El nuevo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se ha comprometido a restablecer el liderazgo norteamericano en la lucha mundial contra el cambio climático. Considera ejemplar su promesa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de ese país a la mitad para el 2030 en relación con las del 2005, colocándolo en la senda hacia emisiones netas cero en el 2050.
La recurrente falta de coherencia socava la credibilidad de sus promesas. Bill Clinton y su vice-presidente Al Gore impulsaron la aprobación del Protocolo de Kioto en 1997. Lideraron a los países industrializados en el reconocimiento de su desproporcionada responsabilidad histórica por el calentamiento global. Acordaron reducir las emisiones de los países industrializados en 5% como promedio para el 2010 con respecto a las de 1990. Estados Unidos asumió el compromiso de reducirlas en 8%.
Un par de años más tarde, el presidente Bush se retiró del Protocolo de Kioto, considerándolo injusto para Estados Unidos y poniendo en duda la ciencia del cambio climático. Para el 2005 las emisiones de CO2 de Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico, 6 Giga-toneladas, superando en 20% las de 1990.
Tras diez años de inacción, Obama suscribió el Acuerdo de Paris en el 2015, apoyando las conclusiones de la comunidad científica internacional sobre el origen antropogénico del calentamiento global, y ratificando la apremiante necesidad de evitar que el aumento de la temperatura superficial promedio del planeta supere los 2°C para finales del siglo 21 con respecto al promedio del período 1880-1900.
Un par de años más tarde, el presidente Trump se burló del Acuerdo de París, enfatizando que era "una trampa China" y que el calentamiento global era una farsa. Señaló que Estados Unidos era una nación excepcional, por lo que podía emitir todos los gases que se le antojara.
Con tales antecedentes, cualquier promesa norteamericana debe tomarse con extrema cautela. No son compromisos de estado. Tienden a variar con el ánimo del presidente de turno, especialmente cuando carecen de aprobación formal por el Congreso.
El enviado especial del presidente Biden a la mesa de negociaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre el cambio climático, John Kerry, cimentó recientemente en Pekin una alianza entre Estados Unidos y China para liderar la lucha internacional contra el cambio climático y cumplir con la meta clave del Acuerdo de Paris: evitar que el calentamiento global supere los 2°C para finales de siglo.
El más reciente informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC AR6 2021) reitera con mayor precisión lo señalado en el informe anterior del 2014: para cumplir con el objetivo de los 2°C con una probabilidad del 66% es imprescindible limitar las emisiones mundiales de CO2 durante el período 2021-2100 a un máximo de 1.100 giga-toneladas, con limitaciones similares en la emisión de otros gases, como metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).
La emisión adicional de 1.100 giga-toneladas de CO2 a la atmósfera provocará un aumento adicional de temperatura de 0,5°C. En la actualidad se registra un aumento en la temperatura superficial promedio de 1,25°C con respecto al período 1880-1900. La diferencia restante con respecto al objetivo del Acuerdo de París corresponde a la contribución de los otros gases de efecto invernadero.
La atmósfera es un bien común. Ningún pais debe reclamar privilegios en su ocupación o uso. Ningún país debería auto-asignarse el privilegio de arrebatar una mayor proporción del cupo de emisiones disponible para toda la humanidad, despojando a otros del mismo derecho.
El cupo disponible de emisiones debe repartirse entre todos los habitantes del planeta en partes iguales, sin privilegios de ninguna naturaleza. Tal procedimiento no implica desconocer las responsabilidades históricas acumuladas hasta el presente, ni las desigualdades en capacidades económicas y tecnológicas para contribuir al alcance del objetivo del Acuerdo de Paris.
La distribución del presupuesto disponible de emisiones en proporción con la población de cada país generaría además un equilibrio en el que el país que aspire a un presupuesto mayor al que le corresponde podría negociar con algun otro en capacidad de suministrar la diferencia, en el contexto de lo establecido en el artículo 6 del Acuerdo de París sobre el comercio de créditos de emisiones, o productos de mitigación de transferencia internacional.
Aproximadamente 1.000 millones de personas en países en desarrollo carecen de electricidad en sus hogares, una de múltiples expresiones de pobreza. Sólo en la India superan los 400 millones de habitantes. En la mayoría de los casos, termoeléctricas alimentadas con carbón local son las alternativas más viables e inmediatas para superar esta limitación, sin endeudar más a los países afectados. Sus elevados niveles de emisión de CO2 y otros contaminantes podrían evitarse si estos países tuvieran acceso a tecnologías limpias y al financiamiento requerido para instalar fuentes alternas de electricidad, como centrales foto-voltaicas o eólicas.
Sin embargo, el acceso a tales tecnologías es normalmente prohibitivo, mientras que el financiamiento implica endeudar más a los países afectados. La justa distribución del presupuesto disponible de emisiones facilitaría las opciones más limpias, en beneficios de todos.
La nueva promesa de Estados Unidos, de alcanzar un escenario de emisiones netas cero para el 2050, se presenta como una iniciativa ejemplar de la principal potencia económica y tecnológica del mundo, un sacrificio acorde al líder mundial en la lucha contra el cambio climático.
