Las pandillas terroristas alzadas contra el orden constitucional y sus líderes aparentes, han incurrido en graves delitos de lesa humanidad.
María Machado, por ejemplo, cambió toda nuestra Constitución por un solo artículo de la panameña, el 156°, que reza: “Los Diputados… no podrán aceptar ningún empleo público… Se exceptúan los nombramientos de… Agentes Diplomáticos, cuya aceptación sólo produce vacante transitoria por el tiempo en que se desempeñe el cargo”.
Leopoldo López, Antonio Ledezma, y los alcaldes de San Diego y San Cristóbal, entre otros, han desconocido las autoridades legalmente constituidas y han llamado a la violencia generalizada contra la ciudadanía y los bienes públicos y privados.
En el accionar de las bandas paramilitares urbanas, azuzadas y financiadas desde el exterior, se ha asesinado, se ha secuestrado a familias y vecindarios enteros impidiéndoles el derecho de libre tránsito, se han causado tratos crueles e infames contra motorizados y transeúntes, se ha atacado brutalmente a la Guardia y Policía Nacionales Bolivarianas, se ha atentado contra edificios del Poder Público y particulares con personas en su interior, se han dañado instituciones educativas, culturales y patrimoniales, se ha cometido ecocidio y se ha tratado de sembrar el terror colectivo envenenando aguas de consumo humano e incendiando bosques en zonas aledañas a grandes ciudades, se ha contaminado el aire quemando cauchos y otros objetos, regado aceites en las calles, y sacrificado indefensos animales.
Un experto en estudios bíblicos me comentaba que estas prácticas rayan en el satanismo.
Paralelamente, y en forma muy sincronizada, la maquinaria de guerra comunicacional, incluida la farándula adicta al dólar, ha tergiversado toda la realidad acusando al Estado y a la militancia bolivariana de la violencia que los fascistas han causado. Mundo al revés!
Se agrega al prontuario de las mal llamadas “guarimbas”, la estigmatización y persecución de grupos sociales a quienes se desea destruir y desaparecer, como se desprende de la campaña de odio patológico desatada contra los colectivos chavistas, más el anticomunismo, antisocialismo y antibolivarismo que pregona la encolerizada bestia neonazi.
La dirigencia política opositora es culpable de estos desafueros por no haber condenado desde un principio la violencia y haber jugado deslealmente apostando a la desestabilización para “pescar en río revuelto”.
El Estado tiene la obligación moral y política de reducir el germen terrorista y sancionarlo severamente. Caso contrario, se reproducirá llevando nuestro país a una espiral de confrontación fratricida.
Se impone además, una profunda y sincera reflexión colectiva, sobre las causas que originaron esta situación y los pasos a seguir para superarla definitivamente.
Con Chávez en ristre y venciendo, por la gloria vivida y las victorias por venir.
