La oposición derechista venezolana tuvo la oportunidad de activar el referendo revocatorio apenas transcurrió la mitad del período presidencial de Nicolás Maduro, el 10 de enero de 2016. No lo hizo. Esperó cuatro meses, hasta inicio del mes de mayo, para formalmente solicitarlo. Había optado primero por la fraudulenta enmienda constitucional para reducir la duración del mandato y aplicarla de manera retroactiva e inconstitucional, así como el abandono del cargo y la renuncia del presidente, aun conscientes de las barbaridades que proponían. En este escenario, la MUD prosiguió con la única política que ha concebido en los 17 años de Revolución Bolivariana, defenestrar al gobierno del poder por la vía del golpe de Estado, la alternativa de mayor preferencia entre los sectores fascistas de la oposición, encabezados por el partido de extrema derecha Voluntad Popular y su dirigente Leopoldo López, por su intrínseco carácter violento similar al del 11 de abril de 2002.

Cuando el Tribunal Supremo de Justica sabiamente determinó que la enmienda constitucional no tendría carácter retroactivo para reducir el mandato de seis años del presidente Maduro por el cual votó el pueblo venezolano en elecciones libres, justas y transparentes, la oposición desestimó esta opción no sin antes acusar al gobierno de secuestrar al máximo tribunal del país simplemente porque no atendió a sus caprichos como lo solía hacer durante el tenebroso pasado cuartarepublicano. Quiso entonces la MUD movilizar a su electorado en marchas gigantescas para forzar la renuncia del primer mandatario, pero sus convocatorias fueron realmente pírricas, incluso vergonzosas por la total ausencia de militantes del antichavismo.

La MUD no tuvo otra opción ante su electorado que el de prometer un referendo revocatorio para este mismo año que, seguros de ganar, obligaría la celebración de una nueva elección presidencial. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe cumplir con la norma que, como Poder Electoral autónomo e independiente, debió aprobar en 2007 para reglamentar este tipo de evento electoral que ese mismo año celebró en distintas entidades del país con resultados disímiles que favorecieron tanto al partido de gobernó como a la propia oposición. De acuerdo a los tiempos establecidos en este reglamento, y la tardanza de la oposición en realizar la solicitud correspondiente, no pareciera posible efectuar el referendo revocatorio este año, en caso que la MUD cumpla con todos los requisitos exigidos por la Constitución Nacional. Aun así, la oposición ha tomado el primer paso establecido en la norma y entregó formalmente al CNE un poco más de un millón 800 mil firmas para hacer la solicitud formal. No obstante, el integrante de la dirección nacional del PSUV, Jorge Rodríguez, ha señalado que, al revisar copia de las firmas que soportan la solicitud de la oposición, y que como representante de un partido político tiene todo el derecho de verificar al igual que lo ha hecho la oposición en el pasado, encontró diversas irregularidades, como por ejemplo, firmas y huellas dactilares repetidas, personas fallecidas firmando, entre otras.

No deja de llamar la atención que, habiendo obtenido más de 7 millones 700 mil votos en las pasadas elecciones legislativas del 6 de diciembre, la oposición derechista haya tenido que recurrir a trampas para obtener apenas un millón de firmas, que obviamente no tendría ningún problema en recolectar. La única explicación posible es que la MUD está interesada en que el CNE rechace su solicitud, lo cual causaría una enorme frustración entre los millones de electores antichavistas que, envenenados, acusarían al gobierno de haberlos estafado. Además, demostraría ante la comunidad internacional que, efectivamente, el CNE está secuestrado por un régimen que se niega a acatar la voluntad popular, es decir, que se habría producido en Venezuela la ruptura del orden constitucional, un autogolpe. De esta manera, tendría a su militancia lo suficientemente estimulada para la movilización de calle, el apoyo de los medios y de la derecha transnacional, y el camino abierto para activar el plan de violencia que varios de sus líderes han amenazado con llevar a cabo si el referendo no se realiza este año.

Paralelamente, la MUD ha celebrado un acuerdo refrendado por la Asamblea Nacional bajo su control, en el que declara la "la ruptura del orden constitucional y democrático en Venezuela, materializado en la violación a las disposiciones constitucionales por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral”. Esta declaración es un requisito que le ha exigido Washington para que, a través del Secretario General de la OEA, Luis Almagro, pueda aplicar la Carta Democrática Interamericana en base al artículo 20 que le otorga la facultad de convocar al Consejo Permanente en la eventualidad de producirse “una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

Resulta obvio que la oposición derechista no persigue la celebración de un referendo revocatorio. Su principal objetivo es lograr el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro por la vía de la violencia express ante la eventualidad de que sus medidas económicas comiencen a dar resultados positivos y se recuperen los precios del petróleo, como ha venido sucediendo paulatinamente. Arabia Saudita acaba de amenazar a EEUU con una debacle económica – romper con el acuerdo de mantener congelado el bajo precio del crudo - si el congreso norteamericano aprueba la ley que permitirá a sus ciudadanos demandar a las autoridades de Riad por su participación en los eventos terroristas del 11 de septiembre.

La oposición derechista no se puede dar el lujo de apostar por un referendo de resultados impredecibles y nuevamente perder la oportunidad de acabar con la Revolución Bolivariana. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, logró que la extrema derecha de Voluntad Popular, Leopoldo López y Maria Machado apoyara su nombramiento en el parlamento, a cambio de asegurar el derrocamiento del presidente Maduro antes que culminara el primer semestre del año, según lo delineado por Washington y sus aliados transnacionales. El referendo revocatorio no forma parte de este plan. Es tan solo una fachada que esconde su intención real de desbordar el país de violencia generalizada que facilite la intervención extranjera. No hay necesidad de leer los documentos clasificados del Comando Sur para llegar a esta conclusión.

En este contexto, las palabras del Comandante Presidente Hugo Chávez Frías en su última proclama del 8 de diciembre de 2012), son de una claridad meridiana, y hoy cobran enorme importancia.

“No faltarán los que traten de aprovechar coyunturas difíciles para, bueno, mantener ese empeño de la restauración del capitalismo, del neoliberalismo, para acabar con la Patria. No, no podrán, ante esta circunstancia de nuevas dificultades -del tamaño que fueren- la respuesta de todos y de todas los patriotas, los revolucionarios, los que sentimos a la Patria hasta en las vísceras como diría Augusto Mijares, es unidad, lucha, batalla y victoria”.