Las
tumultuosas negociaciones internacionales sobre el calentamiento global
permanecen estancadas en aspectos cruciales para la estabilidad
planetaria. La cumbre de jefes de estado en Estocolmo en el 2009, tras
años de negociaciones, tenía como objetivo la concreción de un nuevo
acuerdo internacional para reducir significativamente, en los próximos
40 años, las emisiones de los gases que magnifican el efecto
invernadero. Pero la cumbre concluyó sin acuerdo, tras un lamentable
enfrentamiento fundamentalmente entre países industrializados y países
en desarrollo.
Un
año mas tarde, la cumbre de Cancún, México, produjo un resultado
igualmente frustrante, sin que se pudiera concretar un acuerdo sobre la distribución de responsabilidades para
evitar que el calentamiento global se acelere a tal punto que
desestabilice de manera irreversible los ecosistemas y provoque
desajustes climáticos catastróficos a corto plazo.
Son
dudosas las perspectivas de que los ministros y jefes de estado que se
reunirán a finales de Noviembre del 2011 en Durban, Sur Africa, alcancen
un acuerdo para coordinar una acción internacional efectiva ante la
amenaza climática global. Sin embargo, todos los países, sin excepción,
concuerdan tanto a nivel científico como político en que el
calentamiento global es una de las principales amenazas para la
humanidad, y que dicha amenaza requiere atención urgente y efectiva a
través de un esfuerzo coordinado de todos los pueblos de la tierra.
Las
hasta ahora insuperables dificultades para alcanzar un acuerdo radican
en que las medidas necesarias para superar esta monstruosa amenaza
divergen tanto del modelo predominante de desarrollo, como de las
arraigadas relaciones de dominación entre las naciones. El modelo
predominante de desarrollo depende del consumo de crecientes cantidades
de energía, principalmente energía fósil, así como de la explotación de
cantidades cada vez mayores de materias primas y recursos naturales. Los
países en desarrollo han sido convertidos fundamentalmente en
suplidores de materias primas y receptores de productos procesados,
dependiendo económica y tecnológicamente de países industrializados y
sus instrumentos de poder, tales como el Fondo Monetario Internacional,
el Banco Mundial, la Organización Mundial de Comercio y los acuerdos de
libre comercio. Este modelo deliberadamente ignora los costos
ambientales y sociales del desarrollo económico, una de las mas
perversas característica del orden económico internacional impuesto a todos los países de la tierra por los vencedores de la segunda guerra mundial.
En
la cumbre de Copenhagen en el 2009 se acordó como objetivo imperativo
evitar que, para finales del siglo 21, la temperatura promedio del
planeta aumente mas de 2ºC por encima del promedio registrado en la
época pre-industrial. Esto implica mantener la concentración promedio de
CO2-equivalente en la atmósfera por debajo de las 450 partes por
millón. Este objetivo estratégico fue ratificado en la cumbre de Cancún
en el 2010. Para entonces, ya la temperatura promedio había aumentado
cerca de 1ºC, la concentración de CO2 superaba las 390 partes por
millón, y la del total de gases del efecto invernadero ascendía a 435
ppm equivalentes de CO2. Las opciones disponibles para alcanzar la meta
trazada han adquirido así un carácter de emergencia planetaria.
Presupuesto atmosférico
El
alcance de la meta trazada implica que entre el 2010 y el 2100 sólo se
puede emitir un máximo de 850 mil millones de toneladas equivalentes de
CO2 a la atmósfera. El gas carbónico (CO2) representa en la actualidad
cerca de tres cuartas partes del total de emisiones anuales de gases del
efecto invernadero. Las emisiones de los otros gases, tales como el
metano (CH4), los óxidos nitroso y el dióxido de sulfuro, se miden en
cantidades equivalentes de CO2.
