Cesar, con la línea vertical del partido-aparato-movilizador, el poder del Estado y el tutelaje militar. Una verdadera regresión a aquel imaginado Leviatán de Stalin:

“La extinción del Estado se llevará a cabo no ya por el debilitamiento de su poder, sino por su máximo fortalecimiento, lo que resulta indispensable para acabar con los últimos restos de las clases expirantes y para organizar la defensa contra el cerco capitalista.”(Stalin; 1930)

El problema es como ha dicho Fidel (en esto Fidel es mas brillante que nuestros estalinistas), que no hay 4 millones o mas de oligarcas, y la tesis de la alienación ideológica puede ser un terrible boomerang para las pretensiones hegemónicas de la revolución, visto el enfoque conductista y las operaciones psicológicas de la propaganda oficial. En principio, hay que reconocer la escasa aceptación-consenso en amplios sectores sociales, y sobre todo en las capas medias, de un experimento de replica del socialismo burocrático-autoritario, que dibuja con claridad aspectos medulares del proyecto de reforma, que además liquida cualquier viento de un auténtico pluralismo democrático, incluso en el propio campo popular. Cualquiera que conozca los desmanes del socialismo inexistente del siglo XX, tan terribles como los del imperialismo norteamericano, sospecharía de un articulado que plantea que la soberanía popular es un principio fundamental (art.5) no modificable en una reforma, que luego traduce el horizonte de la democracia participativa (art. 70) y la organización de los poderes públicos (art.136), a un Estado socialista sin adjetivaciones democráticas (art.16-318) y a una confiscación de su potencia en simple apéndice, con riesgo de ser tutelado por el poder ejecutivo nacional (nº 35, art. 156): “es de la competencia del poder público nacional, la promoción, organización, y registro de los Consejos del Poder Popular.”. En fin, no es cualquier diablo el que se esconde en los detalles; y cualquiera se preguntaría como es posible que un poder público como el poder popular sea registrado, promovido y organizado por otro, además de ser despojado de potestades-competencias constitucionales. Pequeños detalles del viejo socialismo y de un poder popular que se des-dibuja en el proyecto de reforma: ¿Será un simple espejismo? Amanecerá y veremos…

La reforma constitucional aparece como segundo motor constituyente, pero se vincula a las siete líneas estratégicas (nueva ética socialista, economía socialista, democracia protagónica revolucionaria, suprema felicidad social, nueva geopolítica nacional, nueva geopolítica internacional y Venezuela-potencia energética mundial) que definen la plataforma estratégica del gobierno para el período 2007-2013, incluyendo su proyección temporal hasta al menos el año 2021, concibiendo la necesidad de un soporte institucional, un modelo político y económico, como de valores éticos y morales, para la construcción del modelo socialista venezolano. Al menos las cinco primeras líneas estratégicas mencionadas están directamente relacionadas con la reforma constitucional.

El tema del poder popular y del poder comunal aparecen formando parte de la línea estratégica sobre la democracia protagónica revolucionaria, y aparece en el proyecto de reforma presidencial de los contenidos normativos que regulan el poder público y la organización de la estructura del Estado. Al menos son re-significados directamente tres títulos y siete capítulos, y son modificados diez artículos constitucionales que se refieren a este tópico:



* Título III. De los deberes, derechos humanos y garantías. Capítulo IV. De los Derechos Políticos y del Referendo Popular: artículos 67, 70.
* Título IV. Del poder público. Capítulo I. De las disposiciones fundamentales.
* Sección primera: de las disposiciones generales: artículo 136.
* Sección Segunda: De la administración pública: artículo 141.
* Título IV. Del poder público. Capítulo II. De la Competencia del Poder Público Nacional: artículos 156, 158.
* Título IV. Del poder público. Capítulo III. Del Poder Público Estadal: artículo 167.
* Título IV. Del poder público. Capítulo IV. Del Poder Público Municipal: artículos 168, 184.
* Título IV. Del poder público. Capítulo V. Del Consejo Federal de Gobierno: artículo 185
* Título V. De la organización del Poder Público Nacional. Capítulo II. Del Poder Ejecutivo Nacional Sección Primera: Del Presidente o Presidenta de la República: artículos 225, 230.
* Título V. De la organización del Poder Público Nacional. Capítulo II. Del Poder Ejecutivo Nacional Sección Segunda. De las Atribuciones del Presidente o Presidenta de la República: artículo 236.
* Título V. De la organización del Poder Público Nacional. Capítulo II. Del Poder Ejecutivo Nacional. Sección Sexta: Del Consejo de Estado: artículos 251, 252.



