Los más conspicuos voceros de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tienen convocada, para el próximo 1º de septiembre, la que han catalogado como la gran marcha hacia la sede central del Consejo Nacional Electoral, en Caracas, con la finalidad de conminar al ente rector del Poder Electoral del país a que establezca una fecha para la realización del Referendo Revocatorio contra el Presidente Nicolás Maduro.
Fecha que, de acuerdo a sus apuros, debería estar enmarcada en lo que resta del presente año, condición que les permitiría a quienes adversan al gobierno nacional, según las pautas que contempla la CRBV, en caso de salir airoso en la consulta referendaria, la posibilidad de activar para comienzos del próximo año unas elecciones presidenciales en las que aspiran que uno de sus dirigentes sea quien acceda al solio presidencial.
Vista así las cosas, parecería muy simple el panorama que se avecina, pero, como se ha sostenido, ampliamente, la realidad es mucho más compleja de lo que plantea la dirigencia mudista.
No obligatorio
En primer lugar, el referendo, si bien, establecido en el artículo 70 y siguientes constitucional como uno de los mecanismos opcionales pero no obligatorio de participación popular, su activación está sujeto al cumplimiento de la normativa contemplada en la Resolución del CNE del 07 de febrero de 2007 que regula la materia y que ha sido el dispositivo legal a través del cual se han regido los diversos actos referendarios que se han realizado en el país en todos estos años.
Se pudiese argüir como, en efecto, lo hace la dirigencia mudista que lo jurídico-legal no puede estar por encima de lo político, pero resulta que esta es una disputa a dos, en la que tienen incidencia los venezolanos y venezolanas que quieren el revocatorio y los que no, en consecuencia, le corresponde al Poder Electoral ser garante de los derechos de todos los venezolanos y venezolanas, no de unos en detrimento de los derechos de otros, por tanto, hay que regirse por las normas que regulan tales actos que si son de obligatorio cumplimiento para todos y todas.
Ahora bien, resulta que la dirigencia opositora, como muchachos malcriados, hijos de papi y mami, acostumbrados a que se cumplan sus antojos sin dilación, aspira a que el CNE violente las normas que garantizan los derechos de todos.
Esta es una dirigencia que no tiene la entereza de reconocer que el incumplimiento de la normas electorales, lo cual hace imposible que el revocatorio se haga este año, no obedece a su desconocimiento de las mismas, pues, estas están escritas, son públicas y notorias, sino al disparate en la instrumentación de la táctica que se plantearon para acceder al poder político del país.
Guasón envalentonado
No supieron administrar el triunfo político que les deparó los resultados de las elecciones parlamentarias de diciembre pasado y creyeron que su acceso a Miraflores era "pan comido", tan fácil como pelar una mandarina, de allí el estúpido envalentonamiento del guasón Ramos Allup, compartido y aplaudido por toda la dirigencia mudista e incluso por sus monitoreadores norteños, al ponerle plazo de 6 meses a la salida de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República, de considerar como válida cualquiera de las fórmulas que engolosinados manejaron en su embriagante fantasía (renuncia del Presidente, enmienda constitucional, adelanto de las elecciones presidenciales y revocatorio).
Y, mientras tanto, se les consumía el tiempo para la activación de la única fórmula constitucional posible, para acceder al gobierno nacional antes del vencimiento del período presidencial, el referendo revocatorio; ahora les cuesta reconocer ante su electorado el gravísimo error político cometido y pretenden forzar la barra con la presión de masas, convocando lo que han dado por llamar la mega marcha del 1º de septiembre.
Presión de masas que, por cierto, también les ha fallado en las tantas oportunidades en que han convocado manifestaciones públicas durante todo este año y que han devenido en auténticos fiascos por la bajísima concurrencia de adherentes, con lo cual se demuestra, una vez más, la pésima lectura que hacen de los resultados electorales del año pasado: el voto mayoritario obtenido no fue a favor de las bondades del proyecto político opositor sino inducido por la guerra no convencional que ha sido desatada contra el pueblo y por los desaciertos de la gestión gubernamental para enfrentarla.
Guerra avisada
Pero a todas estas qué tendrá que ver el Arco Minero con la mega marcha opositora que a muchas leguas se le puede oler el tufillo insurreccional que la reviste y la inspiración que tiene en modelos imperialistas, como el ucraniano, para derribar gobiernos legítimamente constituidos.
Pues, desde nuestro punto de vista tiene mucho que ver, dado, que será la oportunidad en la que los compatriotas que han apostado por una posición de rechazo acérrimo al proyecto gubernamental de explotación del Arco Minero tendrán que enfrentar el desiderátum de compartir y asumir la táctica insurreccional de la derecha apátrida y del imperialismo con la que se pretende derribar al gobierno bolivariano o con un pañuelo en la nariz, como dijo alguien en una oportunidad, tendrán que sumarse a las posiciones de defensa de la soberanía nacional que es lo que en última instancia está en juego: retornar a la condición de relación neocolonial con el imperialismo yanqui o mantener una posición de defensa a muerte de la soberanía, dignidad e independencia nacional, sin que ello sea óbice para reconocer las diferencias presentes en el campo patriótico.
En el guión trazado por el Comando Sur estadounidense, que tiene pautado la Operación Freedom 2 para Venezuela se contempla una hoja de ruta que debería concluir en el mes de agosto, pocos meses antes de la salida de Obama de la Casa Blanca, con la salida del Presidente Maduro de Miraflores, guerra avisada no mata soldado y si lo mata es porque es bien pendejo. Ustedes dirán.