Uno
de los principales puntos de discordia es la distribución de este
limitado cupo atmosférico entre los diferentes países del mundo. Entre
las alternativa, enmarcadas en el concepto de justicia ambiental, se encuentra la distribución equitativa entre todos los ciudadanos del planeta.
Como la población de los países en desarrollo representa en la
actualidad cerca del 84% de la población mundial, y como dicha
proporción tiende a aumentar, les correspondería una proporción similar
del cupo disponible de emisiones. Esto dejaría a los países mas ricos
del planeta un promedio del 15% del cupo de emisiones para los próximos
40 años. En la actualidad los países industrializados emiten cerca del
50% de las emisiones globales. En consecuencia, tendrían que aceptar
reducciones inmediatas y de enorme envergadura a muy corto plazo,
seriamente afectando no sólo sus ya precarias perspectivas de desarrollo
económico, sino su dominación económica, tecnológica y militar sobre el
resto del planeta. En consecuencia, no es sorprendente que tales
propuestas, independientemente de la justicia de sus argumentos, generen
enorme resistencia por parte de quienes ostentan el poder ulterior de
decisión en la actualidad.
La
situación se complica aún mas cuando se toman en consideración las
emisiones acumuladas hasta la fecha. Los países industrializados, con
una minoría de la población mundial, son responsables del 70% de las
emisiones de CO2 y otros gases del efecto invernadero acumuladas en la
atmósfera en los últimos 60 años. Este grupo de países se apoderó
unilateralmente de la mayor parte del cupo atmosférico disponible desde
entonces, reduciendo el presupuesto atmosférico disponible para el resto
de la humanidad. Si en un contexto de justicia ambiental se
toma en consideración la responsabilidad acumulada hasta la fecha, la
proporción del cupo de emisiones disponible para los países
industrializados para el período 2010-2050 se reduce aún mas
drásticamente.
Deuda ambiental
El Convenio Marco sobre Cambios Climáticos de
la Organización de Naciones Unidas se refiere al año 1990 como el año
base. Las emisiones correspondientes a ese año sirven como punto de
referencia contra el que se miden los compromisos asumidos hasta la
fecha, y contra el que la mayoría de los países proponen se continúen
midiendo en el futuro. Es así como en 1997 el Protocolo de Kioto estableció
como objetivo legalmente vinculante que los países industrializados
deberían reducir sus emisiones en un 5% con respecto a las de 1990 para
el quinquenio 2008-2012.
Durante este primer período de compromisos,
con vencimiento a finales del 2012, el Protocolo de Kioto establece un
compromiso vinculante de reducción de emisiones circunscrito sólo a
países industrializados, debido a su desproporcionada responsabilidad en
la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, y a su
mayor capacidad tecnológica y financiera para aportar soluciones.
En
1990, el año base, el cupo disponible de emisiones era de 1.600.000
millones de toneladas métricas equivalentes de CO2. Para entonces la
población mundial se encontraba en un 80% en países en desarrollo y el
20% restante en países industrializados. Durante el período 1990-2010 se
emitieron 750 mil millones de toneladas equivalentes de CO2 a la
atmósfera, provenientes en un 56% de países industrializados.
Si se hubiese aplicado el concepto de justicia ambiental ya
mencionado, las emisiones de los países industrializados durante el
período 1990-2010 habría sido como máximo equivalente al 20% del
presupuesto atmosférico utilizado en ese período, un máximo de 150 mil
millones de toneladas equivalente de CO2. El exceso de emisiones por
parte de los países industrializados, sólo durante este período de
tiempo, supera los 220 mil millones de toneladas equivalentes de CO2.
Entre las propuestas en negociación se encuentra el reconocimiento de
esta deuda ambiental, por el uso unilateral de un cupo
atmosférico correspondiente a países en desarrollo. Si partimos de un
precio promedio de US$ 20/ton CO2, sólo esta porción mas reciente de la
deuda ambiental alcanzaría los 4.400.000 millones de dólares.