Sin embargo, surgen una serie de inquietudes sobre la incorporación del Poder Popular en el cuadro de los poderes constituidos; es decir, en los poderes que se constituyen como órganos que emanan de la soberanía popular y que ejercen el poder público.

Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

¿Es el poder popular poder constituyente (soberanía popular) o es poder constituido (órgano del poder público)? ¿Es el poder popular un órgano del Estado? ¿Es el poder popular un sujeto-agente de la prefiguración de la extinción del estado capitalista? ¿Cómo se someten efectivamente los órganos del poder público a la soberanía popular?

Veamos la propuesta presidencial de reforma del artículo 136:

Art.136: El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente forma: el poder popular, el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional.

Con relación al contenido de las funciones que ejerce, el poder público se organiza en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, sino que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.

El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley.

En primer lugar, surge la interrogante de si el poder popular corresponde al tamaño más pequeño del ámbito geográfico, en la distribución político-territorial, por debajo del ámbito geográfico del municipio, o si es co-extensivo al poder nacional, tal como queda claramente establecido en el artículo 5: la soberanía popular es la soberanía nacional. En segundo lugar, la propuesta presidencial plantea literalmente: El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular, que nace de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.

No es posible comprender el alcance y contenido de la reforma propuesta si no se analiza conjuntamente con el artículo 70, donde se redefine la democracia participativa y protagónica, vinculándola directamente a la construcción del Socialismo:

Art.70: Son medios de participación y protagonismo del pueblo, en ejercicio directo de su soberanía y para la construcción del socialismo: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativas, constitucional y constituyente, el cabildo abierto, la asamblea de ciudadanos y ciudadanas, siendo las decisiones de esta última de carácter vinculante, los Consejos del Poder Popular (consejos comunales, consejos obreros, consejos estudiantiles, consejos campesinos, entre otros), la gestión democrática de los trabajadores y trabajadoras de cualquier empresa de propiedad social directa o indirecta, la autogestión comunal, las organizaciones financieras y microfinancieras comunales, las cooperativas de propiedad comunal, las cajas de ahorro comunales, las redes de productores libres asociados, el trabajo voluntario, las empresas comunitarias y demás formas asociativas constituidas para desarrollar los valores de la mutua cooperación y la solidaridad socialista.

La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo.



Continua la propuesta presidencial del artículo 136: El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales, los consejos obreros, los consejos campesinos, los consejos estudiantiles y otros entes que señale la ley.

Si la propuesta presidencial establece que la ciudad es la nueva unidad política del territorio, a diferencia del municipio que constituye actualmente la unidad política primaria de la organización nacional, nos encontramos frente a las relaciones entre nueva geometría del poder y la democracia protagónica revolucionaria. El autogobierno de las ciudades a través de las comunas se vincula al autogobierno popular, con claras resonancias de la tradición de la comuna revolucionaria como forma de autogobierno socialista. Sin embargo, no es viable confundir el poder popular con un órgano constituido del poder público, sea en la división vertical u horizontal del poder. Como nuevos órganos del poder público pueden establecerse los Consejos del Poder Popular, pero no el poder popular, en abierta contradicción con el artículo 5 constitucional. Esto ha quedado claro, por ejemplo, en el caso de la constitución cubana, donde no se confunde bajo ningún respecto la soberanía popular y/o poder popular con los órganos que emanan de ella.

En este sentido el artículo 136 debería enunciar: El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente de conformidad con esta Constitución y a través de los Consejos del Poder Popular que nacen de la condición de los grupos humanos organizados como base de la población.

Ahora bien, esto implica remontarnos al artículo 70 de la propuesta presidencial, que conlleva necesariamente eliminar “para la construcción del socialismo”, ya que contraria la axiología y los principios pluralistas-democráticos de la Constitución, la cuál no excluye un mandato de un programa político socialista, pero tampoco se agota en un programa político, que siendo inherentemente diverso, tampoco agota el campo de la pluralidad democrática (socialdemócratas, socialcristianos, liberal-demócratas, entre otros).

