La presidenta Fernandez de Kirchner ha decidido sacarse la careta que mal disimulada utilizó durante los ocho años de administración pingüina. Está claro que su verdadero rostro es el de la burguesa explotadora, que sólo no querían ver los integrantes del cipayaje vernáculo, más allá de aquellos que, arrinconados por la miseria, no les queda otra que aceptar los condicionamientos de los que viven del sudor ajeno.

 El triunfo en las últimas elecciones presidenciales la envalentonó de tal manera, que ya no cuida las formas y empieza a decir lo que realmente piensa. Y, cuando eso se transforma en política, lo que se pone en riesgo es el patrimonio del pueblo argentino y la seguridad y la libertad de quienes se oponen a ella. Así, por ejemplo, apura la aprobación de las leyes propuestas por el oficialismo a libro cerrado (gracias a la mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso). La ley de Presupuesto, donde se sigue reconociendo y pagando la Deuda Odiosa y se mantienen los subsidios (a pesar de la andanada propagandística del oficialismo que dice lo contrario) por $70.000 millones; la Ley de Tierras, donde se consolidan los derechos de los terratenientes extranjeros que ya ocupan alrededor de 30 millones de hectáreas de nuestro territorio (ni pensar en una redistribución equitativa de la tierra); o la profundización de la Ley Antiterrorista a pedido de las corporaciones internacionales, que agravará la judicialización de la protesta popular, son muestras de una derechización sin disimulo de la “señora” y su troupe.

 El ejemplo más claro de este desenmascaramiento es el “nuevo” posicionamiento hacia la clase obrera, expresado claramente en el discurso de reasunción, y dirigido a la oficialista CGT. Para la presidenta, el derecho a huelga debe ser controlado, porque si se “desboca”, pasa a la categoría de “chantaje”.

En primer lugar, habría que decirle a la “señora”, que el derecho a huelga reconocido por el sistema burgués, se lo ganó la clase obrera a costa de la sangre, el sacrificio y la lucha de miles y miles de trabajadores que lo ejercieron a pesar de los intereses de los patrones. Y mientras exista el sistema de explotación, con leyes que lo permitan o no, lo seguirán ejerciendo, le guste o no a la patronal. Por más que algunos (o algunas) boconeen su desprecio a las prácticas del proletariado

En segundo... ¿quién puede definir cuándo un reclamo pasa a la categoría de “chantaje”, si lo que sale a la superficie siempre es la contradicción irreconciliable entre los intereses de los explotadores y los explotados? Si la presidenta, según dice, quiere “conciliar” lo irreconciliable (peronismo= “conciliación de clases”= utopía imposible, valga la redundancia)... al denunciar el derecho a huelga, se pone claramente (por si hacía falta más) del lado de la patronal.

 Esta confesión de clase de la presidenta hace insostenible el discurso de los que cacarean el supuesto de que éste es un gobierno “de los trabajadores”. Ningún gobierno de ese tipo le pondría techo a las paritarias, ni se mofaría de las consecuencias físicas que generan las prácticas laborales, sean tendinitis o diarreas. Mucho menos encorsetaría los reclamos, o le cobraría impuestos al salario, ya sea a través del IVA a los productos de la canasta básica, o considerándolo “ganancia”. La conducción cegetista es la representación formal de la clase obrera, pero todos tenemos en claro que sus aspiraciones poco tienen que ver con la liberación de los trabajadores como clase social. Moyano y sus secuaces han sido funcionales al “modelo” kirchnerista, a sus dichos, de “capitalismo serio”; sin embargo, parece que sus servicios ya no son necesarios para la administración “k” , y comienza un camino de estigmatización del camionero. Es que aún con la funcionalidad al poder de la patronal de “Hugo” y los suyos, los objetivos políticos de éstos son demasiado “radicalizados” para los planes presidenciales. La exigencia de la suba del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias que descaradamente se aplica a los salarios, y la pretensión de distribuir entre los trabajadores el 10% de las ganancias empresariales, hacen aparecer al secretario de la central obrera casi como un bolchevique a los ojos de un gobierno de derecha como el kirchnerista. Los trabajadores tendrían que tener muy en cuenta estos datos de la realidad, porque un gobierno como éste jamás podría representar y defender sus intereses.

La advertencia presidencial, entonces, hay que tomarla como lo que es: una amenaza a los trabajadores. Y un atisbo a lo que vendrá. La ya mencionada profundización de la Ley antiterrorista será un instrumento perfeccionado de “domesticación”, y allí donde las fuerzas de seguridad no tengan cabida, las camisas pardas de “La Cámpora” y las patotas al servicio de los kapomafia del conurbano actuarán como fuerza de choque y aleccionamiento.

Todo para mantener y profundizar “el modelo”, que no es más que ese “capitalismo serio” del que tanto habla la “señora”, capitalismo al fin, explotación al fin, desigualdad al fin, pocos ricos y muchos pobres al fin. Se seguirá pagando la Deuda a los buitres financieros, se seguirá entregando nuestro petróleo, continuará la criminal explotación minera a cielo abierto, la sojización que aumentará la expulsión de los pueblos originarios y campesinos pobres... Todo cosa “seria”, realmente

La exigencia de “seguridad jurídica” para invertir por parte del imperialismo no se toma como una extorsión, porque para un gobierno que defiende los intereses de los patrones, tal forma de pensar es lo normal y correcto.

En cambio, que un trabajador pare su herramienta para reclamar una vida mejor, es un insulto para los explotadores y para el gobierno que los representa.

A buen entendedor, lo que ha querido decir la “señora” en su discurso de reasunción, es “Trabajen sin chistar, muchachos, porque si no los dejamos sin laburo, y si siguen jodiendo, los cagamos a palos”

Eso sí es chantaje. El chantaje de los poderosos