El Protocolo de Kioto
El Protocolo de Kioto es el único instrumento operativo del Convenio Marco sobre Cambios Climáticos. Establece como objetivo para el primer período de compromisos, definido
como el quinquenio 2008-2012, una reducción promedio de 5% en las
emisiones anuales provenientes de los países industrializados con
respecto a las de 1990. Esta reducción corresponde al conjunto de países
industrializados, identificados en el anexo 1 de dicho protocolo. Allí
se definen los objetivos correspondientes a cada país o grupos de
países: EUA: 7%, Canadá: 6%, Unión Europea: 8%. Se preveía también que
algunos países sólo estabilizarían sus emisiones, como Rusia y Japón,
mientras que otros podrían aumentarlas, como España y Australia.
El
Protocolo de Kioto fue aprobado por los EUA durante la presidencia de
Bill Clinton. Sin embargo, una de las primeras medidas de política
internacional tomadas durante la presidencia de George W. Bush fue el
desconocimiento de dicho compromiso. Desde entonces, los Estados Unidos,
el principal emisor de gases del efecto invernadero, se dedicó a
sabotear dicho acuerdo internacional. Para el 2010, sus emisiones en
lugar de reducirse en un 7% como originalmente previsto, aumentaron en
un 17%. Estados Unidos se convirtió en un estado paria,
cuyo comportamiento ha propiciado un duro golpe a un acuerdo
internacional que proponía reducciones simbólicas en emisiones,
prácticamente insignificantes ante el reto climático que enfrenta la
humanidad.
Limitar
el aumento de la temperatura promedio del planeta a no mas de 2ºC con
respecto a la era pre-industrial para finales de siglo implica que las
emisiones globales de los próximos 90 años (2010-2100) no pueden exceder
los 850 mil millones de toneladas métricas equivalentes de CO2. Si se
considera que las emisiones globales en el año 2010 superaron los 47.000 millones de toneladas equivalentes de CO2, un
34% superiores a las de 1990, se comprende la imperiosa necesidad de
concretar un acuerdo internacional, legalmente vinculante, que facilite
el esfuerzo coordinado por parte de todos los países del planeta para
reducir las emisiones globales en al menos un 50% para el 2050, con
respecto a las de 1990. La magnitud de este reto es particularmente
significativo si se toma en consideración que par el año 2050 la
economía mundial tiende a ser 4 veces superior a la actual, mientras que
la población tiende a alcanzar las 10.000 millones de personas.
Considerando
las responsabilidades acumuladas hasta la fecha, las diferencias en
capacidad económica y tecnológica para reducir emisiones, la estrecha
vinculación del desarrollo económico con el consumo de energía, y la
predominancia del consumo de energía fósil alrededor del mundo, en las
reuniones de Copenhagen y de Cancún se propuso que los países
industrializados deben asumir el compromiso de reducir sus emisiones en
al menos un 40% para el año 2020 y en al menos un 80% para el 2050, con
respecto a las del año base. Esto le permitiría a los países en
desarrollo alcanzar un pico en sus emisiones alrededor del año 2020,
para luego reducirlas a aproximadamente el 40% de las emisiones de 1990
para mediados de siglo.
Sin
embargo, Estados Unidos ofrece sólo compromisos voluntarios, no
vinculantes, para reducir sus emisiones simbólicamente para el año 2020
en apenas un 5% con respecto a las de 1990. Mientras que Japón, Rusia y
la Unión Europea ofrecen una reducción del 25% en sus respectivas
emisiones para el año 2020 con respecto a las de 1990.
La propuesta de los países en desarrollo viene acompañada de aspectos complementarios: la transferencia de recursos financieros y tecnológicos de
países industrializados a países en desarrollo para que estos puedan
contribuir al alcance de las metas globales trazadas. Según la Agencia Internacional de Energía,
se requieren al menos 600.000 millones de dólares anuales entre el 2010
y el 2020 para cumplir con los objetivos trazados, destacando: "Estas cifras son muy inferiores al costo de no actuar".