La realidad es decepcionante. La iniciativa se restringe al mantenimiento de las tendencias actuales, establecidas desde el 2005 y derivadas principalmente de la sustitución de carbón por gas en centrales termo-eléctricas. La generación de electricidad a partir de carbón se ha reducido a menos de la mitad, mientras que la de gas casi se ha duplicado. La sustitución de carbón por gas reduce las emisiones de CO2 y otros contaminantes en un 60% por unidad de energía eléctrica producida. El vertiginoso aumento en la producción de gas ha reducido su precio y se debe a la propagación del fracking para el aprovechamiento del gas de esquisto, con consecuencias ambientales devastadoras. La sustitución del carbón por gas en centrales termoeléctricas se debe a su mayor rentabilidad, no a preocupaciones por el calentamiento global.
El nuevo compromiso de Estados Unidos, de alcanzar un escenario de emisiones netas cero para el 2050, implica además la auto-adjudicación, arbitraria y gratuita, de un cupo de emisiones de 75 giga-toneladas de CO2 para el período 2021-2050.
Lo mínimo que podría esperarse de Estados Unidos es el compromiso de limitar sus emisiones futuras a 45 giga-toneladas, lo que conduce a emisiones netas cero para el 2035 a más tardar.
El senador Bernie Sanders propuso en su Nuevo Plan Verde que, de ser elegido presidente, Estados Unidos reduciría sus emisiones en 160% para el 2030. Reducir sus propias emisiones a cero para el 2030 y complementar la diferencia cooperando con países en desarrollo a reducir sus correspondientes emisiones.
Más recientemente, Action Aid ha elevado esa meta al 195%, acentuando la cooperación financiera y tecnológica para reducir emisiones en países en desarrollo como parte integral del compromiso de Estados Unidos en el Acuerdo de París. La metodología utilizada para justificar la propuesta toma en consideración tanto las responsabilidades acumuladas por el país en su historial de emisiones, como su capacidad económica y tecnológica para impulsar actividades de esta naturaleza.
Por su parte China se ha comprometido a alcanzar un máximo en sus gigantescas emisiones de CO2 para el 2030, iniciando luego una pronunciada reducción hasta alcanzar un escenario de emisiones netas cero para el 2060. Se auto-adjudica así 250 giga-toneladas, el 27% del cupo global de emisiones disponible, aunque su población equivale al 18% de la población mundial.
China también se ha comprometido a reducir la intensidad de carbono de su economía (emisiones vs PIB) en 65% para el 2030, elevar a 25% la producción de energía primaria de fuentes alternas, no fósiles; elevar a 1.200 GW la capacidad de generación de electricidad solar y eólica para el 2030 y aumentar el volumen de madera en sus bosques en 6.000 millones m3 para el 2030. Estas plantaciones le otorgarían a China un alivio adicional de 5 giga-ton de CO2.
Es así como, quienes pretenden liderar a la humanidad en la lucha contra la crisis climática, pretenden apoderarse del 31% del cupo disponible de emisiones de CO2 para el resto del siglo 21, 85 giga-toneladas en exceso de las que les corresponden. Como el cupo global de emisiones es limitado, sólo estos dos países pretenden apropiarse, arbitraria y gratuitamente, de un cupo de emisiones de 85 giga-toneladas que legítimamente le corresponde a 600 millones de habitantes de otras regiones del mundo, una población similar a la toda América Latina.
El valor comercial actual de las 85 giga-toneladas de emisiones de CO2 que se han auto-adjudicado en exceso Estados Unidos y China supera los 4.250.000 millones de dólares (4,25 billones) a precios actuales, partiendo del valor promedio de referencia en el mercado de créditos de carbono de la Unión Europea, US$50/ton.
A solicitud de Banco Mundial ,una comisión especial de alto nivel, liderada por el premio Nobel de economía, Joseph Stiglitz, realizó un análisis del precio de las emisiones de carbono en 2017 que concluyó: "El precio de las emisiones de carbono consistente con los objetivos del Acuerdo de Paris es de al menos US$ 40 a $80 por toneladas de CO2 para el 2020 y de US$ 50 a $100 para el 2030" (World Bank High Level Commission on Carbon Prices).
Sin embargo, esta es sólo una porción de las pérdidas que sufrirán los países en desarrollo, pues excluye pretensiones similares de otros países industrializados.
Cuando los países más desposeídos del planeta, incapaces de imponer arbitrariedades semejantes, traten de utilizar sus respectivos cupos de emisiones, descubrirán que ya no se encuentran disponibles, por lo que serán acusados de amenazar la seguridad climática mundial. Se aplicarán novedosas sanciones contra sus productos de exportación por sus huellas de carbono y se les impondrán severos impuestos por cada tonelada de CO2 que emitan a la atmósfera.
El Acuerdo de París no es jurídicamente vinculante. Es de carácter voluntario, por lo que se encuentra sujeto a todo tipo de condicionalidades y arbitrariedades. Las señaladas son sólo algunas de ellas. Las promesas emitidas pueden ser violadas a conveniencia, sin consecuencia alguna. No hay forma de exigir su cumplimiento, ni penalidades asociadas. Por ahora.
Estas observaciones se refieren sólo al arrebato arbitrario del presupuesto de emisiones disponible 2021-2100 por parte de los países más poderosos. No es la única injusticia en las negociaciones sobre el cambio climático. Las responsabilidades acumuladas hasta el presente y la deuda climática son escollos adicionales en el avance de las negociaciones.
Depende de los países en desarrollo presentar un frente unido en defensa de sus propios intereses en la Conferencia de las Partes 26 (COP26) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, programada para Noviembre 2021 en Glasgow. La brecha entre la retórica y la práctica debe cerrarse a la brevedad posible si aspiramos evitar que el aumento en la temperatura superficial promedio del planeta supere los 2°C para el 2050, tal y como lo advierten las tendencias actuales.
