Los 194 años del Correo del Orinoco, periódico que durante casi 4 años fuera uno de los pertrechos más útiles del Libertador, se convierten en ocasión propicia para señalar al elefante instalado en la sala que muchos insisten en ignorar: la ausencia de una real -orgánica en el sentido gramsciano- política comunicacional del Estado venezolano.
Mucho ha pasado en el sector comunicacional desde 1998, una guerra mediática precedida por una breve luna de miel agridulce con los medios: se reformó la sexagenaria Ley de Telecomunicaciones; se fraguó en buena lid la Ley de Responsabilidad Social en radio, TV y medios electrónicos; y se decidió no renovar la concesión a quienes durante 50 años hicieron un mal uso reiterado de la misma, RCTV. También, hay que decirlo, han desfilado más de 13 ministros por el Minci.
Pero lo más importante es que, acompañados por otros gobiernos de América Latina tan golpeados como el nuestro por la hegemonía de la oligarquía comunicacional, se ha entendido que la comunicación es un derecho humano fundamental, y que los años del paraíso desregulado de los medios deben llegar a su fin si queremos una Patria independiente. Ya lo señaló Barbero: “tomar en serio la democracia va a significar asumir a fondo la trama cultural y comunicativa de la política: (…) el carácter participativo de la democracia se halla cada día más ligado a los modos en que se produce la comunicación”.
Sin embargo, el elefante sigue tranquilo, solo perturbado por ocasionales destellos de lo que pudieran ser los fundamentos para construir una política comunicacional que descargue de los hombros del gran comunicador –Chávez- el peso de transformar las decisiones de Estado en entendimiento y apoyo popular.
Los objetivos postulados en el Primer Plan Socialista de la Nación son una pequeña muestra de ello, pero una política comunicacional de Estado no puede limitarse a una bien orquestada maquinaria propagandística, amerita de un sincronizado trípode de acción: transformar el discurso revolucionario en pauta para la acción individual y colectiva, informar sobre la gestión y sus logros e interpretar el sentir popular y sus demandas y retroalimentarlo en dicha política.
Esa política comunicacional de Estado debe tener como objetivo general alterar el desequilibrio estructural del macrosistema comunicacional, donde el sistema de medios privados arropa con su 80 % de predominancia a los sistemas público, alternativo e incluso al no mediático, ese constituido por la comunicación “libre” de los venezolanos. Solo así será posible un Estado socialista y comunicador.
Periodista y docente universitario
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