Aquí llegamos a una discusión de fondo sobre si la Constitución vigente es esencialmente democrática, socialista o capitalista, inclinándonos, dado lo dispuesto en el artículo 2 constitucional sin ningún tipo de dudas por una respuesta que afirma que es un régimen democrático-participativo-pluralista de justicia formal y sustantiva. En este régimen caben y se incluyen todas las variantes democráticas del socialismo, pero no sucede lo mismo con la enunciación inversa. No en todo régimen socialista es posible una democracia pluralista, con sistemas multipartidistas, división de poderes, y un estado democrático y social de derecho.

Si se quiere realizar una reforma constitucional cumpliendo los extremos legales, es indispensable aclarar el carácter pluralista-participativo del pueblo, que no puede reducirse a una homogeneidad axiológica o a una parcialidad política. Aquí planteamos, precisamente las incongruencias de aquellos planteamientos que siguiendo, por ejemplo, el modelo cubano del poder popular, no comprenden el carácter radicalmente pluralista del sistema normativo del orden constitucional de 1999 en Venezuela.

Como ha quedado firmemente establecido en la interpretación de la Sala Constitucional acerca del artículo 350, debe siempre tenerse presente en el campo de la hermenéutica constitucional que la norma “debe ser interpretada como un conjunto armónico y sistematizado” y no pretender discernir su significado de una manera aislada de su contexto normativo. De esta manera es posible comprender el uso normativo del término “pueblo” en la Constitución: “el sentido que debe atribuirse al pueblo debe vincularse al principio de la soberanía popular que el Constituyente ha incorporado al artículo 5 del texto fundamental.”(Sentencia Sala Constitucional sobre el artículo 350). Este dispositivo se relaciona necesariamente con el derecho que asiste “a todos los ciudadanos y ciudadanas a participar libremente en los asuntos públicos” (artículo 62) y al derecho al sufragio que, según el artículo 63 eiusdem, “se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas”. Se trata entonces, de la concepción democrática de la soberanía, y la paternidad de dichas bases es atribuida a Juan Jacobo Rousseau, quien hace residir la soberanía en cada uno de los individuos que componen el Estado, siendo cada uno de ellos detentador de una porción alícuota de esta soberanía.

Como consecuencia de esta tesis “se colige que la consagración de la soberanía popular comporta por parte del electorado el ejercicio del mandato imperativo”. El mandato imperativo ha sido expresamente reconocido por el Constituyente de 1999, al consagrar como eje fundamental de la democracia participativa, la exigencia de la rendición de cuentas (artículo 66) y la posibilidad de la revocatoria de los cargos y magistraturas de elección popular mediante referendo (artículo 72).

Dicta la sentencia ya citada: “Por lo expuesto, debe concluirse que el sentido que debe asignarse al pueblo de Venezuela es el conjunto de las personas del país y no una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades.” De este modo se reforzó la tesis de que el régimen constitucional venezolano, así como la normativa legal o las autoridades públicas que se funden o deriven de dicho régimen, deben respetar la tradición republicana, la independencia, la paz, la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Si esta sentencia de la Sala Constitucional ha planteado una interpretación de la soberanía popular, el poder popular propuesto por la reforma presidencial no podría contrariar esta definición del pueblo que excluye su interpretación como una parcialidad de la población, una clase social o un pequeño poblado, y menos individualidades.

El “pueblo” es el conjunto de las personas de una Nación, y por tanto el poder del pueblo es el poder de las personas integrantes de la comunidad política nacional. No puede ser el poder popular, de acuerdo a esta interpretación, ejercido en un ámbito geográfico distinto al de la Nación. Allí (en la división territorial) podría hablarse del poder comunal o de Consejos del Poder Popular, pero no del poder popular. De esta manera, encontramos una tensión que debe resolverse en la definición de los siguientes términos: poder popular, órganos que ejercen el poder público, consejos del poder popular, así como la inadecuación de denominar poder popular al poder de base territorial distinto del municipio, los estados y la nación. Consideramos que este poder puede denominarse poder comunal, pero no poder popular. Así mismo es importante advertir sobre las confusiones que encierra el artículo 158 de la propuesta donde quedan solapados los conceptos de desconcentración del poder y descentralización del poder. Esto ya es “harina de otro costal”.