Los
países en desarrollo necesitan recursos tanto financieros como
tecnológicos para asegurar que su desarrollo sea mas eficiente desde el
punto de vista energético, para depender cada vez menos del consumo de
energía fósil, para impulsar el uso de energías alternativas y para
eliminar fuentes de emisiones particularmente destructivas y peligrosas,
como las provenientes de la destrucción de bosques. En los países
localizados en la franja tropical del planeta, países en desarrollo, se
destruyen mas de 10 millones de hectáreas de selvas naturales cada año.
La deforestación representa con frecuencia mas de la mitad de las
emisiones totales de CO2 provenientes de estos países. Detener este
proceso suicida de devastación no sólo es necesario para reducir
sustancialmente las emisiones de CO2 y otros gases del efecto
invernadero. Es igualmente crucial para evitar la destrucción de la biodiversidad,
la principal riqueza estratégica de generaciones futuras. La mayor
parte de la diversidad biológica y genética del planeta se encuentra
asociada a las selvas tropicales de América Latina, Asia y Africa.
El sabotaje
Desafortunadamente,
los países industrializados, salvo contadas excepciones, han
sistemáticamente saboteado el alcance de un compromiso global para
encarar la destructiva amenaza climática global. Proponen continuar
usurpando un cupo atmosférico desproporcionadamente mayor al
correspondiente a su población, maniobran por evadir compromisos
legalmente vinculantes en el contexto del Protocolo de Kioto, y
manipulan para minimizar la cooperación económica y tecnológica hacia
los países en desarrollo.
La
usurpación de un cupo atmosférico aun mayor al propuesto por los países
en desarrollo pretenden justificarla aludiendo al posible impacto sobre
sus ya deterioradas economías y su precaria estabilidad social. La
reducción de emisiones de 80% para el año 2050 requiere de una meta
intermedia de 40% para el año 2020. Estos escenarios implican
fundamentalmente el desacoplamiento del desarrollo económico de las
emisiones de carbono, la sustitución de buena parte del consumo de
petróleo y carbón mineral por gas, un aprovechamiento significativamente
mas generalizado de fuentes alternas de energía, como la solar y la
eólica; el aumento de la eficiencia energética para que el crecimiento
económico y el transporte impliquen un consumo cada vez menor de
energía, y un fin al desproporcionado derroche de energía y materias
primas por parte de la población y las industrias.
Por
otra parte, los países industrializados parecen haber coordinado sus
posiciones para evitar un segundo período de compromisos en el contexto
del Protocolo de Kioto. Se pretende evitar el carácter legalmente
vinculante de este instrumento, convirtiendo sus promesas en objetos de
retórica, de carácter netamente voluntario, sin implicaciones
vinculante.
El objetivo es claramente destruir el Protocolo de Kioto, el único instrumento vinculante del Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos. Ya
varios países han formalmente expresado su determinación a plegarse a
la posición de los Estados Unidos, rechazando la posibilidad de un
segundo período de compromisos en el marco de este protocolo, mas allá
del año 2012. Entre estos países se destacan Japón, Canadá y Australia.
El
principal argumento de los otros países industrializados es que Estados
Unidos se niega a asumir compromisos vinculantes en el contexto de este
protocolo para reducir sus emisiones, y que es preferible cualquier
acuerdo, aún no vinculante, con tal de incluir a la principal economía
mundial. Los países en desarrollo insisten en la necesidad de que los
países industrializados mantengan compromisos vinculantes en el contexto
del Protocolo de Kioto, mientras que los compromisos voluntarios, no
vinculantes de Estados Unidos, se administren a través de un proceso
paralelo en donde se incluya también a países en desarrollo con
significativos niveles de emisiones, tales como China, India y Brasil.
Los
países industrializados pretenden igualmente minimizar la cooperación
financiera y tecnológica requerida por los países en desarrollo para
contribuir con la reducción global de emisiones y para adaptarse a los
crecientes efectos del calentamiento global. Argumentan, por ejemplo,
mas allá de las dificultades estructurales de sus economías, que las
tecnologías disponibles para mejorar la eficiencia energética de las
economías de países en desarrollo son propiedad intelectual de empresas
privadas, fuera del alcance de la acción de gobierno. Mientras que, por
otro lado, tratan de minimizar la cooperación económica con países en
desarrollo, condicionando y retrasando los escasos recursos
comprometidos para favorecer actividades que beneficien a sus propias
corporaciones transnacionales, o para imponer condicionalidades
económicas y políticas a los países receptores.
Uno
de los principales argumentos de Estados Unidos es que, en el contexto
del Protocolo de Kioto, países como China, India y Brasil no asumen
compromisos vinculantes para reducir sus respectivas emisiones, aun
cuando China ya sobrepasó a Estados Unidos como el principal emisor de
gases del efecto invernadero. Lo que hipócritamente se niega a reconocer
el gobierno norteamericano es que el desarrollo económico de ese país
se encuentra estrechamente vinculado a gigantescas emisiones de CO2 y
otros gases contaminantes acumulados en la atmósfera durante décadas,
desproporcionadamente mayores que las de China o India. Para el año 2000
Estados Unidos era responsable del 30% de las emisiones acumuladas en
la atmósfera, mientras que a China le correspondía el 7% y a India sólo
el 2%. Sin embargo, la población de China es 4 veces superior a la de
los Estados Unidos y la de India 3,5 veces superior. Aun hoy, China
emite en promedio 4,5 toneladas de CO2 equivalentes por habitante por
año, e India 1.4, mientras que las de Estados Unidos son 5 veces
superiores a las de China y 13 veces superiores a las de India.
El enfrentamiento
La
negociación que tendrá lugar en Durban, Sur Africa, a finales de este
mes puede convertirse en el golpe de gracia al Protocolo de Kioto. Esa
será la intención de buena parte de los países industrializados,
liderados principalmente por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá,
Australia y Japón. Sin embargo, si los países en desarrollo mantienen
con firmeza la posición que han asumido hasta la fecha, con el eventual
apoyo de la Unión Europea se mantendría la posibilidad de un segundo
período de compromisos que le otorgue un carácter vinculante a las
reducción de emisiones de los principales países industrializados, tanto
en proporción con su responsabilidad por las emisiones acumuladas hasta
la fecha, como en armonía con su potencial económico y tecnológico para
lograrlo.
Durban
promete así convertirse en un nuevo campo de confrontación entre países
ricos y países pobres, en donde los primeros tratarán de imponer sus
criterios, como ha sido práctica recurrente en el pasado, mientras que
los últimos defienden, cada vez con menos temores y complejos, los
intereses colectivos de la inmensa mayoría de la humanidad.
Durban
tiende a convertirse en otro decepcionante eslabón en el frustrante
proceso de negociaciones para afrontar la amenaza del calentamiento
global, cuyas peligrosas consecuencias prometen ser
desproporcionadamente severas para los pueblos mas desposeídos del
planeta. Un acuerdo efectivo en Durban es poco probable, aunque quedarán
sentadas las bases de un eventual acuerdo en el que se reflejen las
legítimas aspiraciones de desarrollo de los países mas pobres del
planeta.
El Acuerdo Marco sobre Cambios Climáticos no
puede condenar a la mayoría de la población mundial a mantenerse en la
pobreza, la ignorancia y la dependencia, limitando su desarrollo,
mientras se mantiene el profundamente injusto orden económico
internacional vigente. Es hora en que los países en desarrollo, donde se
encuentra la inmensa mayoría de la población mundial, se unan para
defender con determinación y firmeza no sólo sus legítimos derechos y
aspiraciones, sino los derechos de la Madre Tierra.
